La comisión de Educación aprueba hoy el polémico proyecto de la ley Celaá
La lengua y la concertada son polémicas en la reforma que rechazan PP, Cs y Vox
Entre el ruido y la furia de los manifestantes a las afueras del Congreso de los Diputados, la comisión de Educación votará hoy, viernes, el dictamen del proyecto de la ley orgánica de Modificación de la LOE, la Lomloe, más conocida por ley Celaá, una ley basada en la equidad y la inclusividad, inspirado en el modelo finlandés, que tiene el objetivo de que todos los alumnos alcancen la etapa postobligatoria y con el mayor rendimiento.
Esta ley “moderna”, como la califica la ministra Isabel Celaá, ha levantado ampollas porque sus criterios renovadores y de apuesta por la escuela pública e inclusiva sacuden al sistema educativo. Y, además, incide en un tema tan sensible por identitario como el de la lengua.
En la comunidad educativa ha levantado las protestas de sindicatos, escuelas concertadas y centros de educación especial.
En el terreno político, PP, Ciudadanos y Vox han anunciado su intención de llevar la nueva ley al Constitucional. El PP, además, ha empezado a recoger firmas en contra de la reforma por su “ataque a la libertad de las familias de elegir escuela”. Teme, además, que la reforma, con el recorte del currículum y la excepcionalidad de repetir curso, suponga una rebaja académica.
LA LENGUA. A propuesta de ERC, se aprobó la enmienda que elimina el castellano como lengua vehicular en las escuelas, con la exigencia de que los alumnos alcancen su dominio “pleno”. En Catalunya, la lengua oficial en la que se imparte clases y en la que se comunican los docentes con los alumnos y familias es ya el catalán. Y según evaluaciones internacionales, como PISA, el nivel del alumnado en castellano es correcto. ERC argumenta que la modificación pretende blindar la inmersión lingüística en Catalunya ante la demanda de familias que reclaman más castellano en los colegios. C’s cree que la enmienda “blinda la exclusión del castellano” y “vulnera los derechos de las familias”. Este partido, el PP y Vox han anunciado que irán al Constitucional. Según datos del Departament d’educació, entre el curso pasado y éste, hay 8 familias que reclaman a la justicia un 25% del horario lectivo en castellano, y otras 15 que el curso sea al 50%
RECORTES EN LA CONCERTADA. En el redactado del proyecto de ley se prohíbe explícitamente el pago de cuotas a fundaciones en las escuelas de titularidad privada subvencionados con fondos públicos y se exige el reparto de los alumnos vulnerables, de entornos desfavorecidos o con necesidades específicas, entre centros públicos y concertados. Y se pide a los municipios que busquen solares para la construcción de centros públicos. La concertada, que representa el 25% del sistema español, se ve despreciada en su función y el derecho de las familias a elegir centro. Recuerda su situación de infrafinanciación y teme por su supervivencia.
SEPARACIÓN POR GÉNERO. Los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas. Este párrafo excluye a los centros con alumnos de un solo género.
EDUCACIÓN ESPECIAL. El proyecto de ley se da un plazo de diez años para que avanzar en la escuela inclusiva de forma que todos los alumnos, o la mayor parte, sean escolarizados en colegios ordinarios. La educación especial se convertirían en centros de recursos.
REPETICIÓN DE CURSO. No se repetirá aunque el alumno tenga materias suspendidas si el claustro considera que podrá seguir con éxito el siguiente curso. Por tanto, la repetición será excepcional.
DOCENTES. En el plazo de un año presentará la regulación de la formación inicial y permanente, el acceso a la profesión y el desarrollo de la carrera docente. Este es uno de los aspectos clave de la reforma que también establece que los profesores que muestren una “manifiesta falta de condiciones” para ocupar un puesto docente o una “notoria falta de rendimiento” podrán ser trasladados a tareas que no requieran atención directa al alumnado”.