El portazo judicial a la salida de los presos deja solo la vía política
El Supremo revoca el tercer grado por prematuro; quedan los indultos o la reforma penal
No por esperada la decisión del Tribunal Supremo de revocar el tercer grado a los presos independentistas condenados por el 1-O y de denegar incluso la aplicación de los beneficios del artículo 100.2 del reglamento penitenciario ha dejado de caer como una losa sobre los afectados, sus familias y el conjunto del bloque independentista. Y es que la resolución, a las puertas de la Navidad, afectará sensiblemente la vida de los penados y, en vísperas de la cita con las urnas del 14-F, condicionará el tono de la campaña electoral, como ya ocurrió el 2017.
El portazo del Supremo deja ahora la suerte de los presos en manos de Pedro Sánchez en el medio plazo. Del Gobierno depende la reforma del delito de sedición y la concesión del indulto, las otras dos vías, en este caso políticas, sobre la mesa para que los líderes independentistas salgan de prisión.
Para el Supremo, la legislación vigente advierte que sin arrepentimiento y reconocimiento de hechos los presos independentistas no pueden disfrutar de una situación de libertad cuando no han cumplido la mitad de la pena. Una condición que la Fiscalía reclamó durante el juicio del procés, que el tribunal rechazó y que ahora aplica directamente. Una decisión que ha recibido el calificativo unánime de “venganza” por parte de los presos y los principales dirigentes soberanistas y que supone, de hecho, la segunda irrupción consecutiva de la justicia en el escenario electoral catalán.
De entrada, Carme Forcadell y Dolors Bassa son las más directamente afectadas por la resolución, porque continuaban saliendo de prisión y ayer mismo tuvieron que volver, respectivamente, en los centros de Wad-ras y Puig de les Basses. Por el contrario, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, todos en Lledoners, ya tenían suspendido el tercer grado desde el momento en que la Fiscalía presentó el recurso que ahora ha resuelto el Tribunal
Supremo, con ponencia del presidente de la sala, Manuel Marchena. Se beneficiaron 14 días.
El Alto Tribunal considera “prematura” la decisión de conceder los terceros grados a los líderes independentistas, y no solo por el tiempo que han cumplido en prisión por penas tan graves como son las del delito de sedición, sino porque no han mostrado una reinserción social real. “Es preciso que transcurra un período de tiempo mayor para que se pueda valorar adecuadamente la evolución del interno y del tratamiento penitenciario, máxime cuando la pena es tan elevada y la progresión se acuerda cuando aún no ha transcurrido ni la cuarta parte de la condena”, recoge la resolución respecto del exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras.
Además, el tribunal lanza una dura crítica a las instituciones catalanas y a los jueces de vigilancia penitenciaria por avalar los terceros grados cuando no ha habido un cumplimiento adecuado de la pena. Considera que los presos no están preparados para una reinserción.
La sala critica que uno de los argumentos para concederles el tercer grado, sin ni siquiera haber cumplido la mitad de la condena, es que los pensamientos independentistas de los presos son legítimos. “Ni Oriol Junqueras ni ninguno de los acusados en este procedimiento han sido condenados por perseguir la independencia de Catalunya. Las ideas de reforma, incluso ruptura, del sistema constitucional no son, desde luego, delictivas. Su legitimidad es incues
REACCIÓN
El soberanismo considera una “venganza” la nueva decisión judicial
SALIDAS POSIBLES
Del Gobierno dependen la reforma del delito de sedición y la concesión del indulto
tionable, está fuera de cualquier duda. El pacto de convivencia proclamado por el poder constituyente no persigue al discrepante. Ampara y protege su ideología, aunque esta atente a los pilares del sistema”, recoge la resolución.
Los nueve condenados por sedición por el Supremo recibieron el tercer grado por parte de las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios, decisión que fue avalada por distintos jueces de vigilancia penitenciaria. Sin embargo, la decisión fue recurrida por la Fiscalía y ahora estimada por el Supremo, que aprovecha para criticar estas resoluciones. “Yerra la juzgadora de instancia al dejar entrever que la estimación del recurso del ministerio fiscal implicaría exigir al interno que modificara su ideología. Junqueras
no fue condenado por su ideología independentista. Fue declarado autor de un delito de sedición en concurso con un delito de malversación de caudales públicos en su modalidad agravada, con base en los hechos declarados probados en el juicio histórico de nuestra sentencia”, subrayan los magistrados en la resolución.
Tras esta decisión, en el corto plazo, los presos sólo podrán salir de la cárcel a través de permisos penitenciarios ligados al cumplimiento de una cuarta parte de sus condenas. En realidad, Sànchez, Cuixart, Forn, Rull y Bassa ya han cumplido este tiempo –en enero los dos primeros, junio el tercero, julio el cuarto y octubre la quinta–, pero Junqueras no lo hará hasta el 30 de enero del 2021, Forcadell hasta el 4 de febrero y Turull y Romeva hasta el 18 de febrero.
Así, la participación de algunos de ellos en la campaña electoral del 14-F queda limitada a esos permisos, que si son de 48 h dependen de la administración penitenciaria y no deben ser validados por un juez.
Desde Jxcat a ERC, pasando por Catalunya en Comú y la CUP, el soberanismo censuró sin fisuras una decisión judicial que considera una “venganza política”, un “escarmiento”, una “arbitrariedad” y una “injusticia”. Y hasta el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, emitió un comunicado en el que detecta varias “vulneraciones de derechos” en los autos del Supremo, agrupadas en cuatro apartados: “juez predeterminado por ley”, “libertad ideológica”, “duración de la condena” y “unidad de acción inadecuada”.
Más allá de las peticiones de amnistía que lleva tiempo reiterando el independentismo, la principal baza de los presos para abandonar la cárcel es ahora la tramitación del indulto por parte del Gobierno español, que no tiene por qué verse condicionado por la decisión del Tribunal Supremo, pero que difícilmente llegará antes del 14-F para revertir la situación. En cualquier caso, los fundamentos de la resolución de ayer pueden acabar siendo los mismos del informe preceptivo aunque
RESOLUCIÓN
Los magistrados entienden que el tercer grado es “prematuro”
ADVERTENCIAS
El tribunal subraya que los presos “no están condenados por independentistas”
no vinculante que debe emitir tanto el TS como la Fiscalía antes de la decisión del Consejo de Ministros.
El PSC mostró su “respeto absoluto por la decisión del tribunal, mientras Cs, PP y Vox celebraron, con gradaciones distintas, que quede claro que “los presos independentistas no puedan tener privilegios”. Polémica fue la intervención de la Asociación de Fiscales, que en su cuenta de Twitter acompañó con un “de donde no debieron salir nunca” el retorno de Forcadell y Bassa a prisión y compartió un mensaje celebrando que Junqueras “se comerá el turrón en prisión”. Los tuits fueron borrados horas después.