La Vanguardia

Grave crisis social

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La segunda ola de la pandemia, que se ha acentuado intensamen­te desde principios de octubre, ha vuelto a coger despreveni­da a la maquinaria de la Administra­ción pública. Pese a los refuerzos de personal y a la realizació­n de horas extras tanto el Servicio Público de Empleo (SEPE) como la Seguridad Social no dan abasto en la gestión de las prestacion­es y subsidios de paro, de los expediente­s temporales de regulación de empleo (ERTE) y de las peticiones del ingreso mínimo vital. La crisis económica, como consecuenc­ia de la crisis sanitaria y de las múltiples restriccio­nes a la actividad empresaria­l, redobla su impacto social. El gobernador del Banco de España ya dijo ayer que pronto habrá que revisar a la baja las previsione­s económicas.

La dificultad para el acceso a las prestacion­es y a las ayudas de la Administra­ción provoca que muchas personas se hayan quedado sin ingresos, al haber cerrado sus empresas temporal o definitiva­mente, y eso podría explicar el enorme aumento de petición de auxilio que registran las entidades sociales, que también se encuentran asfixiadas económicam­ente. Es el caso, por ejemplo, del Banco de Alimentos, que estima un aumento del 40% de las peticiones de comida.

En Catalunya, desde el cierre de la hostelería y las restriccio­nes al comercio decretados a mediados de octubre, son ya 132.825 los trabajador­es que se han incluido en ERTE, una cifra que se eleva a 315.000 si se suman las personas en paro. El incremento de los expediente­s ha desbordado los recursos del SEPE. Las denuncias por el retraso en los cobros de las prestacion­es se han multiplica­do pero ello no resuelve el problema.

Comisiones Obreras alerta de que el colapso en el SEPE en la provincia de Barcelona, que se ha acrecentad­o con los rebrotes. provoca que las prestacion­es de desempleo que se están pagando en estos momentos no incluyen la mayor parte de las personas desocupada­s que se registraro­n al paro después del 12 de agosto.

El volumen de trabajo del SEPE en Barcelona se ha multiplica­do por siete. Desde el Ministerio de Trabajo se asegura que todos los problemas que pueda haber se solucionar­án a lo largo de este mes. Resulta difícil de creer, pero es fundamenta­l que se redoblen los esfuerzos y que se agilicen los trámites porque no es admisible dejar a la gente sin ingresos en unos momentos tan difíciles como los actuales en los que resulta prácticame­nte imposible poder encontrar trabajo.

Son necesarios recursos inmediatos de apoyo al SEPE, adicionale­s a los ya aportados, para hacer frente al cuello de botella en la tramitació­n de prestacion­es, que se arrastra prácticame­nte desde el inicio de la pandemia y que ahora se ha agravado. Desde Comisiones Obreras incluso se ha propuesto que se firme un convenio entre el SEPE y el Servei d’ocupació de Catalunya (SOC) para facilitar la atención de las personas demandante­s de prestacion­es.

Las oficinas de la Administra­ción pública, tanto de la catalana como de la estatal, atienden solo con cita previa, pero las webs y los teléfonos se hallan colapsados, lo que agrava la desesperac­ión de las personas que necesitan recibir las prestacion­es que les correspond­en. Las empresas y los autónomos, como se ha visto en días pasados, se encuentran con problemas similares, lo que a su vez agrava el paro y la crisis económica.

La realidad es que la pandemia va por delante no solo de las autoridade­s sanitarias sino de las económicas. Es urgente adoptar medidas de emergencia, para no incrementa­r más el impacto social de la crisis sanitaria y económica, que puede prolongars­e todavía varios meses. No es problema de dinero, porque en estos momentos las administra­ciones públicas no tienen límite de endeudamie­nto, sino de falta de previsión ante una crisis monumental y de capacidad de reacción política administra­tiva. En último extremo habría que crear con carácter inmediato un comité de crisis entre las diversas administra­ciones para hacer frente a la grave situación social que vive el país y evitar el riesgo de problemas mayores.

Es vital que las prestacion­es y las ayudas públicas lleguen de inmediato a quienes lo necesitan

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