Recta final para la ley de Cambio Climático
Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Esta semana ha arrancado la fase final para la aprobación de la ley de Cambio Climático y Transición Energética, que nos dotará de un marco institucional moderno para coordinar y facilitar la acción climática. Éste es un proyecto de ley participado, justo y equilibrado que responde a la demanda del propio Parlamento desde el 2011, a la urgencia de la ciencia y a la exigencia de la sociedad.
La ley es una guía para avanzar hacia un modelo de desarrollo que genere empleo decente y modernice nuestra economía e industria; que nos permita vivir en municipios más seguros y saludables; que reconozca el valor del desarrollo rural y proteja la biodiversidad. En definitiva, un marco para cumplir el acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Es una ley que marca objetivos vinculantes en energía y reducción de emisiones, solamente revisables al alza, y que diseña las herramientas para catalizar la acción climática en las decisiones de cualquier actor, público o privado. Con ello se ofrece un marco de confianza a los inversores, y se facilita la minoración de los riesgos físicos y financieros asociados al cambio climático.
Esta última fase de la tramitación coincide con la publicación por parte de la Comisión Europea de su informe sobre el Estado de la Energía, donde se incluye la valoración de los Planes Nacionales de Energía y Clima (Pniec) de cada Estado. Europa completa su análisis de impacto sobre cómo y por qué la Unión debe incrementar su objetivo de reducción de emisiones hasta al menos un 55% en el 2030 con respecto a 1990.
España, anticipando ese aumento de ambición, reforzó sus compromisos en emisiones, renovables y eficiencia energética. Elegimos una senda que asegurara el mejor modo para lograr la plena descarbonización en el 2050.
La comparación entre las nuevas propuestas de la Comisión y lo aprobado por España deja poco margen de duda. Hemos asumido un esfuerzo notable con respecto a las emisiones en sectores no industriales (movilidad, usos térmicos en edificios, residuos o agricultura). Nuestro objetivo para el 2030 implica una disminución de un 39%, según incluye la recién publicada evaluación de la Comisión sobre nuestro Pniec, con lo que sobrepasamos en 13 puntos la meta fijada para estos mismos sectores en el reglamento de reparto de esfuerzos (26%).
Los objetivos en energía actualmente aprobadas por Europa son del 32% y 32,5% en renovables y eficiencia, respectivamente. La Comisión, en su nueva propuesta de aumento del compromiso europeo hasta el 55%, aspira a elevarlos. Con arreglo a su análisis de impacto de principios octubre, la penetración de renovables en energía final tendría que incrementarse hasta alcanzar entre el 38% y el 40% para el 2030, y la eficiencia energética entre el 36% y el 37%. El Pniec aprobado por España ya establece un 42% en renovables y 39,5% en eficiencia para el 2030.
Estamos convencidos de las ventajas económicas, ambientales y sociales de hacerlo así. Compartimos la convicción de otros muchos: acelerar la acción climática es clave para evitar mayores costes, pero también para lograr una recuperación sólida y perdurable. Es el mensaje más potente que jefes de estado y de gobierno europeos, incluido el presidente Pedro Sánchez, han hecho público hace unos días, y necesitamos hacerlo realidad en España cuanto antes mediante la aprobación de este marco legislativo.
Elegimos una senda que asegurará el mejor modo para lograr la plena descarbonización en el 2050