Suspenso en consenso
El Congreso ha debatido esta semana, entre otras cuestiones, la nueva ley de Educación, bautizada como Celaá siguiendo la tradición de las anteriores, que se suscribían con el apellido del ministro de Educación del momento. La actual ley vigente es la ley Wert.
Hablando de tradiciones, se sigue profanando la educación, convirtiéndola en moneda de cambio político. Nuevamente otra ley que coincide con el cambio de gobierno para eliminar de la anterior cuestiones que más tienen que ver con cuentas políticas o ideológicas que con cómo mejorar nuestro sistema educativo. De salida y cumpliendo con lo esperado, la nueva ley cuenta con enmiendas a la totalidad del grueso de la oposición: Partido Popular, Vox y Ciudadanos.
Lo mismo sucedió con la ley Wert. Sin sorpresa pero con cierto pesar, asistimos los ciudadanos a un nuevo ring político sobre uno de los pilares de nuestra sociedad como es la educación. Curioso que ahora sea el Partido Popular –impulsor de la Lomce– el que ponga el acento sobre la falta de consenso para su aprobación; curioso que el PSOE lo reclamó en el 2013, cuando se aprobó la anterior. La modificación de que ahora sea la Administración la que regule la admisión de los alumnos en centros públicos y privados concertados para garantizar el derecho a la educación ha sido el punto más caliente y polemizado de todos. Lo mismo que la prohibición en las concertadas de separación del alumnado por sexos.
“Cómo es posible que el Gobierno haya sido capaz de tramitar sin consenso una ley educativa tan importante que va a condicionar las futuras generaciones?”, ha apuntado el portavoz popular, Teodoro García Egea. Recupero palabras del 2013 del entonces secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba: “Algo no han hecho bien –refiriéndose al PP– cuando no tienen el apoyo de nadie a la Lomce”.
Seguimos con la estéril persecución en materia de educación del ratón y el gato de Gobierno y oposición, que eluden responsabilidades como la necesidad de establecer una honesta predisposición política –de unos y de otros– para detener el ciclo de nuevos gobiernos con nuevas leyes de Educación que erosionan nuestro sistema educativo.
De aprobarse la Lomloe, seguiremos con ocho leyes constitucionales y cero consenso. Un pacto educativo es necesario para ponernos al mismo nivel que otros países como Finlandia, cuya ley de Educación es avalada por el 98% de sus políticos y lleva vigente treinta años con modificaciones puntuales y bajo el consenso.
Asistimos a un nuevo ring político sobre uno de los pilares de nuestra sociedad: la educación