Sarkozy es juzgado por presunta corrupción y tráfico de influencias
Las cuitas judiciales del expresidente francés Nicolas Sarkozy, de 65 años, son interminables. Ayer comenzó en París un juicio por los presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias, aunque la vista quedó suspendida al poco de empezar, al menos hasta este jueves, para que se realice un peritaje médico sobre el estado de salud de uno de los coacusados, el exalto magistrado Gilbert Azibert, que estuvo ausente.
El arranque del proceso fue un espectáculo mediático. Es la segunda vez que un expresidente de la República se sienta en el banquillo de los acusados. El primero fue Jacques Chirac, en el 2011, aunque por razones de salud no estuvo físicamente presente. Chirac fue condenado a dos años de cárcel –sin ingreso efectivo en prisión– debido al viejo affaire de los empleos ficticios que concedía en su época de alcalde de París.
Sarkozy se presentó ante el tribunal enfundado en su clásico uniforme presidencial –traje negro y camisa blanca– con la boca cubierta por una mascarilla quirúrgica. No realizó declaraciones. Se dice que Sarkozy considera el atuendo muy importante. Según desveló ayer el diario Le Parisien, en su oficina de expresidente, de más de 300 metros cuadrados, le gusta que las visitas masculinas lleven corbata. Cuando no es el caso, les lanza una ironía ácida. “Ah, claro, estás de vacaciones”, les dice.
Sarkozy es juzgado por haber planeado, supuestamente, corromper a un juez del Tribunal Supremo. El expresidente le habría ofrecido, a cambio de que le echara una mano en otro caso judicial, intervenir a alto nivel a favor del magistrado para que obtuviera un puesto atractivo en Mónaco.
El exjefe de Estado fue pillado por los investigadores por casualidad. Habían ordenado escuchas telefónicas por otro caso, el del presunto cobro de una suma multimillonaria de parte del dictador libio, Muamar el Gadafi. En estas interceptaciones de las conversaciones de Sarkozy con su abogado, Thierry Herzog, sospecharon que pretendían sobornar al juez en otro asunto en el que estaba implicado el presidente, también por presunta financiación ilegal.
Uno de los aspectos más chuscos del caso que se juzga es que Sarkozy y su letrado, como medida preventiva, usaban teléfonos registrados a nombre falso, para despistar a los investigadores.
Sarkozy siempre ha negado los hechos. Se siente víctima de un encarnizamiento judicial. La pena máxima a la que podría ser condenado, de ser hallado culpable, es de 10 años de prisión y un millón de euros de multa.