Cuestiones legales y judiciales
Cuestiones legales y judiciales están creando más problemas de lo que sería recomendable en nuestro Estado de derecho. Unas veces porque hay discusión sobre la tipificación de delitos y faltas o su falta de coincidencia con lo que está regulado en otros países de la Unión Europea, entre los que debería existir una coincidencia plena para que las euroórdenes funcionaran correctamente. Otras veces porque las presiones políticas deterioran el marco jurídico establecido por la Constitución, como es, ahora, el caso de la falta de renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el mandato caducado.
El PSOE y Unidas Podemos acusan al Partido Popular de cerrar el paso a la renovación del CGPJ al tiempo que amenazan con cambiar la ley para superar la limitación que impone una mayoría de tres quintos de las cámaras para elegir a sus miembros, que lo son por cinco años. Pero no parece posible que el deseo de Unidas Podemos de cambiar la normativa vigente para favorecer los deseos del Gobierno de coalición pueda prosperar, pues hasta en Europa una acción legislativa semejante se vería mal y podría ser llevada a las instancias judiciales. Es lamentable, además, que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo (PSOE), y el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias (Unidas Podemos), no estén de acuerdo sobre el dossier de renovación del Consejo.
En este contexto de desacuerdos, además, hay por medio el asunto de los políticos catalanes presos con largas condenas, respecto a los cuales no parece posible que haya una ley de amnistía ni un indulto administrativo, pues los propios procesados no parecen dispuestos a solicitar tal medida especial de gracia ni muestran arrepentimiento. Si el juicio al procés acabó con condenas por sedición y había comenzado con inculpaciones de rebelión, queda demostrado lo complicada que resulta la tipificación de unos delitos que no tienen equivalencia en la doctrina europea, por mucho que en Europa la idea de la autodeterminación de una región dentro de la Unión Europea no esté ni prevista.
La salida que ahora se está explorando para solucionar este tema es la creación de un delito de nuevo cuño en el Código Penal, el de “desobediencia al Tribunal Constitucional”, que ahora solamente parecería de aplicación a Catalunya, por cuanto se produjeron varias actuaciones contrarias a sus resoluciones en distintos momentos del proceso hacia la frustrada independencia unilateral.
Todo lo que se pueda hacer para evitar que las cuestiones legales y judiciales desvirtúen el funcionamiento de nuestra democracia y añadan más puntos de fricción entre los partidos políticos y la realidad social debe ser bienvenido. No podemos estar al albur de decisiones politizadas de uno u otro signo, sujetas, muchas veces, al capricho de líderes que más que pensar en una justicia correcta piensan solo en ganar las próximas elecciones o en ganar amigos.
Queda demostrado lo complicado de tipificar unos delitos sin equivalencia en la UE