Ayudas a bares y restaurantes
El equilibrio entre la lucha contra la pandemia de la Covid-19 y la economía es muy difícil. La condena al cierre de todos los bares y restaurantes de Catalunya durante quince días, para limitar al máximo la interacción social, es un duro golpe para este sector justo cuando intentaba recuperarse de la crisis. Para negocios que prácticamente viven de la caja que hacen cada día el cierre supone dejarles prácticamente sin ingresos durante el período en que tienen sus persianas bajadas. Eso ha hecho que la Generalitat haya establecido compensaciones para el sector, que son útiles pero no suficientes para reparar el daño ocasionado.
En tan solo unos días ya son más de 13.500 los trabajadores del sector de la hostelería, de un total de 1.556 negocios, los que han sido afectados por expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE) en Catalunya, la mayor parte de ellos en Barcelona.
La Generalitat habría tenido que aprobar las ayudas desde el primer momento en que anunció la decisión del cierre, ya que con ello hubiera evitado muchos momentos de tensión y angustia a los propietarios y empleados de bares y restaurantes. Le faltó la necesaria sensibilidad que centenares de camareros y cocineros le exigieron en sus manifestaciones de protesta.
Las ayudas aprobadas son de 1.500 euros como máximo por establecimiento, una cantidad que puede ser aceptable para algunos micronegocios pero que para los grandes resulta claramente insuficiente. El importe de las ayudas debería haber sido proporcional a los ingresos perdidos por cada local. También se han destinado veinte millones de euros a una línea de avales del 100% para los créditos que se puedan solicitar con objeto de obtener liquidez, mantener el empleo y afrontar la reactivación en su momento. Deberán devolverse en un plazo de cinco años.
La medida más agradecida por el sector de la hostelería ha sido la que incentiva la reducción del alquiler, ya que es el gasto fijo más elevado de sus negocios. En aquellos casos en que no haya acuerdo entre arrendador y arrendatario, la Generalitat –vía decreto ley– establece que los alquileres deberán reducirse a la mitad en todos los locales que hayan tenido que cerrar su actividad. Ello se hace extensivo a bingos, casinos y salones de belleza.
Dicha medida, probablemente, contribuirá a mantener a flote muchos negocios y empleos. Sin embargo, no tiene ningún coste para la Generalitat y traslada todo el peso sobre los propietarios. Por ello, y ante las protestas generadas por una medida que podría ser ilegal, el Govern no descarta ayudar también eventualmente a los propietarios afectados por los recortes del alquiler. En cualquier caso, esta medida es más rápida y efectiva que haber optado por incorporar la cláusula rebus sic stantibus en el Código Civil catalán para permitir modificar contratos ante cambios sobrevenidos y extraordinarios como la pandemia, ya que ello habría supuesto una larga y compleja judicialización de los casos. Ello se deja para más adelante, aunque esta cláusula sería buena para muchos otros sectores.
El cierre de bares y restaurantes en Catalunya durante 15 días ha sido criticado por todas las formaciones políticas de la oposición porque perjudica gravemente al empleo, porque se ha adoptado de forma indiscriminada, porque no se ha demostrado que sea en esos locales en los que se contagia más el virus y porque no se frena la interacción social, ya que se traslada a las calles y las plazas en formato botellón. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya debe pronunciarse en los próximos días, en cualquier caso, sobre la legalidad de dicho cierre.
Como hemos dicho, el equilibrio entre economía y la Covid-19 es muy frágil. Lo importante, por ello, es mejorar la eficiencia de la lucha contra la pandemia para que los fallos y errores de las administraciones públicas, que son más numerosos de lo que sería deseable, no los tengan que pagar ciudadanos, empresas y trabajadores. En este sentido hay que destacar, aunque vayan con retraso, las nuevas dotaciones presupuestarias de la Generalitat para la contratación de más personal médico y de más rastreadores.
Las medidas de auxilio a la hostelería son útiles pero no compensan el daño ocasionado por el cierre