Ribó pide que una comisión evalúe la idoneidad de ir a votar en febrero
El Síndic de Greuges cree que se debería tomar una decisión antes del 15 de enero
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, avivó ayer la polémica por la fecha de los próximos comicios autonómicos y la posibilidad de que no se celebren el 14 de febrero tal y como está previsto. En un informe que hizo de oficio para calibrar la posible afectación de los derechos de los catalanes en un contexto electoral y que presentó en una rueda de prensa desde el Parlament propuso la creación de una comisión de expertos independientes del ámbito sanitario y jurídico, nacionales e internacionales, que elabore un dictamen antes del 15 de enero sobre la idoneidad de celebrar o no esas elecciones en febrero.
Una decisión que se tomaría con base en los indicadores epidemiológicos y la evolución de la pandemia y teniendo en cuenta desde el punto de vista legal el derecho fundamental del sufragio activo. A juicio de Ribó, debería haber “un acuerdo de país del Govern con los demás partidos que garantice el derecho a voto” y se deberían marcar criterios objetivos, sanitarios y constitucionales, “para decidir si se dan las condiciones” para celebrar elecciones.
Con el calendario actual, si se llega a la conclusión en enero de que no puede haber comicios, se tendrían que aplazar o suspender una vez ya estén convocados; a mediados de diciembre se disolverá el Parlament y acabará la legislatura.
En ese sentido, el Síndic apunta que “cancelar unas elecciones ya convocadas puede llegar a ser necesario considerando las limitaciones causadas por la pandemia” y que sería “razonable”. Así, recuerda que en Galicia o Euskadi ya se aplazaron en marzo, con las listas ya proclamadas, los comicios autonómicos que se iban a celebrar en abril de este año y que al final fueron en julio.
También afirma que si llegáramos a esa situación “es primordial alejar cualquier sospecha de que la decisión pueda estar causada por cálculos partidistas”. Por ello, emplaza a las fuerzas a acordar de antemano con “el máximo consenso social y político” qué factores y umbrales nos llevarían a tener que aplazar la cita con las urnas, porque de lo contrario podríamos tener “una situación jurídica compleja”.
Otra posibilidad que contempla el Síndic ante la imposibilidad del voto electrónico o de urnas móviles es una legislación exprés ad hoc para que se pueda votar durante más de una jornada y adaptar otras cuestiones como ampliar mesas y el voto por correo. Catalunya no tiene ley electoral y la reforma tendría que ser a nivel estatal. Si se hace en la Cámara catalana solo podrían impulsar una ley provisional los grupos al estar el Govern en funciones, y se debería aprobar por lectura única. Otra opción es una interpretación extensiva de la norma actual.
El viernes la consellera portavoz , Meritell Budó, ya abrió la puerta al aplazamiento de los comicios en caso de que no se pueda garantizar el derecho de voto a todo el mundo, algo que provocó el enojo de la oposición. Los demás partidos consideran que el Ejecutivo tiene tiempo de sobras para preparar esa cita y algunos acusaron a Junts per Catalunya de hacer cálculos partidistas. El domingo el conseller de Interior, Miquel Sàmper, también de Jxcat, se inclinó por que las elecciones sean el 14 de febrero pero no “a cualquier precio” y siempre que la situación no esté “descontrolada”.
Con estos mimbres, el PSC exigió ayer al vicepresidente en funciones de presidente, el republicano Pere Aragonès, que aclare cuál es la posición del Govern y pidió una vez más, como ya hicieron todos los grupos el viernes, que se convoque a los distintos actores a una reunión para abordar cómo será la campaña y cómo serán las votaciones. Un encuentro aun sin fecha que seguramente tendrá lugar en el Parlament.
Eva Granados, portavoz de los socialistas, también cargó contra el Síndic y dijo que la responsabilidad es del Ejecutivo catalán. “El Síndic no hace su trabajo y se mete en lo que no le toca. Nos gustaría que se fije en cómo están las residencias o en la atención sanitaria”, señaló.
El informe apuesta por que haya el máximo consenso para alejar la sospecha de partidismo en caso de aplazamiento