Enterrar una Constitución
Los chilenos acabarán el domingo en las urnas con la Carta Magna impuesta por Pinochet
Los chilenos derogarán el domingo la Constitución neoliberal impulsada por la dictadura de Pinochet en 1980. Todas las encuestas auguran que una amplia mayoría avalará la redacción de una nueva Carta Magna –que se augura de corte social y democrático– en un plebiscito consecuencia directa del estallido social que se inició hace un año y que ha dejado escenas muy violentas, como el reciente incendio de dos iglesias en Santiago.
La revuelta ciudadana comenzó el 18 de octubre del 2019 con las protestas de jóvenes que se negaban a pagar el aumento del equivalente a cuatro céntimos de euro en el billete del metro santiaguino. Las manifestaciones y disturbios se propagaron y se enquistaron en todo el país, reflotándose en la calle todas las reivindicaciones acumuladas desde la llamada revolución de los pingüinos del 2006, cuando los estudiantes secundarios se movilizaron para defender la enseñanza gratuita. Desde ese año afloraron todo tipo de movimientos progresistas: por el derecho a la educación, la sanidad o las pensiones públicas, por mejoras laborales, para que los ricos pagaran más impuestos, contra la corrupción, por la gratuidad de los estudios universitarios, por demandas de autonomía regional, por el derecho al agua, por la defensa del medio ambiente, por los derechos del pueblo mapuche, por la democratización del Parlamento, contra la explotación minera o hidroeléctrica, contra los elevados costos del transporte público o incluso contra los peajes de las autopistas urbanas.
Y todas esas demandas chocaban una y otra vez con la Constitución vigente que, aunque ya fue enmendada medio centenar de veces desde la reinstauración democrática de 1990, sigue blindando la propiedad privada y el derecho al libre mercado hasta el extremo. La imposibilidad de un cambio estructural también propició el nacimiento de un movimiento ciudadano por una nueva Carta Magna, lo que se convirtió en una promesa de campaña de Michelle Bachelet en su segundo mandato (2014-18). Cinco días antes de dejar el cargo, la presidenta socialista envió al Congreso un proyecto de texto fundamental, que fue arrinconado porque no había voluntad real de los barones políticos de izquierda y derecha de tocar el modelo económico vigente.
“La dictadura tenía el problema de cómo asegurar la subsistencia del modelo económico que estaba implantando a sangre y fuego cuando el poder lo tuviera la democracia; y la solución fue la Constitución, que fijó un régimen político que no podía tomar decisiones transformadoras”, explica desde Santiago a La Vanguardia Santiago Fernando Atria, profesor de Derecho de la Universidad de Chile. “Cuando se trata de derechos sociales, educación, salud, seguridad social..., la Constitución asegura las condiciones del mercado y le impone al estado el deber de velar porque haya mercado”, agrega. Atria cita otro ejemplo del texto fundamental, que “declara que hay derechos de propiedad privada sobre los derechos de aprovechamiento de aguas y eso ha llevado a una regulación de las aguas puramente de mercado; eso es prácticamente inexistente en el resto del mundo”.
Además, la actual Carta Magna incluye complejos mecanismos que, a la práctica, dan poder de veto a la derecha y obstaculiza reformas. “Para modificar las leyes orgánicas, que se denominan constitucionales y contienen el modelo neoliberal, por ejemplo la ley orgánica de educación, son necesarios las cuatro séptimas partes de los senadores y diputados en ejercicio, es un quorum exageradísimo”, indica Atria. Y hasta que se aprobó una enmienda en el 2005 había senadores vitalicios (el propio Pinochet) o designados por instituciones (cuatro por las fuerzas armadas).
“La Constitución es neoliberal tanto en su contenido como en el hecho de que configura una política que no puede tomar ninguna decisión transformadora con eficacia, y eso mismo ha ido minando su legitimidad; hoy estamos en una situación de radical deslegitimación de la política institucional completa: los partidos políticos, el Parlamento, el presidente de la República, etcétera”, asegura Atria, que este año fundó Fuerza Común, un partido progresista del que es presidente, integrado en la coalición izquierdista Frente Amplio, y con el que pretende postularse a las elecciones del 11 de abril del 2021, en las que se elegirán a los convencionales de la asamblea constituyente que redactará la nueva carta magna en el periodo máximo de un año. Un texto que, según Atria, debería ser equiparable a las constituciones europeas que instauran un “estado social y democrático de derecho, donde el estado tiene el deber de garantizar los derechos sociales” y que además implante “un modelo de desarrollo económico distinto.
La regulación del agua puramente de mercado, por ejemplo, es casi inexistente en el resto del mundo