Bien público global
La declaración final de la cumbre del G-20 de finales de noviembre en Ryad ha dejado, como viene sucediendo en las últimas ediciones de estos encuentros, más retóricas y anuncios referidos al futuro que concreciones efectivas de presente. En unos momentos de transición en la presidencia de Estados Unidos era especialmente difícil ir más allá, aunque los viejos del lugar recuerdan que la primera cumbre del G-20 con el formato actual tuvo lugar en el 2008 en plena transición entre las administraciones de Bush y Obama, pero ¡eran otros tiempos y otros estilos!
Había cierta expectación en ver si se traducía en compromisos efectivos la denominada iniciativa Riad sobre el futuro de la Organización Mundial de Comercio, tras los planteamientos en las cumbres del G-20 de Buenos Aires (2018) y Osaka (2019) en que se había puesto en entredicho la adecuación de ese organismo para liderar un sistema comercial mundial sujeto a tensiones por cambios profundos tecnológicos y geopolíticos de los que la guerra comercial entre China y EE.UU. era más una consecuencia que una causa. Superar la situación de impasse generada en los últimos meses en el nombramiento de una nueva directora general de la OMC, tras vetar inicialmente Estados Unidos a la candidata propuesta por Nigeria que había obtenido apoyos mayoritarios, será un primer test de los compromisos y esperanzas para los maltrechos principios de multilateralismo.
Había asimismo expectación acerca de lo que finalmente han sido los puntos 19 y 20 de la declaración final, sobre las implicaciones de la economía digital y, en particular, sobre posibles avances en temas de fiscalidad internacional aplicables a corporaciones que efectúan electrónicamente una parte importante de su negocio para aflorar
El G-20 ha dado un paso importante al abogar por hacer llegar tratamientos y vacunas a todo el mundo
sus beneficios en las jurisdicciones más favorables a sus intereses. Iniciativas del propio G-20 con la OCDE como la BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) han avanzado en trabajos técnicos pero ya se vio hace meses que el 2020 no iba tampoco a ser el año de un efectivo acuerdo.
Los medios se han hecho eco de que la declaración final da protagonismo a los planteamientos para hacer llegar los tratamientos y las vacunas al conjunto de la sociedad. Merece destacarse el final del punto 3 en que se reconoce el papel de una “inmunización extensiva” como un bien público global. Incorporar de forma explícita esta dimensión al listado de bienes públicos globales que legitiman –de hecho, deberían obligar a abordar– actuaciones cooperativas de los poderes públicos es significativo. Ese listado incluye dimensiones tan centrales como la estabilidad financiera global y la protección medioambiental y un legado permanente de la crisis del coronavirus es explicitar los aspectos más básicos de las dimensiones sanitarias, algo que, deberíamos haberlo aprendido, no puede darse por supuesto como habíamos llegado a creer con cierta arrogancia al menos en Occidente.