El Síndic de Greuges critica que se supedite el tercer grado a la ideología
En un informe que presentó ayer en el Parlament, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, denunció que las decisiones judiciales tomadas por el Tribunal Supremo y la Fiscalía que afectan a la libertad ideológica, “en este caso a presos políticos” del 1-O, son un ataque a los derechos fundamentales. El defensor del pueblo catalán cuestionó que “se pretenda condicionar” que esos líderes independentistas y, por extensión, cualquier persona encarcelada, accedan a determinados tratamientos penitenciarios al hecho de someterse a un programa de reinserción “con la finalidad de inculcarles determinadas ideas”. “Obligar a renunciar a la propia ideología es una vulneración flagrante a la libertad ideológica”, recriminó el Síndic.
Ribó también cargó contra los recursos de la Fiscalía –cuya mera presentación implicó la pérdida del tercer grado para Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Joaquim Forn–, donde justificaba que el tercer grado era un “vaciado” de la pena. Ribó razonó todo lo contrario: que dicha medida es precisamente un “cumplimiento” de la condena.
El Síndic de Greuges, además de haber presentado este informe en el Parlament, declaró su voluntad de hacerlo llegar al Defensor del Pueblo, pero especialmente al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura.
Y es que para el Síndic, la aplicación del 100.2 del régimen penitenciario y la progresión del tercer grado que se aplicaron en su momento se ajustan a derecho. “Es muy importante [señalar] que las decisiones fueron avaladas por tres juzgados de vigilancia penitenciaria diferentes e independientes”, remarcó Ribó. Ante esto, denunció que “fuera la primera vez” que el Supremo estableció que es el tribunal sentenciador el competente para decidir sobre el 100.2, “y lo ha hecho en detrimento, no solo de las audiencias provinciales, sino a partir de la desconfianza y de superar a los jueces de vigilancia penitenciaria, órganos especializados para estas tareas, con formación específica y procedimiento absolutamente objetivo, sin ninguna contaminación por el sesgo de hechos que han sido vistos en el juicio” del 1-O.
Pero Ribó también criticó duramente la revocación del tercer grado de siete de los presos: “Nunca se había aplicado el efecto suspensivo” con tan solo presentar la Fiscalía un recurso. “Estas siete personas han sufrido claramente un agravio y una situación desigual con lesión de sus derechos”, añadió.