La ley Celaá mata la ley Wert
Varía métodos y evaluaciones, rebaja currículo y habrá cultura de religiones
La octava ley de educación española durante el periodo democrático entra en su recta final después de que ayer se aprobara en la comisión de Educación en el Congreso el proyecto de ley de la Lomloe (ley orgánica de Modificación de la LOE). La ley Celaá deroga la Lomce (o ley Wert) que ha regido en los últimos siete años.
Nacerá, como las demás, sin un consenso político amplio, con 1,5 millones de firmas recogidas y el Partido Popular ya ha anunciado que, si se aprueba, la recurrirá al Tribunal Constitucional por temas como el castellano, la escuela concertada y las de educación especial.
Ayer, para más polémica, se aprobó la enmienda presentada por ERC de sustituir religión por cultura de las religiones en primaria y secundaria y como enseñanza no confesional. Esta reforma, de salir, ya será aplicable en el curso 2021-2022.
Al margen de estas polémicas, la ley llega para cambiar aspectos fundamentales en las metodologías, el currículum, la evaluación y la docencia en un proyecto muy ambicioso que va a requerir financiación. El compromiso es aumentar el presupuesto en educación hasta el 5% del PIB antes del 2025.
“El primer cambio que exige la educación es el del enfoque”, subrayó la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, en una de las comparecencias del
Congreso. Hasta ahora, las leyes de educación se establecían en función de los objetivos que debían cumplir los niños en cada etapa, sin importar sus competencias personales, sus capacidades, orígenes y circunstancias socioeconómicas y culturales con las que nacían o crecían. De modo que los retos académicos prevalecían en una suerte de carrera de obstáculos para todos igual, aunque no partieran del mismo sitio.
Este esquema ha supuesto para muchos hogares una losa y una pérdida como sociedad. El riesgo de quedarse al margen es una realidad tanto para los alumnos con dificultades de aprendizaje como para los hijos de las familias menos favorecidas (por su origen, lengua, bagaje cultural familiar, recursos técnicos...), lo que termina para estos colectivos con altas tasas de abandono escolar, repeticiones de curso y menos posibilidades para progresar hacia una educación superior.
La novedad en la ley es “su enfoque” porque pone al niño como principio rector del sistema y responsabiliza a la escuela de que le acompañe en su progreso, encargándole que subsane desigualdades de partida, dando más refuerzo y oportunidades de aprendizaje, las considere en su evaluación y potencie sus competencias al máximo. La administración educativa seguirá la evolución del alumnado con pruebas sistémicas.
Así, se impone una nueva cultura de evaluación orientada a formar y no a sancionar. Se busca el progreso del alumno. Por tanto, las repeticiones serán excepcionales y se podrá pasar con materias suspendidas si los docentes, de forma colegiada, consideran que las materias no superadas permiten seguir con éxito el curso siguiente. Este “enfoque” ha abierto el debate sobre el riesgo de una rebaja académica.
La etapa 0-3 años es una de las claves tanto para la detección precoz de trastornos como para dotar
Se evaluará teniendo en cuenta el entorno personal y las repeticiones serán excepcionales
al niño de contexto socioeconómicos desfavorecidos de conocimientos y hábitos equivalentes a los de un niño de familia media. Las carencias de aprendizajes esenciales en esta etapa, que en familias de contextos culturales medios ya se dan, predice la falta de éxito educativo futuro.
La norma quiere consagrar el ciclo de O-3 años. Así, regula los requisitos mínimos del currículum, espacios, ratios y la titulación de los profesionales y centros estará bajo la supervisión de las comunidades autónomas. Asimismo, insta a las administraciones a incrementar progresivamente la oferta de plazas públicas de 0 a 3 años y el concierto con privadas hasta que existan suficientes plazas públicas. El presidente del gobierno anunció que se utilizarán fondos europeos para impulsar la creación de 60.000 plazas.
El proyecto de ley reduce también el currículum, tal y como se entiende actualmente, eliminando “contenidos enciclopédicos y memorísticos”, según describe la ministra de Educación, manteniendo las enseñanzas mínimas en cada etapa y dando un enfoque de aprendizaje por competencias e interdisciplinar, como se está incorporando en el sistema educativo catalán. El Estado marcará el 50% del currículum y las autonomías el restante (los centros también contarán con un porcentaje). En la Lomce, el porcentaje autonómico con lengua propia era del 45% del horario escolar.
La ley Celaá da un plazo de 10 años para avanzar en una escuela inclusiva y las escuelas de educación especial se convertirán en proveedoras de recursos. En Catalunya ya se aprobó el decreto de la escuela inclusiva en el 2017 aunque no se ha desarrollado.
Se exigirá la formación del profesorado en atención a la diversidad, la codocencia y las nuevas metodologías pedagógicas y los docentes podrán ser desplazados a tareas que no requieran la atención directa a los alumnos si se considera que no colaboran. Los titulados que vayan a ser docentes en centros educativos deberán pasar antes un periodo de MIR en una escuela, como los médicos en los hospitales.
En centros públicos en los que se imparten varias etapas educativas, los profesores de primaria podrán dar materias a los estudiantes de secundaria y los docentes especialistas de la ESO podrán contribuir en proyectos y prácticas de los de primaria.
Además, se introducen cambios metodológicos que promueven en todos los centros la atención personalizada, con metodologías activas como el aprendizaje por proyectos. En este sentido, en la ESO se rompe la clasificación de materias de la Lomce (troncales, específicas y de libre configuración) y todas tendrán el mismo nivel jerárquico. Se fomentará el uso de “ámbitos de conocimiento” que promueve la colaboración de docentes, como el científico matemático (matemáticas, física y biología) y da más libertad a los centros.
Por otra parte, se fomentará de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual.
Como novedad, aparece el bachillerato a tres años. Por otra parte, la ley otorga mayor capacidad a las administraciones educativas de incidir en las pruebas de acceso en la universidad lo que abre la posibilidad de que las PAU sean más competenciales con su impacto en 2º de bachillerato.