Sanidad advierte que habrá que usar la mascarilla durante todo el 2021
El Tribunal Supremo avala la obligatoriedad de esta protección por ser “necesaria”
El optimismo surgido tras la llegada, cada vez más cerca, de las vacunas contra la Covid-19 y el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que en los primeros seis meses del año una buena parte de la población (se habla del 50%) esté vacunada, ha hecho pensar a muchos ciudadanos en el fin de la obligación de usar mascarillas a partir del verano. Pero, no es así. Las mascarillas han venido para quedarse mucho tiempo, por lo pronto, todo el 2021. También las otras medidas básicas de seguridad, como mantener la distancia interpersonal y el lavado continuo de las manos.
Así lo han indicado a La Vanguardia fuentes del Consejo Interterritorial de Salud, órgano en que están representados el Ministerio de Sanidad y los consejeros del ramo y en el que se acuerdan los pasos a dar en la lucha contra la pandemia.
Según las mismas fuentes, en este foro se ha tratado el tema de las mascarillas, y ha quedado claro que su uso se tendrá que mantener “durante muchos meses, independientemente de la llegada de las vacunas”. La explicación es clara. Durante un tiempo, convivirán ciudadanos vacunados con otros que no lo están y que hay que proteger. Además, aún hay muchas incógnitas sin resolver en relación a los sueros, cuánto durará la inmunidad, las posibilidades de reinfección, ni si las vacunas evitan la infección o la enfermedad, entre otras cuestiones.
El año 2021 estará marcado por la vacunación de la población (primeros los más vulnerables y posteriormente, el resto si es que hay producción suficiente), un proceso que llevará su tiempo. Por el momento, las compañías que van más avanzadas en sus vacunas (Pfizer, Moderna y Astrazeneca) ya han indicado que precisarán de dos dosis para la inmunización. Algunos expertos creen que el plan de vacunación se prolongará todo el invierno que viene. Ante esta situación, será necesario seguir con la mascarilla, la distancia interpersonal de dos metros y el lavado de manos durante, “como mínimo”, el 2021.
Los expertos en salud pública creen que es preciso concienciar a la población de que la llegada de la vacuna no es el fin de la pandemia, si no el camino para acabar con ella. Pero que aún queda un largo trecho para ello, con las cubrebocas como fiel compañeras.
Un acompañamiento obligatorio que ayer mismo fue avalado por la justicia. El Tribunal Supremo ha confirmado el uso obligatorio de las mascarillas impuesto por el Ministerio de Sanidad el pasado mes de mayo por tratarse de una medida “necesaria y proporcionada” para proteger la salud pública ante la progresión de la pandemia de la Covid-19.
La Sala de lo Contencioso-administrativo del Supremo ha desestimado así el recurso de un ciudadano
El proceso de vacunación será largo y con muchas incógnitas, como cuánto dura la inmunidad
que alegó que esa imposición vulnera, entre otros, sus derechos fundamentales a la integridad física y moral y al honor. El Supremo sentencia que la disposición de Sanidad fue “legítima” y argumenta que los hipotéticos riesgos que comporte el uso de la mascarilla siempre serán menores que el beneficio que proporciona como forma de prevención.
El recurrente era partidario de favorecer los contagios para desarrollar inmunidad de grupo, consideraba injustificada la declaración del estado de alarma, negaba que el sistema sanitario hubiera estado cerca del colapso y denunciaba la imposición del uso de mascarillas, a pesar de tener contraindicaciones sanitarias.
El tribunal, en una sentencia de la que ha sido ponente la magistrada Celsa Pico, deja claro que “en una indiscutible situación de pandemia como la generada por el virus de la Covid-19, que, notoriamente, no se circunscribe al territorio español, resulta evidente que debe prevalecer el interés general sobre el individual; esto es, el derecho a la vida de la mayoría de los ciudadanos sobre la pretensión individual aquí ejercitada de contraer el virus para adquirir inmunidad”. El Supremo impone al ciudadano el pago de las costas con una cifra máxima de 3.000 euros.