Revés judicial al cambio de la Granvia de l’hospitalet
Varapalo de los tribunales a uno de los proyectos más importantes de transformación de l’hospitalet de Llobregat: el Plan Director Urbanístico (PDU) Granvia Llobregat, que proyecta el soterramiento de una parte de la emblemática carretera hasta llegar al hospital de Bellvitge para impulsar la creación de un clúster metropolitano de empresas dedicadas al sector de la salud aprovechando la presencia en la zona de hospitales de prestigio. Ayer el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) declaró nulo de pleno derecho el planeamiento impulsado por el Ayuntamiento de l’hospitalet y la Generalitat de Catalunya, que contaba con oposición vecinal y política.
El plan afecta al 8% del término municipal y también significa la desaparición de Can Trabal, la última zona agrícola de la segunda ciudad de Catalunya. De momento, la actuación, que debía iniciar su proceso de obras el año que viene después de algunos retrasos siendo la continuación de la transformación de la plaza Europa, debe paralizarse. Si se llega a retomar, no será antes de un par de años.
El auto del TSJC llega después de una denuncia que el grupo municipal de Canviem l’hospitalet, por aquel entonces integrado por Iniciativa, Esquerra Unida y Pirates, interpuso en el 2017. “Hemos ganado. Es una victoria comunitaria, de nosotros como grupo dentro de la institución y de los movimientos sociales que defienden Can Trabal”, valoró Ana González, portavoz de l’hospitalet En Comú Podem, formación heredera de la denunciante. “Es un golpe muy potente al modelo urbanístico de l’hospitalet, basado en rascacielos y grandes oficinas”, agregó el abogado que les ha representado en el litigio, Baustista Sotelo.
El TSJC plantea un conflicto de competencias para anular el plan. En esencia, considera que es el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) el organismo competente y que su figura no se puede ver sustituida por un PDU pactado entre el Consistorio y la Generalitat. “Un PDU sectorial tan solo se puede utilizar en casos excepcionales con un interés general muy claro”, remarca Sotelo.
El proyecto impulsado por el Consistorio y que consiguió el apoyo del Departament de Territori y Sostenibilitat intenta justificar este interés general, pero la sentencia tumba sus argumentos. “El PDU no contiene ninguna indicación rigurosa susceptible de justificar la competencia plena del Departament de Territori i Sostenibilitat en detrimento de las competencias urbanísticas metropolitanas, las cuales se han visto ignoradas a través de un acuerdo a dos bandas”, afirma la sentencia en un fragmento. En otro, tilda de “lacónica” la información de la aprobación definitiva publicada en el sumario del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. “Se trata de una información de tanta parquedad que no ayudaría a ningún lector que no fuese un vecino calificado a vislumbrar, ni por aproximación, el abasto del expediente”.
Para Sotelo, se ha tratado de hacer un “plan dentro de las competencias del AMB sin seguir los procedimientos de información pública y participación ciudadana”. “Es el nuevo PDU Metropolitano el que debería impulsar esta zona, que afecta a la conexión con el río Llobregat y al Parque Agrario, por ejemplo”, sentencia.
Desde el gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Núria Marín se mostraron ayer muy sorprendidos por la resolución del TSJC, pero matizaron que el tribunal no pone en duda el qué, sino únicamente cómo se ha llevado hacia delante la idea. “La sentencia no cuestiona ningún aspecto urbanístico del proyecto, no cuestiona si se debe hacer una cosa u otra”, señaló el primer teniente de alcalde, Fran Belver. “Se trata de un tema formal de la administración que impulsa el plan director”, remachó el socialista.
El TSJC declara nulo el proyecto de soterramiento de la vía por ignorar las competencias del Àrea Metropolitana