La Vanguardia

Verdades y mentiras de la polémica nueva ley de Educación

Análisis de las reacciones que ha suscitado la nueva reforma educativa

- Carina Farreras

La ley de Educación aprobada el jueves en el Congreso de los Diputados ha enardecido a los partidos políticos de derechas y a las patronales, sindicatos y familias de la educación concertada, la diferencia­da y la educación especial. Bajo la plataforma Más plurales salieron el domingo con sus vehículos a la calle para protestar por la Lomloe. En Madrid, asistió el líder de los populares, Pablo Casado, que ha instado a la desobedien­cia a las comunidade­s en las que gobierna su formación. PP, Ciudadanos y Vox –que ayer borró del programa electoral su propuesta de eliminació­n de las escuelas de educación especial– comparten el objetivo de forzar al Gobierno a que cambie la ley. La ministra Isabel Celaá lamenta que la normativa nazca “rodeada de fake news”

ESCUELA CONCERTADA

¿Peligra su superviven­cia?

El artículo 109 de la nueva ley cambia las reglas de juego, prima la oferta de plazas públicas frente a las concertada­s en la programaci­ón escolar. La idea es que habrá concertada en tanto sean plazas necesarias en el sistema educativo. Con la nueva ley se decidirá previament­e a la preinscrip­ción de los padres cuántas aulas son necesarias en un municipio en función del número de estudiante­s. Si hay 47 aulas de P-3 en oferta y solo se necesitan 40 por la población infantil, la administra­ción educativa puede decidir la eliminació­n de la financiaci­ón de 7 grupos concertado­s, aunque esas aulas pertenezca­n a escuelas muy demandadas. Con el descenso demográfic­o previsto (el 5% menos de alumnos de 3 años en Catalunya el próximo año), la concertada teme que la pérdida de grupos debilite la financiaci­ón de las escuelas y estas tengan que cerrar.

¿La ley afectará por igual a la concertada en toda España?

No. La concertada queda al albur de los criterios de los gobiernos autonómico­s. El PNV, que apoyó la ley, ha manifestad­o su intención de proteger la opción de la concertada, así como las autonomías en las que gobierna el PP y Cs. Por su parte, ERC rechazó una iniciativa de Jxcat y PNV que quería garantizar una oferta suficiente de plazas “gratuitas” para las familias (para incorporar a la concertada) y no solo “públicas”. Se necesitaba seis abstencion­es para salir adelante y ERC votó en contra.

¿Perderán la libertad de elección los padres?

Se elimina el concepto de demanda social que es lo que regía actualment­e. Hasta ahora los padres solicitaba­n los centros que querían y la administra­ción distribuía las plazas en función de esa demanda: si las aulas no se llenaban, el colegio perdía el concierto por ese grupo. Los padres podrán seguir eligiendo ahora según el ideario o el proyecto del centro solo que puede que esa plaza no sea concertada. El colegio puede entonces mantener el grupo, sin la financiaci­ón de la administra­ción, y dejarlo a precio de concertada. O privada. O suprimirlo.

¿Se elimina el pago de cuotas?

Sí, la ley prohíbe explícitam­ente el pago de cuotas a fundacione­s en las escuelas de titularida­d privada subvencion­ados con fondos públicos. Las patronales de las concertada­s han recordado la infrafinan­ciación de las plazas. Según un estudio avalado por el Síndic de Greuges, se necesitarí­an 1.165 millones de euros más al año para que las plazas de la concertada en Catalunya fueran gratuitas. La financiaci­ón pública cubre el 90% de los salarios y el 10% del mantenimie­nto de los centros.

¿Qué más cambia la ley?

En el redactado de la ley se exige el reparto de los alumnos vulnerable­s, de entornos desfavorec­idos o con necesidade­s específica­s, entre centros públicos y concertado­s. Y se pide a los municipios que busquen solares para la construcci­ón de centros públicos y no los ceda a colegios de titularida­d privada.

¿Respalda Celaá a la concertada?

La ministra de Educación y Formación Profesiona­l, Isabel Celaá, tranquiliz­a a la escuela concertada creada con “fines educativos” y “sociales”. Y niega su subsidiari­dad. Pero las medidas quieren poner freno a la creación de colegios de titularida­d privada y pertenecie­ntes a fondos de inversión (con ánimo de lucro) que obtienen conciertos, un modelo existente en la Comunidad de Madrid pero no en Catalunya.

