La libertad de expresión y lo inadmisible

Margarita Robles, ministra de Defensa, ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid los mensajes escritos por altos mandos retirados del Ejército del Aire en un grupo de Whatsapp. En ellos se habla de fusilamientos de millones de personas y se sugieren pronunciamientos militares. La ministra de Defensa pretende dilucidar si tales mensajes tienen “relevancia penal” y salir en defensa de “la honorabilidad y la estimación de las fuerzas armadas”, un colectivo que reúne a 120.000 hombres y mujeres, dispuestos, en su gran mayoría, a cumplir sus funciones establecidas en la Constitución vigente en España. Es decir, en un país democrático, plural, libre y sin espacio para conductas como las alentadas en el chat. A su vez, la Fiscalía respondió pidiendo a Defensa que identifique a quienes estaban en ese chat, todos ellos militares jubilados, parte de los cuales firmaron el pasado mes de noviembre una carta remitida al rey Felipe VI. En ella exponían su malestar por el hecho de que España estuviera actualmente en manos de “un Gobierno social-comunista apoyado por filoetarras e independentistas”, alertaban de que alguno de sus proyectos legislativos podían “aniquilar de raíz” la democracia, y se ponían a disposición del Monarca para defender la unidad de España. Aquella misiva, remitida por miembros de la XIX promoción de la Academia General del Aire –posteriormente llegó a la Zarzuela otra carta de cariz similar, firmada por miembros de la XXIII promoción de la Academia General Militar– recogía opiniones discutibles, pero protegidas por la libertad de expresión vigente en nuestro país. Según ha recordado atinadamente José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Supremo, dichos militares “tienen derecho a la libertad de expresión gracias a personas que precisamente fueron fusiladas”. Ahora bien, el contenido del chat referido colisiona frontalmente con los usos propios de una sociedad democrática. Es, lisa y llanamente, inadmisible.

Este asunto ha sobrevolado las últimas sesiones del Congreso de los Diputados. Con alguna excepción, los partidos han expresado abiertamente su disconformidad con unas proclamas inasumibles por un país que sufrió durante buena parte del siglo XX los efectos de un golpe de Estado y que, en 1981, seis años después de la muerte del general Franco, tuvo aún que superar un anacrónico intento golpista. Particularmente lamentable ha sido, en este sentido, la posición de Vox, cuyo portavoz parlamentario insistió en que no había que revelar el contenido de chats privados y añadió que su formación no tenía nada que ver con el chat de los militares jubilados. Entretanto, una diputada de Vox calificó a los militares que enviaron la carta como “nuestra gente”.

En una democracia consolidada no es de recibo la tibieza ante las veleidades de regusto golpista ni, mucho menos, la identificación con ellas. Antes de que las cartas citadas llegaran a la Zarzuela, Vox se había expresado ya en términos parecidos, denostando al Gobierno “social-comunista” y negándole la legitimidad que le otorgaron las urnas. No es ese un camino transitable para ningún partido comprometido con la democracia. Ni es tarea de los militares presionar al Rey para que incumpla sus funciones arbitrales. No vamos a decir que haya conexión orgánica o complicidad entre dicho partido y los militares del chat. Pero parece claro que sintonizan en algunos de los mensajes y que se alimentan mutuamente.

La defensa de la democracia compete a cualquier partido y a cualquier agente político. Es imprescindible que todos ellos se manifiesten de modo inequívoco contra quienes alientan la involución. Esa es la mejor y la más efectiva medida para aislar a los que no han entendido todavía las normas de convivencia felizmente imperantes en nuestro país.

Ningún partido democrático puede permitirse tibieza ante las veleidades golpistas