La administración debe 256 millones al tercer sector
La deuda de 256 millones de euros de las administraciones con las entidades pone en una situación límite su tesorería
La Confederació Empresarial del Tercer Sector de Catalunya lanzó ayer otro SOS por la agónica situación económica que atraviesan las entidades debido a la Covid-19. Si antes de la pandemia no eran pocas las organizaciones sociales que apenas llegaban a final de mes, ahora son mayoría las que temen cerrar el 2020 con números rojos por la suspensión de servicios y contratos a causa de las restricciones impuestas por el virus, y también por los impagos de las administraciones. Las cifras difundidas por la Confederació esbozan un oscuro horizonte: las instituciones públicas les adeudan un total de 256 millones de euros, entre facturas ya vencidas y pendientes de cobro (162 millones) y subvenciones ejecutadas y justificadas (94 millones).
El panorama que retrata la Confederació, en base a una encuesta que ha impulsado entre las entidades sobre el impacto económico, laboral y organizativo del coronavirus, es muy poco esperanzador. La pérdida de ingresos derivada de la pandemia asciende a los 593 millones de euros y se prevé que solo el 6% de las organizaciones sin ánimo de lucro consultadas concluyan el actual ejercicio con números positivos.
La mayoría de los importes pendientes de cobro, tanto en facturas vencidas como en subvenciones, corresponden a la Generalitat, que aglutina el 63% y el 75% de los impagos en cada caso; en segundo lugar están los ayuntamientos, con un 25% y un 5%, en cada concepto, y el resto lo deben las diputaciones, ministerios y consejos comarcales.
La Confederació Empresarial del Tercer Sector subraya que casi el 60% de las entidades han sobrevivido durante estos últimos meses gracias a fondos propios, “poniendo en riesgo su viabilidad y reduciendo su músculo financiero”. Un 35,5% se han visto obligadas a endeudarse pidiendo préstamos.
Los sobrecostes que ha asumido el tercer sector durante este periodo se estiman en unos 84 millones de euros, según los resultados de dicha encuesta. Asimismo, se calcula que las medidas preventivas tomadas a partir del estado de alarma (cierre de servicios y actividades, suspensión de proyectos y mantenimiento de plazas privadas vacías para cumplir con las medidas preventivas dictadas por las autoridades sanitarias) se traducen en una caída de la facturación de 593 millones de euros. Partiendo de esta cifra se prevé una reducción de los ingresos del 10% en comparación con un año normal.
La Confederació apela a un mayor reconocimiento del papel de tercer sector como uno de los pilares fundamentales del Estado de bienestar, y por ello exige una dotación presupuestaria que responda a las actuales necesidades. Sus reivindicaciones quedan plasmadas en el plan de medidas urgentes presentado el pasado mes de abril, entre las que destacan activar ayudas directas, facilitar la liquidez de las entidades abonando inmediatamente las facturas pendientes y ejecutar un incremento lineal del 9% de las tarifas y módulos de la cartera de los servicios sociales. Cabe recordar que, antes de la Covid-19, las entidades ya estaban tocadas tras una década de recortes. La Confederació cuantificó el año pasado en 600 millones de euros la inyección necesaria para recuperar el tiempo perdido y ganar vigor.
También recuerda que este sector, integrado por 3.000 organizaciones sin ánimo de lucro, cooperativas sociales y fundaciones, ocupa a 9.700 trabajadores especializados en la atención de personas con discapacidades, niños y jóvenes, ancianos, inmigrantes y otros colectivos en riesgo de exclusión, que han precisado más ayuda que nunca desde que se declaró la pandemia.
La Confederació exige una dotación presupuestaria que responda a las actuales necesidades