Andorra planea prorrogar las ayudas a empresas y empleados hasta junio
EL MINISTERIO DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I EMPRESA FIJA LOS REQUISITOS PARA LOS NUEVOS ERTE Y CONFIRMA QUE LAS AYUDAS OFRECIDAS HASTA AHORA SE SITÚAN CERCA DE LOS 29 MILLONES
Las ayudas a las empresas para conseguir la suspensión temporal del contrato de trabajo (STCT) o la reducción de la jornada laboral (RJL) para superar los efectos de la pandemia seguirán hasta el 31 de diciembre, aunque se está estudiando la posibilidad de ampliar el plazo hasta junio. Los recursos destinados por el Govern para hacer frente a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) suman desde el inicio de la pandemia casi 29 millones de euros, que se han destinado mayoritariamente a prestaciones directas (25,4 millones) y a sufragar la cuota patronal (3,3 millones) de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS).
A partir de ahora, según confirmó el ministro de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, las nuevas ayudas beneficiarán tanto las empresas que lo necesiten –aunque ya hubieran usado un ERTE y ya hubieran finalizado la ayuda–, como las compañías a las que se les esté caducando el ERTE y sigan sufriendo los efectos de la pandemia en su facturación. La situación es delicada como consecuencia de las restricciones de libre circulación en España y Francia, que ha provocado una reducción drástica del número de visitantes, y el tejido económico se ha visto afectado. “Tenemos un cierre indirecto de nuestra economía”, señaló Gallardo.
Los criterios para solicitar la suspensión temporal del contrato de trabajo o una reducción de la jornada laboral son que la caída de la facturación sea como mínimo del 50 por cien entre abril y septiembre de este año, en comparación con el mismo periodo del año anterior. También pueden optar a las ayudas las empresas cuyo volumen de negocio haya caído por debajo del 50 por cien, aunque en ese caso deberán justificar que el descenso sufrido pueda poner en peligro la continuidad del negocio. En el estudio de los casos interviene, además de la Administración, el Col·legi d’economistes. Así, se hace un estudio individualizado para determinar el porcentaje del descenso de la facturación, el resultado de explotación y el volumen de negocio. “Era difícil hallar criterios transversales, y la caída de negocio se debe situar en estos casos entre el 30 y el 50%”, apostilló el ministro.
Los ERTE se pueden aplicar hasta el 31 de diciembre, pero el Ejecutivo, así como el Consell General, baraja la posibilidad de ampliar el plazo y que puedan solicitarse ayudas hasta el 30 de junio. Jordi Gallardo considera que el periodo de ampliación necesario serían seis meses. Con esta fórmula, las empresas que tengan solicitado un ERTE hasta el 31 de diciembre deberán volver a pedirlo en enero para proseguir con las ayudas. En aras de que el uso de los ERTE sea correcto, las ayudas contarán con un grado de control adicional “para comprobar que se utilizan con responsabilidad”, añadió el ministro, para quien, si no existe un cierre total de una empresa, “la obligación del Govern es tener el convencimiento de que la ayuda está justificada”.
En la actualidad hay 2.482 personas afectadas por un ERTE. De ellas, 1.315 tienen una suspensión temporal del contrato de trabajo y 1.167 trabajan con una RJL. Desde el inicio de la pandemia, el total de prestaciones entregadas se ha elevado a 38.071, de las cuales la mayoría, 31.327, correspondían a asalariados por cuenta ajena y el resto, 6.744, a trabajadores por cuenta propia.
En el capítulo de ayudas sigue abierto el segundo programa de créditos blandos. Gallardo confirmó que se han destinado 2,4 millones a 52 solicitantes de las 78 peticiones que se han analizado hasta el momento. Respecto a las ayudas directas al alquiler de locales comerciales, 23 empresas han formalizado su solicitud. Por último, el Servei d’ocupació tiene 926 inscritos y hay 1.119 puestos ofertados. Los programas específicos de fomento del empleo han beneficiado a 183 personas, de las que 161 han encontrado trabajo gracias al programa del sector público, mientras que 22 ciudadanos lo han hecho mediante el programa del sector privado.
Pueden optar a las ayudas las empresas cuyo volumen de negocio haya caído por debajo del 50%, justificando que ese descenso pone en peligro su continuidad “Tenemos un cierre indirecto de nuestra economía”, señala Jordi Gallardo, por las restricciones de circulación en Francia y España