Filtraciones sumariales
En La insoportable levedad del ser, Milan Kundera saca a colación la historia del novelista Jan Prochazka, un disidente checo muy popular en aquel paréntesis de libertad dentro del comunismo que se llamó la primavera de Praga. Cuando los tanques soviéticos aplastaron el movimiento a favor de la democracia, en 1968, Prochazka fue víctima de una campaña de desprestigio en todos los diarios.
Pero cuanto más lo asediaban, más lo quería la gente. Hasta que, en 1970, la radio emitió una serie de conversaciones privadas suyas en las que se refería en términos críticos a algunos compañeros del movimiento. La dirección del programa subrayaba especialmente frases en que el escritor se burlaba del presidente Dubcek. Estas grabaciones lograron desprestigiar a Prochazka, porque los oyentes se indignaban más con él, por reírse de sus compañeros de lucha, que con la policía secreta que había grabado sus conversaciones sin que él lo supiera.
En la novela de Kundera, el protagonista, tras oír una de estas grabaciones, apaga la radio asqueado y dice que la policía secreta existe en todo el mundo, pero que solo en Bohemia se permite difundir las conversaciones que graba ilegalmente. Su amante recuerda que cuando tenía catorce años escribía un diario en secreto y que su madre lo descubrió y un día, a la hora de comer, se lo sacó del bolsillo y fue leyendo frases y partiéndose de risa delante de todos. Concluye Kundera: “Cuando una conversación privada ante una botella de vino se emite públicamente por la radio, ¿qué explicación se puede dar sino que el mundo entero se ha convertido en un campo de concentración?”.
Nuestro país no es un campo de concentración, no es preciso decirlo. Pero hace tiempo que muchas conversaciones privadas y declaraciones en interrogatorios se airean en la radio, en los periódicos y en la televisión. También salen informes policiales. Solo deben cumplir un requisito: formar parte de un sumario. Parece como si, por el solo hecho de ser objeto de una investigación judicial, las actividades y las palabras de cualquier persona se convirtieran ipso facto en material informativo, aunque pertenezcan a la esfera privada y no medie condena alguna.
El abanico de ejemplos posibles afecta desde a políticos presuntamente involucrados en casos de corrupción hasta a independentistas presuntamente dedicados a la preparación de estrafalarias operaciones con soldados rusos, pasando por todo tipo de personas que son objeto de investigación por hechos que, por el motivo que sea, son susceptibles de atraer la atención pública. Seguro que el lector tiene en la cabeza unos cuantos casos recientes.
Por supuesto, si las actividades y manifestaciones de las personas en cuestión constituyen indicios de actos delictivos, la justicia debe investigarlos. Pero el problema no son las investigaciones, sino las filtraciones. Que la policía y la justicia investiguen forma parte de sus obligaciones. Es una tarea ingrata, que exige hurgar en las debilidades humanas. Los ciudadanos no deberíamos saber nada de estos asuntos hasta que el juez dictara sentencia, y solo en el caso de que fuera condenatoria. Pero aquí las transcripciones de las conversaciones telefónicas intervenidas y el contenido de los correos electrónicos de los investigados y de los pobres que tienen la mala suerte de estar en contacto con ellos llegan con tanta facilidad a los medios informativos como a la mesa del juez, y la pena de telediario, que no distingue entre culpables e inocentes, precede a las penas establecidas por las leyes.
Nos hemos acostumbrado a ello. Las filtraciones se han convertido en un ingrediente habitual de nuestro pan y circo. Son utilizadas a favor de unos y en contra de otros, con fines políticos o mediáticos no siempre confesables, y no sorprenden ni escandalizan a nadie. Los ciudadanos nos envilecemos escuchando grabaciones y leyendo conversaciones que no nos incumben. Moralmente, es algo tan higiénico como bañarse en el agua sucia de otro. Pero no nos importa. Le hemos cogido el gusto. Cuando alguien sale con lo de la presunción de inocencia damos por supuesto que lo hace para defender a alguno de los implicados y no le hacemos caso. O peor, le vemos como un pelmazo que nos quiere privar del placer de asistir a un sabroso juicio paralelo en vivo y en directo.
Hay informes policiales que no solo se filtran, sino que se escriben con el objetivo de ser filtrados. Están concebidos para influir en la opinión pública, no para aportar información a un juez. ¿No es eso lo que ocurrió con aquel extraño informe de la Guardia Civil sobre la manifestación del 8 de marzo por el día internacional de la Mujer, por ejemplo?
Este camino conduce a la perversión de la justicia. Se puede argüir que, con frecuencia, los sumarios en cuestión no son secretos. Pero esto no quiere decir que deban ser públicos. En el mundo, hay muchas cosas que, sin ser secretas, son privadas. Cuando escribimos una carta, ¿no la enviamos dentro de un sobre cerrado, aunque no contenga ningún secreto? ¿No es ese sobre inviolable?
Nuestro país no es una dictadura como la Bohemia de las novelas de Kundera. Pero es un lugar en el que las investigaciones policiales y los sumarios judiciales son utilizados a menudo para librar batallas políticas, para alimentar el chismorreo y para propiciar linchamientos mediáticos. No nos lo impone nadie. Aquí no nos amenazan los tanques soviéticos. Lo consentimos con ovina mansedumbre. Aparte de los implicados en cada caso, que claman en defensa de sus derechos, a nadie parece importarle. Esto es lo más chocante del asunto. Al que le toca, le toca, y los demás no se inmutan. Es un cachondeo. Ojalá la nueva ley de Enjuiciamiento Criminal que el Gobierno está elaborando consiga ponerle remedio.
Las conversaciones intervenidas llegan con tanta facilidad a los medios como a la mesa del juez