La legislatura más aciaga
La condena del 1-O, la inhabilitación de Torra y el virus dejan sin aire al Parlament
Nunca un partido alejado del catalanismo fue la primera fuerza política en el Parlament, nunca una docena de líderes independentistas fueron encarcelados, juzgados y condenados en el Tribunal Supremo, nunca un president de la Generalitat fue despojado de su voto e inhabilitado en ejercicio del cargo por una pancarta, nunca el hemiciclo estuvo tan vacío… por una pandemia. La XII legislatura es la del nunca antes y, al mismo tiempo, la del más de lo mismo. Gestualidad, brega entre socios independentistas… pero también gestión pura y dura, muy dura, desde el autonomismo... La excepcionalidad crónica es la nueva normalidad. Y el coronavirus lo contagia todo.
LEGISLATURA DE MÍNIMOS Pocas leyes en el Parlament, gobernar por decreto-ley
El Parlament cierra con 32 leyes aprobadas, 20 de ellas impulsadas por los grupos y solo 12 por el Govern, que ha utilizado como nunca antes la figura del decreto-ley. Se han tramitado hasta 75, de los cuales 67 fueron validados. De hecho, a falta de grandes consensos, la pandemia se ha gobernado a través de esta figura legislativa, más aún después de la inhabilitación del president Torra, que dejó al Govern en funciones y sin posibilidad de impulsar proyectos de ley. La producción de leyes ha sido de mínimos, solo el mandato anterior que finalizó con la intervención de la Generalitat con el artículo 155 de la Constitución registra peores números (26) y la convocatoria electoral envía a la papelera 9 proyectos de ley del Govern y 41 proposiciones de los grupos. Eso sí, al récord de decretos leyes se suma el de plenos monográficos, 14; y de comisiones de investigación, 8.
Además, más de un centenar de nombramientos de designación parlamentaria se han convertido en un triste recordatorio al final del orden del día de cada reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces. Organismos como el Consell de Garanties Estatutàries (el denominado “TC catalán”), el CAC o la Corporació Catalana de Mitjans están más caducados que el Poder Judicial
en Madrid. Cs perdió su oportunidad de ocupar gran parte de las vacantes con nombres propuestos por su formación. Ahora lamenta “no haber sabido hacer política de despachos”.
MÁS RECURSOS Con presupuesto tres años después, sin grandes pactos
La aprobación de los primeros presupuestos desde el 2017 es un éxito que esgrime Pere Aragonès. El vicepresident subraya, por un lado, su valor político estratégico –es el primer pacto de gestión con los comunes en muchos años– y, por otro, el trampolín que supone para la “obra práctica de Govern”. Jéssica Albiach (Catalunya en Comú) se apunta a un “éxito que da oxígeno a la administración”. Aragonès pone el foco principalmente en los 900 millones para Salut que saca ahora del cajón proyectos como las ampliaciones del Parc Taulí o el Trueta. No obstante, el presupuesto no lo tapa todo. Elsa Artadi (Junts) no habla del presupuesto pero sí de leyes atascadas en el Parlament desde hace varias legislaturas que han visto la luz rozando la unanimidad. Las últimas justo antes de tocar la bocina final como la de las Áreas de Promoción Económica Urbana o la de facilitación de la Actividad Económica, pero también la de Igualdad de trato y no discriminación.
Para Miquel Iceta (PSC), es “otra legislatura perdida, ¡y llevamos 10 años”; para Albiach, el Govern merece “un suspenso a nivel parlamentario”, y subraya que las leyes sobre la regulación del precio del alquiler, las violencias machistas o la salud bucodental tienen origen en iniciativas ciudadanas o de la oposición.
La oposición coincide en que el Govern “ha sido incapaz de pactar con la oposición”. Y se señala la ausencia de acuerdos para la reactivación económica, la reconstrucción social o un pacto de salud. Los comunes también echan en falta un acuerdo de partidos y agentes sociales sobre el uso de los fondos europeos. Carlos Carrizosa (Cs) lamenta que “no solo se han despreciado las ofertas de la oposición, sino que el Govern tampoco se ha comunicado con los agentes sociales y sectores afectados por la pandemia”. Alejandro Fernández (PP) no ahorra en adjetivos: “El peor gobierno posible” para una “gestión humillante y tercermundista” de la pandemia.
