Los locales buscan acuerdos con los inquilinos más allá de la nueva ley

Los propietarios de locales comerciales están llegando a acuerdos con los inquilinos más allá de las rebajas del 50% de la renta esblecida por la Generalitat para los establecimientos que se vean afectados por el coronavirus, explicó ayer Miquel Laborde, socio de la consultora Laborde Marcet. El decreto, explicó, llega cuando muchos propietarios ya habían renegociado la renta con sus inquilinos. “Pocos propietarios no han asumido rebajas desde el confinamiento, porque ante la situación actual son conscientes que es mejor ayudar a un inquilino que siempre ha pagado, a que cierre y se quede el local vacío”. A su juicio, el ajuste de la renta del 50% limitado en el tiempo que prevé el decreto es una opción “razonable” para los propietarios que se habían negado a entablar una negociación privada para llegar a acuerdos.

Laborde explicó que los propietarios han incorporado fórmulas de rentas flexibles para poder alquilar sus locales comerciales pese a la pandemia, modulando el alquiler en función de las ventas que consiga el inquilino, una estrategia que tradicionalmente solo aplicaban los propietarios de centros comerciales.

Así, se están firmando contratos con una renta mínima, que se complementa hasta llegar a un porcentaje de las ventas de local, que oscila entre un 13% y un 20%, si ésta cifra es superior.

Los nuevos contratos han reducido también su duración, sobre todos en locales ubicados en segundas o terceras líneas comerciales, de los 10 a 15 años habituales hasta ahora a periodos de entre 5 y 8 años. En otros casos, se pacta una revisión de la renta a los 3 años, para ajustarla al precio del mercado en ese momento.

La rebaja de rentas, sin embargo, puede provocar problemas en muchos propietarios, que a menudo los han comprado con hipotecas, reconoció. En el mismo sentido la patronal Pimec pidió el martes que la administración “se hiciera cargo de una parte de los costes de esta rebaja” con bonificaciones fiscales en el IRPF o el Impuestos de sociedades.

David Viladecans, asesor jurídico de Tecnotramit, señaló que el decreto de rebaja “no ha gustado a nadie, ni a propietarios ni a inquilinos”. La firma, especialista en prestar servicios a entidades financieras e inmobiliarias, cuestiona que la Generalitat puede adoptar esta medida, que a su juicio invade competencias del Estado. “Este caos legislativo lo único que va a provocar es una gran conflictividad, y previsiblemente una avalancha de pleitos”, aseguró.