Gobernanza de los fondos europeos
El Gobierno tiene a punto el redactado del decreto ley que regulará la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que deberá gestionar, distribuir y supervisar los proyectos que se financiarán con los 140.000 millones de euros de ayudas procedentes del Fondo de Reconstrucción Europeo (Next Generation EU). Dicho decreto ley incluye, además, una reforma que intenta simplificar los procedimientos de la administración pública para facilitar la rápida tramitación de los proyectos.
Los objetivos que persigue el citado decreto ley van en la buena dirección al pretender agilizar la canalización de los fondos europeos hacia proyectos de inversión transformadores del tejido productivo y creadores de empleo. Sin embargo, todos los fondos europeos, que solo el año próximo supondrán 27.000 millones de euros, deberán gestionarse a través de una única estructura administrativa que dependerá, en último extremo, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de su equipo de asesores de la Moncloa. Ello comporta un doble inconveniente: el riesgo de que se produzca un cuello de botella en la selección, gestión y aprobación de los proyectos, pese a la simplificación prevista de los procedimientos, y la concentración de las decisiones finales en la presidencia del Gobierno. Ello puede llevar a una situación de discrecionalidad, así como de falta de objetividad y de transparencia, que habría que evitar. Al asumir todo el poder sobre la gestión de los fondos europeos el presidente Sánchez asume también toda la gloria, en caso de éxito, y toda la responsabilidad en caso de un eventual fracaso.
Existe temor a que la administración pública española no sea capaz de asumir la gestión, tramitación y ejecución de unos volúmenes de inversión tan elevados con la eficacia y la eficiencia necesaria. Eso sería dramático porque supondría perder una gran oportunidad para acelerar la reactivación de la economía y su transformación hacia un modelo más verde, sostenible y tecnológico. Los problemas habidos en plena pandemia con la gestión de los ERTE, del seguro de paro y del ingreso mínimo vital han puesto en evidencia los límites de la administración pública española cuando trabaja bajo presión.
En varios países de nuestro entorno, como Francia e Italia, se ha optado por dejar la selección y aprobación de los proyectos de inversión de los fondos europeos en manos de grupos o comisiones de expertos independientes. El esquema de gobernanza diseñado por el Gobierno español descarga la mayor parte de la gestión de los fondos en la estructura administrativa pública sin la suficiente apertura hacia la iniciativa privada, que también es clave para el éxito del proceso. Debería reflexionarse sobre el sistema de gobernanza inicialmente diseñado en el citado decreto ley para hacerlo más participativo, ágil y eficiente en la selección, gestión y ejecución de los proyectos de inversión que necesita la economía española.
El plan del Gobierno debe perfeccionarse para ser más participativo, ágil y eficiente