UN PARLAMENT EN CONFLICTO El ring de las batallas del independentismo
La legislatura habrá durado 2 años, 11 meses y cinco días. Cubrió su primer año paralizada, con el pleno de investidura de Carles Puigdemont abortada en el Parlament y el Tribunal Supremo enviando a prisión a Jordi Turull antes de una segunda votación que le podía convertir en president. La elección de Quim Torra no llegó hasta mayo del 2018, después del encarcelamiento y puesta en libertad de Puigdemont en Neumünster, descartado el delito de rebelión. El nuevo Govern de Junts y ERC toma posesión el mismo día que Pedro Sánchez llega a la presidencia española tras la moción de censura contra Mariano Rajoy. La intervención de la Generalitat por el 155 se levanta en paralelo al relevo en la Moncloa. Pero la parálisis del Parlament se prolonga por la suspensión como diputados de los presos independentistas y el enfrentamiento entre Junts y ERC se enquista en la Cámara.
El juicio y la sentencia del procés, en octubre del 2019, marcan el segundo año del mandato, la respuesta política tarda en llegar y es
de bajo nivel. Poco después llega el divorcio de los socios. El Parlament vota, pero no publica, resoluciones en favor de la autodeterminación y contra la monarquía. El Tribunal Constitucional sigue apercibiendo a la Mesa de la Cámara, con Roger Torrent al frente. En enero, la Junta Electoral Central retira el escaño al president Torra y el Parlament ejecuta la orden. Por primera vez el president no es diputado, pero mantiene la iniciativa política, anuncia elecciones en diferido y, ya con la pandemia en marcha, deja en manos del Supremo el fin de la legislatura. La inhabilitación del president marca la fecha.
“Represión de principio al final”, señala Aragonès, que para Artadi no es excusa. De hecho, señala “la sumisión del Parlament” como “lo peor” de la legislatura. Desde la no investidura de Puigdemont –que desmonta el relato de la restitución–, hasta “la degradación de no publicar resoluciones”. “La censura se ha instalado en el Parlament”, señala apuntando a Torrent.
Carles Riera (CUP) reitera que el independentismo se ha rendido al “autonomismo” en el Parlament. Al otro lado, Carrizosa cree que lo más grave ocurrido en el Parlament fue el “aplauso a los CDR detenidos” por terrorismo y después puestos en libertad.
SOCIOS Y CONTRINCANTES Del pragmatismo de ERC a la confrontación de Junts
El último año del Govern ha sido una propina. Torra pretendía convocar elecciones antes del verano pero se impuso el criterio de Junts de ganar tiempo, también para reordenarse tras la ruptura con el PDECAT –que conduce a una crisis en el Govern–, y con ERC disparada en las encuestas. Ha habido hasta tres pactos de coordinación fallidos en el Govern y solo la gestión de la pandemia ha impuesto la enésima tregua en público. La batalla soterrada es continua.
La ausencia de estrategia conjunta pesa desde el 30 de enero del 2018 al frustrarse la investidura de Puigdemont. Aragonès huye de la pugna entre independentistas pero admite esa divergencia y saca pecho por ERC: por un lado están “los de la confrontación simbólica”, que sitúa lejos de ser inteligente, y por otro “los que no quieren perder el tiempo” y gestionan el mientrastanto. Artadi considera “mejorable” la unidad del independentismo, aunque destaca que se han “clarificado cosas”: “los comunes se han puesto de perfil con la amnistía” y ERC se desmarca del Consell per la República.
Riera cree que el Govern ha contribuido a la “represión” actuando como acusación en causas contra independentistas. Carrizosa ve un Govern “empeñado en el procés”; Iceta señala las “prioridades equivocadas, división interna y mala gestión”; y Albiach recuerda que la acción judicial “no te exime de gobernar Catalunya”. Pide autocrítica y asumir responsabilidades. Para Fernández, el Govern “se dejó llevar” por Waterloo y Torra.
