Enseñar a dividir
Hablando de educación, hay que empezar por las obviedades. El PP tendría derecho a rasgarse las vestiduras contra la Ley Celaá y a propugnar la desobediencia (moda que los independentistas catalanes han exportado a toda España), si cuando el ministro Wert del PP aprobó la Lomce (2013) lo hubiera hecho con afán pluralista, buscando el consenso con la oposición, evitando que la ley fuera percibida por media España como un trágala. En el Congreso, Wert obtuvo algunos votos más (182) que Celaá (177). Entonces el PP contaba con una confortable mayoría absoluta. Pero ningún otro partido apuntaló la ley ahora corregida. Celaá hace lo mismo que Wert por otra vía: la coalición de PSOE y Podemos encuentra aliados; y se impone.
La ley Celaá es una reversión de los puntos polémicos de la ley Wert. El sociólogo Wert quiso que la religión tuviera estatuto de asignatura evaluable con efecto en la nota global; la profesora de instituto Celaá no elimina la religión, pero la convierte en irrelevante para el historial académico. La escuela privada que concierta acuerdos con los gobiernos autonómicos obtuvo con la ley Wert un seguro de vida. Tanto es así que, en estos últimos años, han aparecido muchos colegios que ya no responden, como era tradicional, al impulso de una institución religiosa o a un proyecto educativo laico (seguidores de Montessori o Piaget, pongamos por caso), sino a fondos de inversión que encuentran
La imposibilidad de un acuerdo de Estado en educación subraya que España no es nación
en la enseñanza una forma como otra de hacer negocio. No valoro el hecho: me limito a describir esta derivada de la ley Wert. Pues bien, la ley Celaá obstaculiza la privada dando clara preeminencia a la escuela pública.
En cuanto a la polémica de las lenguas, el lector recordará que Wert expresó sin rodeos la voluntad de españolizar a los niños catalanes. Recentralizó los contenidos educativos y oficializó por mera retórica un hecho que el Tribunal Constitucional había establecido. El castellano debe ser vehicular, pero puesto que la inmersión es constitucional, la determinación de las asignaturas vehiculares corresponde al gestor educativo. La recentralización de Wert podría persistir en Celaá: es la administración la que decide sobre lenguas y contenidos (pero no precisa si se refiere al ministerio o la conselleria). La retórica de Wert quedó muy tocada por una sentencia del TC en 2018. Ahora la ley Celaá no niega la vehicularidad del castellano, pero amaga con ello para agasajar a ERC que, paradójicamente, a través del conseller Bargalló parecía querer replantear el pleito lingüístico por elevación.
Antes, los ingenuos defendíamos que una ley esencial como la de educación debía responder a un acuerdo de Estado. Ahora los ingenuos somos fatalistas. Sabemos que este tipo de acuerdos no se producirán nunca. España demuestra constantemente que no es una nación, ya que los partidos o corrientes siempre predominan sobre el todo. No habrá nunca acuerdos de Estado en temas esenciales. El Estado sólo es el botín (o, en el mejor de los casos, el instrumento) de la política.