PSOE y Podemos presionan al PP con la reforma exprés del Poder Judicial
La proposición que limita las capacidades del CGPJ puede aprobarse en quince días
El Gobierno no está dispuesto a asumir el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y ha redoblado la presión sobre el líder del PP, Pablo Casado, para que asuma el pacto para la renovación que, según dijo el martes la ministra portavoz, María Jesús Montero, en realidad ya está cerrado. Los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos presentaron juntos ayer una proposición de reforma de la ley del Poder Judicial que, si bien no modifica el mecanismo de elección y las mayorías para pactar la renovación del órgano de gobierno de los jueces, sí limita severamente las capacidades del consejo, una vez su mandato ha vencido. En particular limita su potestad para hacer nombramientos de altas magistraturas judiciales que son cargos vitalicios.
La proposición de ley, registrada ayer, puede entrar en el turno legislativo del PSOE –los grupos parlamentarios tienen asignadas unas ventanas para someter las leyes a la Cámara proporcionales al número de diputados que poseen– y tramitarse de urgencia, con lo que la reforma puede estar aprobada antes de fin de año, en la última semana hábil de diciembre en que hay pleno del Congreso –días 15 a 17 de diciembre–. Tal es la intención expresada por los grupos proponentes de la iniciativa, una medida que no soluciona el bloqueo de un Consejo General del Poder Judicial cuyo mandato expiró en el 2018, pero impide que siga realizando nombramientos vitalicios en las salas más relevantes de la estructura judicial.
Lo que los grupos coaligados en el Gobierno han lanzado es una solución de compromiso que elude expresamente reincidir en el asunto más controvertido de la reforma más profunda del Poder Judicial que los mismos grupos pusieron sobre la mesa a mediados de octubre: simplificar la mayoría necesaria para la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Esa proposición de ley, que los socios mantienen hoy congelada, reducía la mayoría de dos tercios a mayoría absoluta –en segunda votación, 48 horas después de la primera– como requisición to para la renovación, con la intención de superar el veto del PP a los nombramientos. La iniciativa se presentó dos semanas después de que el CGPJ realizara, el 30 de septiembre, seis nuevos nombramientos clave: tres magistrados para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo –responsable de revisar las causas de corrupción– y tres presidentes de sala.
Aunque no a todos los socios de investidura entusiasmó la idea, lo cierto es que hasta el siempre cauteloso PNV subrayó en octubre que, si el PP persistía en el bloqueo institucional, estarían dispuestos a apoyar esta reforma como soluprovisional. Sin embargo, el escándalo causado por esta operación relámpago en la oposición y la preocupación expresada por el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) y por las autoridades de Bruselas–en medio de la pugna con Polonia y Hungría por los fondos de recuperación–, hizo que el Gobierno renunciara momentáneamente a ella. El presidente Pedro Sánchez aprovechó la moción de censura de Vox para anunciar que dejaba en suspenso la reforma propuesta para ofrecer otra oportunidad al diálogo con el PP, justo después de que Pablo Casado anunciara su voto negativo a la moción defendida por Santiago Abascal. Desde entonces, según confirmaba ayer María Jesús Montero, los contactos han sido abundantes e incluso se ha llegado a un acuerdo a falta de que el PP “decida materializarlo”, asegura la ministra portavoz. Sin embargo, los populares niegan la mayor. El martes, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, decía que era falso que hubiera acuerdo –el PSOE ya anunció un pacto en verano y el presidente señaló que tenía los mensajes en su móvil con el plácet de Pablo Casado, que lo negó de forma rotunda–. García Egea repetía que su partido no está
FUNCIONES
La iniciativa impide que el Consejo pueda nombrar jueces claves si ya expiró su mandato
REFORMA PARCIAL
El Gobierno renuncia, por el momento, a cambiar el método de elección de los vocales
dispuesto a pactar la renovación del Poder Judicial con un Gobierno en el que está Podemos y que pacta con Esquerra Republicana y EH Bildu.
Ese rechazo taxativo del PP ha hecho que los socios de coalición pisen ahora el acelerador y propongan una reforma que, cuando menos, limita las designaciones que puede realizar un Consejo General cuyo mandato haya expirado. La reacción del propio Consejo General del Poder Judicial no se hizo esperar y ayer mismo, según recogía Europa Press, la “mayoría de vocales” se mostraba “molesto y crítico” con la reforma registrada por PSOE y Unidas Podemos. Según recoge la citada agencia,
REACCIÓN JUDICIAL
El Consejo critica que la urgencia eluda su informe sobre su propia reforma
EL PP EN EUROPA
Zoido acusa al PSOE de “debilitar el Estado de derecho” ante el Parlamento Europeo
las críticas principales descansan en la fórmula elegida para la tramitación de esta proposición de ley, que siendo tramitada con carácter urgente evita los informes de los órganos consultivos habituales y, en particular, omite la necesidad de un pronunciamiento del propio Consejo General del Poder Judicial sobre la modificación de sus funciones.
A la misma hora, Juan Ignacio Zoido, exministro del Interior del gobierno de Mariano Rajoy y hoy eurodiputado, denunciaba, ante la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, las “constantes maniobras de Sánchez para debilitar el Estado de derecho”.