El Congreso de Guatemala retira el presupuesto que causó su incendio
Guatemala no levanta cabeza. Desde hace años, el país centroamericano está instalado en una crisis institucional que devora a presidentes cada vez más rápido. El actual mandatario, el populista ultraconservador Alejandro Giammattei, llegó al poder en enero pero ya hay protestas multitudinarias que piden su renuncia e incluso está ya enfrentado a su vicepresidente, Guillermo Castillo, que el viernes propuso la dimisión de ambos para “oxigenar” un país azotado por la pandemia y por el reciente paso del ciclón Eta.
La propuesta de Castillo fue un día antes de que el sábado una turba de encapuchados tomara el Congreso y lo incendiara parcialmente, en una jornada donde unos 10.000 manifestantes salieron a las calles de la capital guatemalteca para protestar contra el Gobierno y el legislativo. Las fuerzas del orden disolvieron con gases la manifestación, convocada inicialmente ante la sede del Ejecutivo. Dos personas perdieron un ojo. Las protestas continuaron el domingo, con menor intensidad. El estallido se produjo tras la aprobación por el Congreso el miércoles de los presupuestos generales para el próximo año, aunque ayer el Parlamento unicameral reculó. Los números representaban un recorte en el ámbito sanitario en plena pandemia. Los presupuestos, calificados de “opacos” por la prensa local, fueron aprobados de madrugada, alegando urgencia y sin que todos los diputados pudieran estudiar el proyecto de ley.
Sin embargo, el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, grabó ayer un vídeo acompañado de los portavoces de varios grupos, donde anunció la suspensión de la tramitación de los presupuestos, sin especificar qué modificaciones se introducirán, teniendo en cuenta que el legislativo está obligado a enviar en diciembre al Gobierno el texto definitivo. Rodríguez calificó de “terroristas” a los encapuchados que quemaron el Parlamento.
Antes de la marcha atrás del Congreso, Giammattei, que tardó un día en reaccionar a los graves incidentes del sábado y solo lo hizo con un comunicado, había decidido apelar a la OEA, denunciar un intento de golpe de Estado y abrir el “diálogo entre las diversas fuerzas políticas con el único propósito de asegurar el orden democrático-constitucional de nuestro país”. El presidente invocó la Carta Democrática de la organización americana, que permite su intervención ante golpes o desestabilización, aunque debe ser aprobada por la mayoría de miembros. En su comunicado, Giammattei asegura que las protestas son “un medio a través del cual grupos minoritarios buscan forzar un verdadero golpe de Estado”.