Subida del impuesto de matriculación
Con el sector del automóvil en España hay que tener mucha sensibilidad política. No solo porque somos el segundo país europeo productor de automóviles sino porque el conjunto de fabricantes constituye el pilar de la industria española, con una aportación de más del 10% al producto interior bruto y el mantenimiento de dos millones de empleos con un alto nivel de cualificación. El poder de decisión sobre el futuro de esta industria, además, no está en nuestras manos sino que depende del estado mayor de multinacionales extranjeras que valoran con mucho detalle la competitividad del país y la atención que se les presta.
Son unos momentos muy difíciles para el sector del automóvil, al igual que para el conjunto de la economía, pero con el agravante de que se encuentra en plena transformación del modelo de movilidad hacia vehículos menos contaminantes, en un futuro lleno de incertidumbres. En esta situación tan delicada no se trata de poner palos a las ruedas al automóvil sino de facilitarle la superación de los problemas, sobre todo cuando tiene anunciadas inversiones en España por valor superior a los 90.000 millones de euros.
Todo lo anterior hay que ponerlo de relieve frente a la tendencia creciente de criminalización del automóvil en determinados sectores políticos y sociales, al que culpan como primer responsable de la contaminación medioambiental aunque ello no responda plenamente a la realidad. Solo en esta perspectiva se entiende el aumento del impuesto de circulación para el año próximo acordado ayer en el pleno del Congreso de los Diputados que debate los presupuestos del Estado, y que fue aprobado con los votos a favor de PSOE, Podemos, ERC, Bildu y Más País.
Los citados grupos parlamentarios impidieron con sus votos que prosperase una enmienda del PDECAT para introducir en el impuesto de matriculación un mecanismo corrector que evitase la subida que sufrirá este tributo el año próximo como consecuencia de la nueva normativa europea sobre medición de emisiones, al igual que ya han hecho Francia y Portugal.
El aumento del impuesto de matriculación el año próximo, según los cálculos del sector, tendrá un impacto muy negativo en las ventas de automóviles y podrían dejarse de vender 110.000 vehículos. Ello supondrá un duro golpe económico que se sumará al impacto ya negativo que se arrastra por la pandemia. Dada la crisis actual no es momento de subir impuestos, como han recomendado las principales instituciones económicas internacionales. Pero, además, es también un pésimo momento estratégico para penalizar este sector porque son varios los fabricantes que están en el proceso de decidir en sus casas matrices la adjudicación de nuevos modelos e inversiones para los que España está entre los países candidatos. La decisión tomada ayer en el Congreso es un error. El presidente del Gobierno debería intervenir, por tanto, para atenuar sus efectos.
La decisión aprobada ayer por el Congreso es un error porque penaliza al sector del automóvil en plena crisis