Las listas de espera para plazas asistenciales avergüenzan al Govern

Catalunya tiene 40.000 personas que no son invisibles aunque muchos no quieran verlas. Se trata de personas con discapacidad intelectual, que ayer lanzaron precisamente este mensaje: “No somos invisibles”. La Generalitat, a través de Pere Aragonès, reconoció que Catalunya está lejos de los objetivos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,

aprobada por la ONU en el 2006. Esta situación, reconoció sin ambages el vicepresident, “avergüenza al Govern”. Las largas listas de espera para acceder a una plaza asistencial en una residencia o en un centro de día también le causan sonrojo, confesó.

Pere Aragonès participó ayer en un encuentro virtual con familiares y personas con discapacidad intelectual. La reunión fue propiciada por Dincat, la principal representante del colectivo en Catalunya y que agrupa a casi 300 entidades sociales. El vicepresident escuchó las críticas de Xavier Orno, Xavi Torres, Ana Morón, Rubén Ramos, Raquel Rueda, Raquel Arriaza y Sergi Moncunill, que no solo demostraron su visibilidad, sino también la claridad de sus ideas. “Nada sobre nosotros sin nosotros”, dijo uno de ellos.

El vicepresident aceptó todas las críticas y fue incluso más allá.

Reconoció que actos como el de ayer evidencian “los límites del estado del bienestar” y concluyó que las desigualdades estructurales que aquejan a las personas con discapacidad son “inaceptables”.

Los problemas son muchos y las familias afectadas se han sentido muy solas, especialmente durante la pandemia, como explicaron padres como Herminia Ordeig y Jordi Durà. O como Núria, que en un vídeo denuncia la ignorancia y la falta de empatía de gran parte de la ciudadanía. Cuando ella y su hijo, con un permiso terapéutico, salían a pasear durante el confinamiento se tenían que enfrentar a los insultos de la policía de balcón.

Más de 3.250 personas como su hijo están en una lista de espera para acceder a una plaza residencial. Y 1.266 para una plaza en un centro de día. La espera para acceder a un vivienda tutelada o con apoyo puede ser de hasta 10 años. Y, cuando la ansiada plaza se obtiene, no se acaban las dificultades. El sistema de copago y las insuficientes ayudas llevan a muchas familias a una situación de pobreza. El vicepresident Aragonès lamentó que el copago no se pueda eliminar, pero reconoció que “hay margen de mejora” y tomó buena nota de lo que le dijo una de las usuarias de Dincat: “Necesitamos sentirnos escuchados. Habladnos de forma que os podamos entender”.