Lealtad institucional

Una coalición es libre: se puede hacer o no; se puede acordar gobernar con un programa común o no. Nadie está obligado a hacerlo. Pero una vez hecha, la coalición obliga a los que la han constituido a ser leales a ella. A esto se le llama lealtad institucional. Respetar las instituciones es una obligación democrática que todos los ciudadanos han de practicar, pero especialmente aquellos que las pretenden representar. Una coalición de gobierno puede ser, a veces, un ejercicio complicado y difícil, ya que se trata de poner en común propuestas que para cada uno de los coaligados se entendían diferentes y que requieren de acuerdos sofisticados y matizados; por esto los que la constituyen han de pensarlo mucho antes de hacerla. Pero una vez lo han decidido han de ser leales al pacto que la ha hecho posible, como expresión de un ejercicio de responsabilidad ante los ciudadanos. Es ante estos que se han comprometido a ser leales con la institución que han asumido representar y ejercer.

Por esta razón el sentido de cualquier tipo de coalición es el de la unión entre diferentes, e incluso discrepantes, al servicio de un fin común, aunque sea temporalmente. Por ejemplo, para toda una legislatura; no por un día, ni por una semana, sino por un tiempo que permita una acción de gobierno, al nivel que sea, estable. Las discrepancias no se descubren ex post, se conocen ex ante. Y es precisamente la superación temporal de las discrepancias lo que da valor y sentido a la coalición. Para servir a un fin común, definido y concretado desde la superación de la inicial discrepancia, se acepta el compromiso –normalmente, como se ha dicho, por periodos temporales concretos– de llevar a cabo un programa común, con explícita renuncia a perseguir otros objetivos que contradigan la finalidad compartida. Así, la institución es respetada y la lealtad al pacto servirá de medida sobre la honestidad democrática de los coaligados.

La democracia no es solo ni únicamente un conjunto de normas estrictas. También se define en función de unos principios no escritos pero que se constituyen en la esencia de un comportamiento democrático. La lealtad constitucional va más allá de una simple formulación constitucional; es, sobre todo, la razón de ser de una convivencia en libertad. Es bueno que los diferentes se entiendan; es bueno que el interés general los lleve a ponerse de acuerdo; es bueno que el pacto anime su acción política. Pero esta lealtad obliga a quien la quiera practicar a renunciar a la intermitencia; no se trata de ser leal por las mañanas para dejar de serlo por las tardes. No se trata de quedar bien ni superar un trámite, ni hacer ver que se ha llegado a un acuerdo; se trata de llegar, efectivamente, a un acuerdo con voluntad de respetarlo y de defenderlo. En Alemania, hace pocos años, se vivió en su Parlamento un debate intenso sobre la existencia de un contrato electoral entre gobernantes y electores. El pacto, se decía, ha de ser respetado no únicamente entre los firmantes sino también y especialmente entre estos y los ciudadanos.

Los gobiernos son responsables solidariamente de su acción. Y esto quiere decir que todos los ministros asumen solidariamente sus propuestas. No vale querer marcar diferencias; no vale querer señalar la personalidad propia en detrimento de la que colectivamente se ha asumido. Esto hace daño; no a los gobiernos –que también– sino a la credibilidad democrática. La coherencia es la mínima exigencia que se puede pedir a los protagonistas de una coalición. El solo gobernar no puede ser la finalidad de una coalición. Se gobierna “¿para hacer qué?”. Para hacer un programa concreto, conocido y asumido solidariamente. Todo lo que no sea así hace daño –mucho daño– a los valores democráticos.

En Europa, muchos han olvidado el sentido de la coalición. Y Europa padece. No únicamente Estado por Estado, sino toda la Unión Europea, fruto de una gran coalición de valores que obligan a todos a los que pretenden influir en su acción de gobierno. Ahora mismo, Polonia y Hungría quieren olvidarse de que su compromiso con Europa es incompatible con su afán de gobernarse traicionando sus valores.

Y, sin ir tan lejos, en nuestra casa, tanto en toda España como en Catalunya, se hacen todos los esfuerzos posibles para evidenciar que la acción de gobierno no responde a ninguna coalición de principios. Las diferencias quieren marcarse; se imponen al compromiso solidario. Sin rubor, se comparten mesas, pero se ponen encima papeles y ambiciones diferentes que quieren ser exhibidas y puestas de manifiesto aunque esto perjudique o ponga en riesgo el sentido y la dirección del compromiso asumido.

La institución no cuenta, los electores tampoco; solo el deseo de marcar un perfil propio anima la acción de los diversos protagonistas. La Covid-19 puede explicar muchas cosas, pero nunca y en ningún caso puede justificar la deslealtad institucional. Es más, precisamente por la relevancia de las consecuencias de la Covid-19 la lealtad es más exigible. La coalición ha de buscar soluciones, no convertirse en el problema.

Ahora es el momento de preocuparse de no debilitar ni confundir la acción de gobierno. Es así como se explica el principio de lealtad institucional.

La coherencia es la mínima exigencia que se puede pedir a los protagonistas de una coalición