ERC y PNV garantizan a Sánchez la aprobación de los presupuestos
Los republicanos anuncian un preacuerdo con el Gobierno, que sigue negociando con Ciudadanos
Habrá presupuestos para el 2021 y Pedro Sánchez parece haber elegido con quiénes los quiere. Si EH Bildu anunció el lunes su voto favorable a las cuentas del Estado, ayer fueron primero el PNV y después ERC quienes hicieron oficial su apoyo al proyecto del Gobierno. Un anuncio por parte de Esquerra con el que intentó descolgar a Ciudadanos –por aquello de la incompatibilidad entre unos y otros– de la negociación paralela con el Ejecutivo central, pero que de momento no ha fructificado, pues el partido naranja aseguró que luchará hasta el jueves de la semana que viene, cuando se sometan a votación los números, para decantarlos a sus postulados.
El “preacuerdo” anunciado por Gabriel Rufián facilitará los votos de los republicanos, aunque el adelanto del puñado de medidas pactadas con el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos no desvelaba el coste del acuerdo. El anuncio buscaba dejar fuera de la carrera a Ciudadanos – “les hemos roto las piernas”, presumían desde ERC en Madrid–, aunque el voto afirmativo del PNV y Bildu relativizaba las necesidades del Ejecutivo.
La lista de acuerdos adelantados públicamente es breve: ampliación de la moratoria del pago a la Seguridad Social de los autónomos hasta marzo del 2021, un trimestre más, con el compromiso de ir ampliándolo según las necesidades; la creación de un comité bilateral para una reforma fiscal “total, justa y progresiva” y la creación de un grupo de trabajo específico para la reforma del impuesto a las grandes fortunas para “acabar con el dumping fiscal en Madrid, es decir, acabar con el paraíso fiscal que la derecha se ha montado en Madrid y que supone un grave prejuicio en estos momentos de emergencia social para la clase trabajadora”, afirmó Rufián.
Igualmente, el líder de ERC en la Cámara Baja subrayó que hubo entendimiento con el Gobierno para liquidar “la deuda existente” del Ministerio de Educación para con la Generalitat en la gestión de becas desde el 2005, aunque no especificó cantidades ni método de retorno ni plazos. Por último destacó lo que denominó “fin del 155 financiero a la Generalitat de Catalunya”. Rufián puso énfasis en ese logro retrotrayéndose al gobierno de Mariano Rajoy y el control de Cristóbal Montoro sobre las finanzas de la Generalitat. Aprovechando las necesidades de financiación y la adscripción al FLA, Hacienda controne laba la contabilidad de la Generalitat y se estableció una fiscalización mensual. El argumento político fue que “no se gastara ni un euro en veleidades independentistas”. Con la aplicación del 155, la Intervención de la Generalitat llegó incluso a tener que informar semanalmente de las operaciones del sector público catalán. Con la formación del actual Govern, y ya con el PSOE en la Moncloa, se levantaron los controles extras y sólo quedaron los relativos al acceso al FLA. Ahora la Generalitat emplea el mecanismo ordinario de financiación y por tanto tampoco está sometida a esos controles. Únicamente quedaba un resquicio, el de dar cuenta de los gastos generados y certificarlos mensualmente en lugar de hacerlo de manera trimestral. Así, el preacuerdo, a falta de más detalles, afecta solo a la periodicidad.
Sea como sea, este pacto de ERC fue refutado por Jxcat. En palabras de Laura Borràs, “negociar algo que ya era nuestro demuestra una condición de rebajas continuas y de no atención a las verdaderas necesidades de los catalanes”.
Adelantándose a la hora de exhibir ganancias, el acuerdo que ha facilitado el sí del PNV supone 30 millones más de nuevas inversiones en investigación y desarrollo y la enajenación de los terrenos del cuartel de Loiola, en San Sebastián, según anunció el portavoz en el Congreso, Aitor Esteban. Un desmantelamiento que el Ayuntamiento de San Sebastián considera básico para la expansión de la ciudad. Esto supoel logro de una antigua aspiración del PNV, pero no que el Ejército vaya a abandonar Gipuzkoa.
Fuentes del Ministerio de Defensa se apresuraron a aclarar que “la permanencia del Ejército está garantizada en San Sebastián”. De hecho, el Ayuntamiento ya ha ofrecido al Ministerio de Defensa ubicaciones alternativas para el cuartel: Antondegi, Eskuzaitzeta, la Hípica. La última oferta ha sido Belartza Alto, pero el departamento de Margarita Robles ha rechazado todas las localizaciones.
Al anuncio de ayer se suman los acuerdos de la semana pasada, que incluían eliminar el impuesto del diésel y 50 millones para un plan industrial.
En el otro lado del arco parlamentario, PP, Cs, PDECAT y Coalición Canaria han visto que una parte muy importante de sus enmiendas ni siquieran podrán ser tramitadas. Las modificaciones de los presupuestos que supongan incremento de gasto o disminución de ingresos requieren concretar de dónde se va a reducir el dinero. Por eso el Gobierno puede vetarlas.
EL PREACUERDO
ERC se avanza e intenta descolgar a Ciudadanos de las conversaciones con la Moncloa
EL VETO DEL GOBIERNO
El PP se queja del veto a más de 90 enmiendas parecidas a otras que podrán tramitarse
Y es lo que ha hecho con muchas de las propuestas de estos tres partidos –Vox renunció a presentar enmiendas para no participar de un debate que consideraba ya cerrado con fuerzas independentistas– que suponían aumento de gasto o reducción de ingresos.
Pero los vetos no han sido a todos los partidos por igual, ya que a Ciudadanos le ha permitido tramitar muchas de las enmiendas que Inés Arrimadas había señalado como “líneas naranjas”, lo que ha llevado a este partido a anunciar que sigue negociando los presupuestos con el Gobierno”hasta el final”. Y aunque Cs considera que su vía es incompatible con la de ERC, cree que su apoyo final dependerá de lo que consiga en esa negociación.
Ciudadanos se agarró ayer a un acuerdo con el PSOE, traducido en una enmienda transaccional, que supondrá la implantación de la tarjeta sanitaria única en toda España, vieja aspiración de Albert Rivera. “¿Votará esto ERC?”, preguntó desafiante el portavoz de Cs en el Congreso, Edmundo Bal.
Tampoco se han vetado enmiendas como la ampliación de los ERTE a julio; las ayudas a las empresas con menos de 50 trabajadores que hayan perdido más de la mitad de su facturación, ayudas que podrían llegar al 75% de la facturación del 2019.
Por el contrario, al PP, a CC y al PDECAT les han vetado sus principales propuestas. Muchas son iguales o similares a las que han admitido de otros partidos, lo que ha enfadado aún más al PP, al que han dejado en la estacada más de 90 propuestas sin posibilidad de debate. Los populares lo consideran una afrenta para impedir que pueda ejercer su función parlamentaria.
La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, subrayó, tras conocer el veto a sus enmiendas que “Pedro Sánchez ya se ha retratado”, y con su veto “se sitúan en contra” de bajar los impuestos, ampliar los ERTE, apoyar a los autónomos, de fondos adicionales para los ayuntamientos, los planes de empleo, el plan de autónomos y el apoyo a la hostelería.
Durante el debate de los presupuestos en comisión, no solo fue el PP quien se quejó. Lo hizo también la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas, con argumentos similares, y el diputado del PDECAT Ferran Bel, quien lamentó que se haya cerrado el debate de “prácticamente” todas las enmiendas relativas a la fiscalidad cuando, en su opinión, hay cuestiones como el IVA de las bebidas azucaradas que podrían haberse abordado.