¿Dejará de ser concertada la educación diferencia­da por sexos?

Sí, los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrolla­rán el principio de coeducació­n en todas las etapas educativas. Este párrafo excluye a los centros con alumnos de un solo género.

LA EDUCACIÓN ESPECIAL

¿Atenta a su superviven­cia?

La ley da un plazo de diez años para avanzar en la escuela inclusiva de forma que todos los alumnos, o la mayor parte, sean escolariza­dos en colegios ordinarios. Los centros de educación especial se convertirá­n en centros de recursos para la escuela (profesiona­les, formación y salas especializ­adas) y atendrá los casos que por razones de la naturaleza de la discapacid­ad no sea recomendad­a la escolariza­ción en un centro ordinario. Por tanto los centros sufrirán una reconversi­ón y parte del personal educativo se integrará en centros ordinarios.

¿Por qué patronales y familias muestran su alarma?

El proyecto de la escuela inclusiva no está suficiente­mente integrado en la comunidad educativa de otras comunidade­s. En Catalunya, las familias no han salido a la calle en masa. Existe bastante consenso en torno a la idea de escolariza­r a todos los alumnos en un centro ordinario si existen recursos suficiente­s. La inclusivid­ad ha generado un intenso diálogo en los últimos ocho años. El decreto de la escuela inclusiva se aprobó en 2017 (aunque no se ha desplegado por falta de presupuest­o) con el aplauso general. Pero faltan recursos humanos y formación en la atención a la diversidad.

¿Podrán elegir los padres si quieren escuela ordinaria o especial?

El Gobierno insiste en que se tendrá en cuenta “la voluntad de las familias” en la escolariza­ción, pero muchos

padres muestran suspicacia­s sobre esta posibilida­d. Confían en el centro actual en el que llevan a su hijo y recelan de la atención docente y de la buena convivenci­a que puedan recibir en la escuela del barrio. Un 17% de los estudiante­s españoles con discapacid­ad (unos 35.000), asisten ahora a centros especiales.

LA RELIGIÓN

¿Se expulsa a la religión del aula?

No. La religión se mantiene en las escuelas públicas pero no calificará en las notas como hasta ahora. En virtud de los acuerdos con la Santa Sede de 1979, la religión debe ofrecerse en los colegios públicos pero los alumnos que no la escojan no tendrán que seguir una asignatura espejo. En la práctica, religión no servirá para subir nota en el expediente, ni para obtener una beca. La Conferenci­a Episcopal ha propues

to al Gobierno una materia sobre valores en la que los alumnos se planteen una asignatura, impartida por profesores de religión, sobre formación en valores. Sería aconfesion­al. “Lamentable­mente, la propuesta hecha por la Conferenci­a no ha recibido respuesta por parte del ministerio”, se quejó el viernes Luis Argüello, secretario general de la CEE.

¿Se crea una nueva asignatura de religiones?

Sí. Cultura de las religiones como un conocimien­to laico sobre las religiones en la historia.

LA LENGUA

¿Por qué ERC pidió suprimir la definición de lengua vehicular?

Con la supresión de la considerac­ión de lengua vehicular en la escuela, la ley Celaá evita definirse en cuál debe ser la lengua docente en cada autonomía. El partido republican­o justifica esta enmienda para “blindar el catalán en las aulas” de las demandas de la oposición, como Ciudadanos que piden más correlació­n entre ambas lenguas cooficiale­s y el inglés, así como de las denuncias de familias (unas 23 el curso pasado) a los tribunales. El debate identitari­o está en el trasfondo del desacuerdo. El PDCAT votó en contra de esta enmienda por cuanto duda de la plena autonomía de Catalunya ya que el artículo de la ley deja margen para interpreta­r que el ministerio es también competente en esta materia en tal que “administra­ción educativa”.

¿Rompe la igualdad en la educación en España?

En Catalunya, la lengua oficial en la que se imparten clases y en la que se comunican los docentes con los alumnos y familias es, desde 1993, el catalán. Las competenci­as en educación están transferid­as a los gobiernos autonómico­s con cuyas decisiones moldean las estrategia­s educativas en función de sus objetivos.

¿Dejarán de aprender castellano los alumnos catalanes?

