El Gobierno inicia los trámites para dar la instrucción a los fiscales
El Gobierno dio luz verde ayer al inicio de los trámites para lograr la aprobación de la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), una norma vigente desde 1882. El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto cuyo mayor hito es trasladar toda la instrucción e investigación al fiscal y hacer desaparecer la figura del juez instructor para convertirlo en un juez de garantías que vele por los derechos de los investigados. De esta forma, la figura del fiscal cobra mayor relevancia en el proceso penal, mientras que el juez se encargará del control de las garantías procesales. Pero esta modificación implicará la renovación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en el plazo de un año para que los fiscales puedan tener la capacidad y los medios tanto materiales como humanos para hacer frente al nuevo reto.
Y sobre todo para que se dote a la Fiscalía de más autonomía. De hecho, desde algunos sectores judiciales ven con recelo esta modificación en un momento en que se ha criticado duramente el nombramiento de una exministra de Justicia como fiscal general del Estado, lo que se considera que pone en duda su imparcialidad y el intento de control por parte del Ejecutivo.
“Efectivamente hay la necesidad de modificar el estatuto fiscal por mil razones”, pero con esta ley “es necesario dotar de medios”, y hay “muchos mecanismos y muchos retoques” que llevar a cabo en ese estatuto “para dotarnos de ese proceso penal nuevo”, explicó ayer el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Uno de los puntos más espinosos de la norma es el control de la información y publicidad que se transmita a la opinión pública a través de los medios de comunicación. La nueva ley dará el control al fiscal en detrimento de los gabinetes de la policía o de los órganos judiciales, encargados de dar publicidad de los asuntos de interés público. No obstante, este control y posible limitación de acceso a la prensa podría acabar en manos del Tribunal Constitucional.
La reforma incluye una serie de modificaciones, como el dar más protección a los diputados o senadores investigados, respecto de quienes solo se reclamará el suplicatorio al Senado o Congreso una vez se decida si efectivamente va a juicio y se presenta un escrito de acusación contra esa persona aforada y no al inicio de la causa para tomarle declaración, como ocurre ahora.
Otro punto que recoge la ley es una modificación de las medidas cautelares y establece dos tipos de detención: la preventiva, similar a la actual, y la detención por ejecución de actos y resoluciones, que solo servirá para llevar a cabo diligencias concretas y durará un máximo de 24 horas, frente a las 72 actuales. Y la prisión provisional, en la que habrá un “control de oficio imperativo, de periodicidad trimestral y a cargo del órgano judicial”, y la creación de una comisión nacional de seguimiento.
El ministro señaló que una vez que se ha finalizado la redacción de la reforma y está presentada en Consejo de Ministros “ahora se abre un proceso intenso de consultas” para mejorar lo que definió como un “texto rico”. Anticipó que se abrirá al “debate público”, se solicitarán los informes preceptivos y se someterá a la discusión parlamentaria. “Es una ley con la que no hay que tener prisa pero no debemos pararnos porque la sociedad lo reclama”, apuntó.
La modificación implicará la renovación del Estatuto del Ministerio Fiscal en un año