Tercer grado revocado

El Tribunal Supremo revocó ayer el régimen de tercer grado que en su día fue concedido a los nueve presos condenados en el juicio del procés por las prisiones catalanas, la Conselleria de Justícia de la Generalitat y los jueces de vigilancia penitenciaria. Con la decisión del Supremo, los presos independentistas regresan a un régimen de internamiento más severo y pierden el de semilibertad que llegaron a disfrutar antes del verano. Asimismo, el Supremo ha privado a los presos de las salidas para trabajar o atender a otras personas, al amparo del artículo 100.2 del reglamento penitenciario.

La argumentación del Supremo es, naturalmente, jurídica. Y muy dura con la administración de la Generalitat, a la que reprocha convertirse en “una extravagante tercera instancia que se arroga la tarea de hacer más justa la decisión de los jueces”. En su opinión, este tercer grado generaba “sensación de impunidad”.

La reacción en medios independentistas ante esta revocación no se ha guiado por argumentos jurídicos. Prefieren calificarla como un acto de venganza y escarmiento. En dichos medios, está extendida la opinión de que el Estado es un magma donde se alían los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, con el propósito de reprimirles.

Estamos, pues, ante una argumentación de cuño legal que es ignorada y desdeñada por quienes van a padecer sus efectos y solo saben ver en ella la cobertura para lo que consideran un castigo político, al que responden, a falta de réplicas jurídicas, con valoraciones favorables a su discurso político.

Este es, ciertamente, un asunto político. Y solo la política puede resolverlo. Lo hemos dicho antes y lo repetimos hoy. Es obvio que no se puede violentar el orden legal, como pretendieron en su día los condenados, traicionando la confianza que el Estado había depositado en ellos y ninguneando a la oposición en el Parlament de Catalunya. Era perfectamente previsible que el Estado de derecho frenara aquel intento y encausara a sus responsables. Pero todo esto pertenece ya al pasado. La prioridad es ahora hallar una salida a la crisis que nos acerque a una relativa normalidad política. Y, con ese horizonte, y por más fundamento que tengan las decisiones judiciales, la aplicación reglamentaria de las penas no será, si no viene acompañada de otras medidas, la que nos permita recuperar con mayor presteza tal normalidad.

El Gobierno está trabajando en la vía del indulto. Es una opción que irrita a la derecha, y en la que esta halla nueva munición para su discurso de censura constante a un Gobierno que tacha de vendido sin remisión a independentistas y filoterroristas. (A pesar, dicho sea de paso, de que esta revocación llega un día después de que los grupos así descritos contribuyeran decisivamente a la aprobación de los presupuestos del 2021). Pero el citado indulto es también una opción que, como ha dicho la vicepresidenta Carmen Calvo, está legítimamente protocolizada en el orden legal vigente.

La permanencia en prisión de los condenados en el juicio del procés debería abreviarse al máximo, en la medida en que eso sea posible. Guste o no, dicha permanencia, que afecta a figuras señeras de las dos principales formaciones independentistas, es un factor de distorsión y encono en el día a día de la política. Y mucho más lo será –con las consecuencias fácilmente previsibles– en la inminente campaña electoral de las elecciones catalanas previstas para el 14 de febrero.

Así las cosas, todos los factores de distensión que puedan introducirse en la escena política catalana serán bienvenidos. La ley sigue su camino. La política, el suyo. Pero no cabe olvidar que estos y otros ámbitos sociales están al servicio de la convivencia. Y que es su logro –en este caso, su recuperación– el que ante todo debe iluminar la tarea de cuantos ciudadanos tienen vocación política o responsabilidad pública.

Tanto la justicia como la política deben tener como prioridad el logro de una mejor convivencia