¿Equivocarse de nuevo?
La crisis del 2008 llevó a los gobiernos a inyectar tres billones de dólares en el sector financiero, bancos, seguros e inmobiliario. La mayoría de los fondos se quedaron en el sector, no fueron a las empresas productivas o de servicios que habían sufrido la crisis. Como ejemplo significativo, solo el 10% de los préstamos bancarios en el Reino Unido no va al sector financiero o inmobiliario. En economías adelantadas, en 1970 el 35% de los préstamos bancarios iba al inmobiliario, en el 2007 el 60%... Las ayudas recibidas no mejoraron la economía, sirvieron para restaurar la situación previa a la crisis del sector financiero. Los ciudadanos que pagaron las aportaciones de fondos públicos al sector privado con sus impuestos se quedaron, una vez acabada la crisis, con una economía tan ineficiente y desigual como antes y con un mundo igualmente contaminado y carbonizado. En España el efecto fue similar con el rescate bancario.
En Europa parecería que la lección, en parte, se ha aprendido. La mayor parte de los fondos que la CE aportará a los estados miembros del 2021 al 2027, 750.000 millones de euros, estarán condicionados a mejoras en el tejido productivo, en especial en digitalización, medio ambiente y salud. El peligro es que las perentorias necesidades creadas por la crisis lleven a los estados a gastar ese dinero en la reparación de la economía en vez de invertirlo en su reconstrucción y modernización. Sería una pérdida de oportunidad.
Muchas compañías con beneficios saneados practican políticas con el único objetivo de mejorar la rentabilidad de sus accionistas a través del incremento de la autocartera, es decir, de la compra de sus propias acciones.
Los últimos diez años tres billones de dólares en las 500 mayores compañías según Fortune. En compañías que se soportan a sí mismas es una política legítima; sin embargo, si han recibido ayudas públicas, es una política que traiciona el objetivo de las que están necesariamente dirigidas a incrementar su actividad económica y, por tanto, a crear empleo y riqueza.
Las ayudas públicas dirigidas a la mejora de productos y servicios tienen un error de enfoque, tanto en Europa como en EE.UU. Si el proyecto fracasa, parte de la ayuda queda condonada y, si la empresa desaparece, el préstamo o la aportación se pierde. Si el proyecto es un éxito, el Gobierno no participa en el incremento de valor que eso genera, recupera el dinero invertido con o sin interés, y nada más. Eso es lo que da lugar al paradigma “se socializan las pérdidas y se privatizan los beneficios”. Sería más justo que la participación en proyectos de éxito, que incrementa el valor de la inversión efectuada, produzca un beneficio que el inversor, cuando es el Estado, pueda recuperar y compensar las pérdidas generadas por proyectos fallidos. No es así.
Goldman Sachs recibió en el 2009 una subvención del Gobierno de EE.UU. de 10.000 millones de dólares y en el 2010 su consejero delegado alardeó de que su compañía era una de las más rentables del mundo... olvidó incluir en la inversión la aportación del Estado. Todo negocio sin inversión tiende a la rentabilidad infinita porque cualquier cantidad dividida por cero es infinito... y la rentabilidad se mide con la ratio del beneficio conseguido en la inversión realizada.
Mariana Mazzucato propone cambiar el concepto de precio por el de valor. La enseñanza pública no tiene valor porque no se paga. Todos los bienes y servicios que tienen valor, pero que no tienen precio porque no se han pagado, son invisibles en la moderna economía, no aparecen en el PIB. Hay muchos activos y tecnologías generadas desde la inversión pública y por tanto con la contribución de los impuestos ciudadanos: internet, medicamentos, nanotecnología, energía nuclear... Ninguna de esas invenciones y descubrimientos recibe remuneración.
La colaboración público-privada puede producir efectos positivos en la economía, sobre todo después de crisis económicas profundas como la del 2008 y la actual de la Covid, en las que hay que rescatar empresas e instituciones para recuperar la economía. La experiencia demuestra que existe un desequilibrio entre el retorno de las contribuciones públicas y las inversiones privadas y que aquellas tendrían que recibir un rendimiento de la inversión cuando exista.
Este desequilibrio ha sido especialmente excesivo en Estados Unidos. La Administración Trump para paliar los efectos de la Covid causó que 30 millones de trabajadores perdieran su empleo sin coste para las empresas. El Paycheck Protection Program (PPP) otorgó préstamos a las empresas que recuperasen el empleo por valor de 500.000 millones de dólares. Fue un error y un fraude. Según el MIT solo se crearon 2,3 millones de empleos con un coste medio para el Estado de 500.000 dólares por empleo...
Las políticas anticrisis de la UE son más equilibradas entre el sector público y el privado, y sobre todo más orientadas a la recuperación de una nueva y más eficaz economía. El tiempo demostrará vía resultados cuál de las dos políticas de recuperación económica es más eficaz, la que es más justa, proporcional y progresiva ya lo sabemos.
Las ayudas públicas dirigidas a la mejora de productos y servicios tienen un error de enfoque