El PP mantiene el pulso por la ley Celaá pese a los avisos del Gobierno
La ministra de Educación critica que Casado esté llamando a la desobediencia
Pablo Casado no atiende a las advertencias que en las últimas horas le han lanzado desde el Gobierno y desde el PSOE, y seguirá adelante con su intención de llevar su ofensiva contra la ley Celaá, lo que incluye que las comunidades autónomas que gobierna el PP legislarán en el desarrollo de la ley, con el objetivo de minimizar sus efectos, sobre todo en lo que a la educación concertada, la especial y el castellano se refiere.
Ese anuncio del presidente del PP, de que no esperará a que la Lomloe esté aprobada –va camino de aprobarse en el Congreso definitivamente después de llegar al segundo trámite de convalidación en el Senado– para intentar ir contra ella, sino que su campaña se desarrollará ya, llevó al PSOE y al
Gobierno a reprochar ayer al presidente del PP su actitud y a dejarle claro que “las leyes orgánicas, como la ley de Educación, no se pueden cuestionar en su aplicación por ninguna comunidad autónoma”. La ministra del ramo, Isabel Celaá, recordó a Casado que la nueva norma tiene el apoyo de siete fuerzas políticas y está en vías de aprobación por el Parlamento, “y sorprende que el líder de la oposición esté llamando a la desobediencia”.
Pero tanto Pablo Casado como sus presidentes autonómicos han dejado claro que no es una cuestión de desobediencia, sino de aprovechar el margen, por pequeño que sea, que les permite la ley para adaptar la norma en sus autonomías, de forma que su aplicación sea la mínima posible.
De hecho, uno de los principales barones del PP, Alberto Núñez
Feijóo, dejó claro que no habrá desobediencia ni boicot a la ley. Aseguró que el Ejecutivo gallego buscará que la nueva norma tenga “la más mínima aplicación posible” en Galicia que permita el marco normativo, porque “es una mala ley”, ya que “tiene una visión de la sociedad española reduccionista” y divide al entender que “solamente puede haber un modelo”, que es “el que tienen el Gobierno o sus socios”.
Según el presidente gallego, la Xunta no comparte la norma y seguirá aplicando, “en la medida de lo posible”, la normativa educativa gallega actual, “salvo que, por imperativo legal, haya algún precepto de obligado cumplimiento”.
Por ejemplo, en cuanto a la lengua vehicular, en Galicia, dijo Feijóo, “seguiremos contando con los
Feijóo explica que no se trata de desobedecer, sino de utilizar el margen que existe para modular la Lomloe
dos idiomas, gallego y castellano, y no uno solo”. El presidente gallego también está dispuesto a que sigan existiendo los acuerdos con los colegios de la educación concertada, y la renta no será el factor determinante para decidir si un hijo tiene que estar en una escuela privada o pública.
El PP recuerda que lo que sus gobiernos autonómicos van a hacer no es nuevo, porque las comunidades gobernadas por el PSOE hicieron lo mismo cuando se aprobó la ley Wert, siendo presidente Mariano Rajoy. Entonces, los gobiernos autonómicos socialistas también aprovecharon al máximo el margen de maniobra que les daba la Lomce para retrasar su entrada en vigor y la aplicación de todos sus preceptos.
Pero el Gobierno no solo le reprocha a Casado su actitud sobre la ley Celaá, sino también en aspectos como el de la inmigración, tras la visita del presidente del PP a Canarias, el pasado fin de semana. El ministro de Fomento y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, pidió a Casado prudencia a la hora de tratar los problemas de la inmigración. El presidente del PP pidió durante su viaje a Canarias devoluciones inmediatas. Ayer Ábalos aseguró que “se está trabajando en la repatriación” de los inmigrantes, pero no tiene “tan claro” cómo hacerlo de forma “inmediata”, como pide el líder popular.