El PSOE frena a Podemos y rechaza topar el alquiler en los presupuestos
Más de 9.000 organizaciones piden al Gobierno que regule las rentas
La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos expresaron ayer su rechazo a introducir el control de los alquileres en el proyecto de presupuestos del 2021 que prevén presentar al Congreso antes de final de mes. La posición de los dos ministros frena la propuesta de Unidas Podemos de extender de inmediato la regulación catalana al conjunto del Estado a través de los presupuestos, una medida que facilitaría además el apoyo de ERC a las cuentas públicas.
La pugna política en el seno del Gobierno, entre las sensibilidades más liberales del PSOE y las más reguladoras de Podemos, se produce en medio de una presión de organizaciones sociales, preocupadas por el efecto que tendrá la crisis económica en el ya difícil acceso a la vivienda de las personas más desfavorecidas.
Así, ayer más de 9.000 organizaciones de toda España suscribieron un manifiesto en el que piden al Gobierno que apruebe una regulación similar a la catalana para contener las rentas en municipios con mercados tensionados. El manifiesto ha sido suscrito por entidades como EAPN España (la Red contra la Pobreza, en la que figuran oenegés como la ONCE, Caritas o la Cruz Roja), REAS (Redes de Economía Alternativa y Solidaria), Ecologistas en Acción, el Consejo de Juventud de España o Facua.
El manifiesto recuerda que entre el 2013 (el punto más bajo de la crisis inmobiliaria) y el 2019 “el precio medio del alquiler ha subido un 50% en España”, de manera que la situación se ha vuelto “insostenible” para muchas familias. “Actualmente siete de cada diez desahucios son por impago de alquiler”, dice el manifiesto, que remarca que en el mismo periodo los salarios apenas han subido.
La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconoció ayer que queda pendiente “algún fleco” en el acuerdo con Podemos por los presupuestos, para compensar que no incluyan el control de rentas. Así, la ministra indicó que las cuentas del próximo año sí incluirán partidas presupuestarias para ejecutar la nueva ley de vivienda, a la que remite el Gobierno para regular las rentas, como se fijó en el acuerdo de Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos.
Montero defendió que el control de las rentas “no es una materia específica del debate de los presupuestos”, y se remitió a las declaraciones de José Luis Ábalos. Este había asegurado el martes que en la situación actual de pandemia el mercado “no se comporta de forma normal” y por tanto es importante tener un análisis más adecuado del mercado para ver cómo se plantea su regulación. “creemos que el momento más adecuado es cuando se despejen todas las incertidumbres del mercado de la vivienda. Y el encaje jurídico que entendemos más adecuado es la ley estatal de vivienda”.
Transportes señala que ya ha impulsado un índice de precios y un estudio sobre el estado de la vivienda en alquiler y que la ley estatal de vivienda se encuentra en periodo de consultas previa hasta noviembre. “Hemos de conocer cuál es la realidad antes de tomar decisiones”, añadió.
Con todo, Ábalos y Montero reafirmaron el compromiso del Gobierno de llevar a cabo esta regulación prevista en el acuerdo programático de PSOE y Unidas Podemos. “Es un compromiso que tenemos que cumplir. La cuestión es cuándo debemos cumplirlo”, reconoció Montero.
Podemos, sin embargo, se resiste a aplazar la regulación hasta la nueva ley. Así, el pasado viernes el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias se reunió con los sindicatos de inquilinos de Madrid y Barcelona y se comprometió con ellos a presionar a su socio de gobierno a que la regulación entrase en los presupuestos.
Podemos quiere aplicar ya la regulación que se incluyó en el pacto de coalición, y defiende que además “facilitaría” el apoyo a los presupuestos de ERC, porque la ley estatal daría cobertura legal a la regulación catalana, que PP y Ciudadanos quieren recurrir por inconstitucional.
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