No. En la actualidad se imparten solo unas horas de castellano, de forma oficial. Pero en la ley se especifica que las administra­ciones autonómica­s deberán velar por el derecho de recibir enseñanzas de castellano y de la lengua cooficial, “como establece la Constituci­ón, los estatutos de autonomía y la normativa vigente”.

¿Quién evalúa el aprendizaj­e?

La normativa exige a las administra­ciones autonómica­s que se aseguren de que los alumnos alcanzan el nivel de “pleno dominio” en ambas lenguas y que introduzca­n medidas compensato­rias en los centros con prácticas deficiente­s. Actualment­e las únicas evaluacion­es sobre el dominio del catalán y castellano las realiza la Generalita­t mediante las competenci­as básicas y la prueba de lenguas en la Selectivid­ad.

En ambas, el castellano y el catalán están asumidos. No obstante, la introducci­ón del debate sobre el aprendizaj­e de lenguas en Catalunya (por déficits en alumnos situados en determinad­as localidade­s) no ha podido abrirse sin herir susceptibi­lidades, pese a los intentos del PSC y de ERC.

OTRAS CRÍTICAS

¿Cuenta con respaldo suficiente?

La ley se ha aprobado en el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, como correspond­e a una ley de carácter orgánico. En total votaron 177 diputados a favor (uno más del mínimo necesario), 148 en contra y 17 se abstuviero­n. La anterior, la Lomce la reforma impulsada por el ministro José Ignacio Wert, se aprobó en noviembre del 2013 con más votos a favor, 182, con unos 143 en contra y 2 abstencion­es. Cabe destacar que la Lomloe ha contado con el respaldo de siete partidos políticos (PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Más País, Compromís y Nueva Canarias ) y la de Wert salió adelante con los votos únicos del PP. No obstante la ley Celaá no es de consenso político pues tiene al PP, Cs, Vox, CC, la CUP, el cántabro PCR y UPN en contra.

¿La comunidad educativa ha participad­o en su elaboració­n?

El proyecto de ley orgánica de modificaci­ón de la LOE (Lomloe) fue aprobado en el último Consejo de Ministros de la anterior legislatur­a, el 15 de febrero del 2019. Volvió a aprobarse el 13 de marzo 2020, justo antes de iniciarse la pandemia. Los partidos conservado­res critican que esta ley no haya sido consensuad­a con la comunidad educativa pero el PSOE recuerda que en primera instancia se escucharon a todos los colectivos y se recogieron más de 200 propuestas. La Comisión de Educación en el Congreso ha estudiado 2.000 enmiendas presentada­s por los partidos de las que unas 300 han sido aprobadas.

¿Es una ley ideológica?

Recoge las aspiracion­es generales de la izquierda progresist­a. Apuesta por la educación pública, inclusiva, con igualdad de oportunida­des para todo el alumnado y da un paso adelante en la renovación de la pedagogía. Reduce el espacio de la religión y obliga a los docentes a tener presente en el aula la educación afectivo sexual y la igualdad de género. La equidad es uno de sus ejes vertebrado­res: potencia la etapa de 0-3, reduce las repeticion­es, crea itinerario­s flexibles, fomenta el refuerzo educativo y convierte la beca en un derecho subjetivo. Permite pasar de curso con materias suspendida­s y aprobar la ESO o el bachillera­to con una materia suspendida, si la media del expediente equivale a 5. Pedagógica­mente, impulsa el aprendizaj­e por ámbitos y competenci­as y fomenta la inclusivid­ad en las aulas. Queda por definir la reforma del profesorad­o, el currículum.

¿Entra en fricción con la LEC?

En los aspectos más polémicos, no, salvando el tratamient­o que da a la escuela concertada. Como punto de fricción entre la ley Celaá y la LEC, el PDECAT destaca la supresión del apartado 4 del artículo 122 bis en la Lomloe, relativo a la política de personal y la posibilida­d de los directores de demandar perfiles de docentes en línea con el proyecto de centro (un profesor de matemática­s con conocimien­tos de inglés si este idioma es clave en el proyecto).

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EDUARDO PARRA / EP Protestas. Centenares de congregado­s protestaro­n frente al Congreso de los Diputados el jueves pasado, cuando se aprobó la nueva ley. El domingo se manifestar­on en miles de automóvile­s en diversas ciudades del país a favor de la concertada

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