Polémica exclusión inicial de Iglesias
El presidente corrige la exclusión inicial y eleva la función al Consejo de Ministros
La “revolución de la administración pública” prometida por Pedro Sánchez para absorber con eficacia los 140.000 millones de euros de los fondos europeos destinados a España durante los próximos seis años se topó, aún antes de nacer, con un inesperado escollo. Y el presidente del Gobierno se apresuró a superarlo al ordenar incorporar a su vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, al control de la gestión y reparto de estos fondos del que estaba inicialmente excluido.
Tras una semana pródiga en desencuentros en la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos –por la orientación de los presupuestos y el posterior curso de la legislatura, el escudo antidesahucios o la política migratoria, entre otras desavenencias–, Sánchez atendió la protesta que le transmitió Iglesias por su ausencia en el órgano de nueva creación diseñado para controlar estos fondos. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, anunció ayer que una “instrucción expresa” de Sánchez corrigió esta exclusión, de forma que será el Consejo de Ministros en pleno –y por tanto también Iglesias y todos los ministros de Unidas Podemos–, el que asumirá esta función. “Para no duplicar el trabajo”, justificó Montero.
Tal y como inicialmente había anunciado el propio Sánchez, el borrador del real decreto ley que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el próximo mes de diciembre, con medidas urgentes para la modernización de la administración pública y la ejecución del plan de recuperación económica, contemplaba la creación de una nueva comisión ministerial, liderada por el jefe del Ejecutivo, como máximo órgano de gobernanza de los fondos desde la Moncloa. Una comisión que integrarían los 11 ministros más vinculados con la ejecución de los mismos, todos ellos de adscripción socialista salvo la responsable de la cartera de Trabajo, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos.
La difusión ayer de este borrador, que adelantó la Ser y al que tuvo acceso La Vanguardia, volvió a causar malestar en Unidas Podemos ante la exclusión de Iglesias. Pero Montero trató a continuación de apagar este nuevo conato de incendio en la coalición al asegurar que solo era un borrador de trabajo provisional, que Sánchez ya ordenó corregir “hace algunos días”. Y demandó no dar mayor trascendencia a la corrección, ni intentar “sacar punta” a nuevas tensiones en el seno del Gobierno de coalición.
La iniciativa, según se explica en el preámbulo del borrador de la norma, defiende “la necesidad de adoptar medidas urgentes encaminadas a articular un modelo de gobernanza para la selección, seguimiento, evaluación y coordinación de los distintos proyectos y programas de inversión, y reformas normativas de carácter horizontal que permitan una mejora de la agilidad
El jefe del Ejecutivo lanza una “revolución administrativa” para absorber los 140.000 millones de euros
en la puesta en marcha de los proyectos, una simplificación de los procedimientos manteniendo las garantías y controles que exige el marco normativo comunitario, y una mayor eficiencia en el gasto público”. También otorga a las comunidades autónomas “un papel determinante en la ejecución directa de los proyectos y programas” que se financiarán con los fondos europeos en áreas de sus competencias.
El objetivo declarado por Sánchez con esta “revolución administrativa”, según lo denomina, es eliminar los “cuellos de botella” y facilitar y acelerar la gestión de los recursos públicos, mediante las modificaciones de la ley de contratos del sector público, de la ley general de subvenciones y de algunos elementos de gestión presupuestaria, además de agilizar los trámites en los procedimientos de evaluación medioambiental y la introducción de un nuevo instrumento de colaboración público-privada. El impacto adicional del plan en el PIB, según la previsión de Sánchez, será de 2,5 puntos anuales.