La Fiscalía consideraba la operación Voloh precipitada y sin pruebas
El ministerio público se opuso hasta tres veces a las escuchas de la Guardia Civil
La Fiscalía Anticorrupción no veía clara desde un principio la investigación abierta contra los empresarios del 1-O y que culminó el pasado 28 de octubre en una macrooperación con 21 detenciones y 31 registros. En el sumario al que ha tenido acceso La Vanguardia , la Fiscalía se opuso a la petición de la Guardia Civil de intervenir los teléfonos e instalar balizas de seguimiento en los vehículos de los empresarios David Madí, Xavier Vendrell y Xavier Vinyals, considerados los principales protagonistas de una supuesta trama de desvío de fondos para financiar actividades vinculadas al procés.
Los documentos evidencian la frontal oposición de la Fiscalía, que estimaba que la adopción de aquellas medidas eran “precipitadas” y creía “conveniente” que la Guardia Civil aportara “nuevos indicios delictivos para autorizar una medida tan gravosa como es la intervención telefónica de tres personas”, decía el escrito que acabó desestimando el juez Joaquín Aguirre.
Las investigación se inició tras una operación de la unidad de delincuencia económica y fiscal de la Policía Nacional (UDEF) por un supuesto desvío de fondos de la Diputación a CDC en la que los agentes hallaron una libreta y unas anotaciones de Víctor Terradellas –exsecretario de relaciones internacionales de CDC– que arrojaban una supuesta conexión rusa para apoyar al procés y unas presuntas intenciones de convertir los fondos de la Generalitat a bitcoins para burlar el control del Estado.
Las conversaciones de Terradellas con Madí y con Vendrell fueron el 14 y el 16 de mayo del 2018, y la Guardia Civil pidió las intervenciones el 28 de agosto del 2019, tras más de un año sin encontrar ningún indicio, como pedía la Fiscalía.
A criterio del ministerio público, el contenido que arrojaban las conversaciones no eran indicios suficientes para justificar las escuchas telefónicas y sostenía además que había que tener en cuenta que ninguno de los investigados tenía responsabilidad de gobierno en la Generalitat ni se había “identificado con claridad necesaria cuál era el dinero presuntamente malversado para el uso de las criptomonedas”. Una moneda que, destacaba el fiscal, “no puede considerarse per se delictiva y que después de un año no se tiene constancia de su creación por parte de los auténticos responsables de la Generalitat”.
Tras el aval judicial, la Fiscalía se volvió a oponer a prorrogar las escuchas y los seguimientos durante tres meses más, como solicitó la Guardia Civil. “Deberá acreditarse que la prórroga se halle justificada a la vista de los resultados obtenidos”, advirtió. Aun así, el juez volvió a validar las escuchas después de que la Benemérita indicara que estaban “aportando datos de reuniones de los investigados” que eran “de interés para esclarecer los hechos”. El 13 de julio pasado, la Fiscalía volvió a oponerse a una nueva prórroga porque, tras un año y medio de investigación, echaba en falta que se aportaran “nuevos indicios delictivos”.
Las reservas de la Fiscalía Anticorrupción con esta nueva investigación se pusieron de manifiesto después de la macrooperación, cuando pasaron a disposición judicial nueve de los 21 detenidos. La Fiscalía no solicitó ninguna medida cautelar–ni prisión provisional, ni retirada de pasaporte, ni comparecencias periódicas al juzgado– para ninguno de los detenidos, a pesar de que habían pasado dos noches en los calabozos de la Guardia Civil y se negaron a declarar.
La investigación la inició tres años atrás la UDEF, pero pasó a manos de la Guardia Civil por orden del juez. La pérdida de una investigación en la que los agentes de la Policía Nacional habían invertido los últimos tres años motivó el envío de una carta de queja del comisario principal al juez Aguirre en la que ponía en su conocimiento el “estupor” y la sorpresa que había causado aquella decisión, puesto que se trataba de una investigación sobre la que no habían recibido por parte del magistrado “ni una queja”, decía el escrito.
Anticorrupción vio injustificada la causa porque los arrestados no eran miembros del Govern