Sanidad quiere limitaciones de aforo y de movilidad hasta después del puente
El ministro Illa reconoce que la situación, aunque estabilizada, es muy “frágil”
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, no quiere pensar en las fiestas navideñas, en si las familias se podrán juntar, si se podrá viajar de una comunidad a otra, si habrá fiestas. Ante esa pregunta, su cara se tuerce y elude hablar de cómo afrontar la desescalada cuando se consiga doblar la curva. No quiere precipitaciones como ocurriera en la primera ola. Su mirada se centra ahora en el puente de diciembre (4 días), el siguiente desafío, y los técnicos esperan que la mayoría de las medidas adoptadas por las comunidades autónomas para controlar la pandemia, se mantengan, al menos, hasta que pasen esos días festivos.
Entre las medidas a mantener se apuesta por la reducción de la movilidad nocturna (el llamado toque de queda), las limitaciones del derecho de reunión y de aforos, así como los cierres perimetrales, indican fuentes de distintas consejerías de Sanidad, en contacto permanente con el ministerio. Y, por supuesto, mantener la concienciación ciudadana, elemento fundamental para luchar contra la Covid-19.
Las comunidades autónomas están trabajando precisamente en cómo afrontar las fiestas del mes de diciembre y, en principio y si la situación evoluciona de manera favorable, se inclinan por que los bares y restaurantes estén abiertos, aunque con limitación de aforos y de horarios.
Illa insiste en la necesidad de mantener “la tensión” porque la situación epidemiológica, aunque parece “estabilizada a la baja”, es muy “frágil”. Incluso aunque la curva se doble, el ministro cree necesario “mantener la guardia” durante “meses”, incluso más allá de cuando lleguen las primeras vacunas y se comience a inmunizar a la población. Planteamiento que realizó a las comunidades autónomas en el consejo interterritorial del miércoles y que es compartido por la mayoría de las autonomías, conscientes de los efectos de una tercera ola.
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, comparte esta visión. Y se muestra preocupado por la posible relajación de las medidas por parte de la población ante la llegada de las vacunas. En rueda de prensa, Simón reconoció que la situación, siendo “muy preocupante”, parece que se está estabilizando. España, señaló, se sitúa por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes, una incidencia alarmante. Pero se confía en que las medidas adoptadas por las comunidades tengan efecto en los nuevos casos y, especialmente, en los hospitales y fallecimientos (esto va con más retraso). Sanidad notificó ayer 356 muertes y 19.511 nuevos casos.
“De las 19 autonomías, 13 o 14 están en situación de estabilización o descenso. En algunas todavía es muy prematuro para valorarlo como un descenso claro, pero los datos indican esa dirección”, señaló. “Tenemos que seguir manteniendo la tensión y las medidas de control en todo el territorio”, insistió.
Esto no implica, aclaró, que haya comunidades que sigan al alza. Preocupa especialmente la situación en Castilla y León, y especialmente la ciudad de Burgos, con una incidencia que podría alcanzar en los próximos días más de 1.200 casos por 100.000 habitantes tal es el ritmo de crecimiento de la Covid-19.
Ante esta situación, la Junta de Castilla y León anunció nuevas restricciones de aforos en la capital burgalesa, con reuniones limitadas a tres personas y rastreos masivos. Y pide a la población que se autoconfine para intentar
Burgos, descontrolada: se restringen los grupos a tres personas y se pide a la población que se autoconfine
atajar el incremento de contagios que podría alcanzar en los próximos días una incidencia de 1.800 casos por 100.000 habitantes. Así lo indicó el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, quien reconoció que no hubiera dudado en aplicar el confinamiento domiciliario si el estado de alarma lo permitiera, tal y como volvió a reclamar Castilla y León en el Consejo Interterritorial. Además, se han limitado los aforos en las celebraciones religiosas y civiles a no más de quince personas. También se hará un seguimiento en 215 puntos de análisis de aguas fecales.