Puigdemont presentó ayer su nuevo plan de “desbordamiento democrático” hacia la independencia, mientras los republicanos siguen con el “ampliar la base” de Oriol Junqueras. Lo que está en juego es la primacía en el independentismo que ya solo comparte la defensa de la amnistía y el derecho de autodeterminación. ERC tiene por primera vez la victoria al alcance de su mano y la presidencia de la Generalitat a partir de una propuesta pragmática, de negociación con el Gobierno de Pedro Sánchez y la apuesta por la gestión. Junts se aferra al efecto Puigdemont y Laura Borràs y al espíritu del 1-O.
EL DIÁLOGO PERDIDO De Pedralbes a la Moncloa, pasando por el presupuesto
La relación prioritaria que ERC tiene con el Gobierno de Sánchez es uno de los focos de conflicto. El contacto entre el entorno de Puigdemont y la Moncloa nunca se perdió pero la victoria republicana en las elecciones generales convirtió los votos de los de Junqueras en una de las llaves de la legislatura. Hasta entonces, Aragonès y Artadi habían negociado con la vicepresidenta Carmen Calvo en un escenario de diálogo. El grupo de Whatsapp Coordinación Bcn-madrid echó humo durante meses y en diciembre del 2018 propició la declaración de Pedralbes. Se reconocía la existencia de un “conflicto político” y se apostaba por el diálogo para “vehicular una propuesta política que cuente con un amplio apoyo en la sociedad catalana”. Luego llegó la polémica por el relator y la ruptura también por Whatsapp: “Entiendo que es un no. Suerte”, escribió Calvo. Días después, el Congreso tumbaba los presupuestos de Sánchez con los votos de los independentistas y se enfilaban dos convocatorias electorales seguidas. El juicio a los líderes del
procés arrancaba en el Supremo. La estrategia cambia tras las elecciones generales. ERC negocia en la Moncloa y apuesta por la mesa de diálogo entre gobiernos con la pretensión de convertirla en carta electoral. La oposición de Torra, a quien Sánchez no reconoce como interlocutor válido, y la incomodidad de Puigdemont desde Waterloo retrasan la convocatoria hasta febrero de este año. La escenificación incluyó antes el paso de Sánchez por la plaza Sant Jaume. Trece años después, un presidente del Gobierno entraba en el Palau de la Generalitat. Y lo hacía con una “agenda para el reencuentro” que pretendía guiar la reunión del 26 de febrero de las delegaciones gubernamentales en la Moncloa.
No se llegó ni a una aproximación sobre el diagnóstico y el compromiso de blindar el diálogo de las convocatorias electorales fracasó a la primera de turno. Aragonès confía en que el mecanismo se pueda retomar tras las elecciones e Iceta espera que sobre la mesa esté “la financiación y el despliegue del autogobierno”. Los socialistas ya han dado el portazo a la ley de amnistía y la reforma del delito de sedición espera en el cajón. La tramitación de los indultos está pendiente del informe del Supremo y la Fiscalía, pero ni ERC ni Sánchez tienen interés en abordarlos antes del 14-F.
Sin diálogo entre gobiernos, ERC intenta que sus votos no pierdan valor en el Congreso. Ahí está el apoyo a los presupuestos, precedido por el voto a los dos últimas prórrogas del estado de alarma.
ELECCIONES EN PANDEMIA Pendientes del virus, la abstención y los indecisos
La convocatoria automática de elecciones ha situado las urnas en lo que los expertos ya consideran la tercera ola de la pandemia. Los resultados estarán condicionados por el aumento de la abstención y los indecisos que señalan las encuestas. El independentismo llega enfrentado y con dudas sobre cómo afrontar una nueva alianza de gobierno cuando lo que se impone es la desconfianza. Por su parte, el denominado “constitucionalismo” no halla nexo de unión y el PSC intuye en silencio su oportunidad. La legislatura ha sido infausta, el 14-F dirá si para todos.