La escuela concertada sale a la calle contra la ley de Educación
El PP avanza que llevará la nueva norma al Tribunal Constitucional
Miles de coches salieron ayer a las calles de un buen número de ciudades españolas para protestar contra la ley Celaá y defender la escuela concertada. La ministra de Educación, por su parte, defendió que la norma es plenamente constitucional y solo pretende corregir abusos.
La mancha naranja se ha extendido desde Madrid, donde se han producido ya seis concentraciones apoyadas por los partidos políticos conservadores, a las principales ciudades españolas, incluidas las catalanas. Los globos y las banderas de ese color, que simbolizan ya la defensa de la escuela concertada, se hicieron notar en la mañana de ayer domingo en los miles de vehículos que se desplazaron en caravana para protestar por el supuesto mal trato que da a las escuelas de titularidad privada sufragadas con fondos públicos, la nueva ley orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe), más conocida como la ley Celaá.
La plataforma Más Plurales, que aglutina a patronales, sindicatos y familias de escuelas concertadas, leyó un manifiesto en el que acusa de intervencionista a la ley al “restringir derechos y libertades ciudadanas” y de atentar “contra la pluralidad del sistema educativo” y “el derecho de las familias a elegir el centro educativo de sus hijos”.
Critica que la ley llega “sin diálogo, sin negociación, sin consenso político y social” y con una tramitación parlamentaria “exprés” en la que “se ha vetado la participación de la sociedad civil”, según los convocantes en Madrid, que estuvieron respaldados por dirigentes del
PP, Ciudadanos y Vox. “Esta ley elimina la demanda social como criterio de programación de plazas gratuitas, permite la distribución del alumnado por la administración educativa sin tener en cuenta la libertad de elección de los padres, inventa un derecho a la educación pública, cuando el derecho reconocido en la Constitución es el derecho a la educación”, indicaron los convocantes. Además, defendieron la diferenciada, la educación especial y la lengua.
Pero las manifestaciones fueron distintas en función de la localidad. En la caravana del paseo de la Castellana de Madrid estaban presentes el presidente del PP, Pablo Casado, la presidenta madrileña, Isabel
Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital y portavoz del PP, José Luis Martínez-almeida. El Ayuntamiento anunció la cesión de 23.000 m2 de terreno a la Comunidad de Madrid antes de que el pleno del Senado apruebe la ley el próximo miércoles. Se trata de un nuevo intento de burla del texto de la reforma, que limita la concesión de suelo público para colegios de carácter privado, una práctica extendida en los últimos años en esta Comunidad que tiene un porcentaje importante de escuela concertada (36%).
Euskadi fue la única comunidad autónoma donde los ciudadanos no salieron a protestar, siendo la autonomía con mayor proporción de escuela concertada (el 49%). El
EL AYUNTAMIENTO DE MADRID En un nuevo intento de burlar la ley, el Consistorio cederá terreno para un colegio
LA CALMA EN EL PAÍS VASCO El Gobierno del PNV, partido que apoya la norma, promete que no habrá impacto
Gobierno vasco ha prometido que la ley –que el PNV ha apoyado–, tendrá un impacto nulo en la concertada vasca.
En Catalunya, en cambio, la contestación fue considerable en las principales ciudades, con 400 vehículos en Barcelona, según la Guardia Urbana, que circularon en un ambiente festivo, en ausencia de banderas identitarias. Los manifestantes creen que la reforma rompe con el consenso que impulsó la ley de Educación de Catalunya, que considera que la escuelas de iniciativa social forma parte del servicio público educativo. Y que la ley Celaá, de rango superior por ser ley orgánica, va a permitir al Govern determinar aspectos difíciles de defender jurídicamente con la LEC, como la programación escolar y la oferta de plazas sin incluir la demanda de las familias.
El Departament d’educació, en manos de ERC, apuesta por la educación pública ante las grandes necesidades de atención al alumnado.
La plataforma convocante, Més Plurals, formada por asociaciones de padres y sindicatos de profesores, además de las patronales del sector, pide que la escuela sea plural, gratuita y universal. “La Lomloe se olvida de la equiparación salarial entre el personal de la escuela pública y concertada, la financiación sigue siendo sustancialmente inferior y no da solución a ninguna financiación complementaria”. Y recuerda que la concertada acoge al 37% del alumnado vulnerable.
El texto de la ley prevé la eliminación de la “demanda social” como elemento que tener en cuenta en la programación de plazas escolares. Es decir, la autoridad educativa establece las plazas sufragadas con dinero público (públicas y concertadas) antes de que los padres elijan la opción que desean y lo hacen en beneficio de públicas vacías. Esto posibilita eliminar los conciertos antes de saber si ese colegio está demandado.
Para Més Plurals, la programación de la oferta va en contra del artículo 27 de la Constitución, que establece que los poderes públicos garantizarán a los menores el derecho a una plaza escolar y a los padres el derecho a que “sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Si se cierran grupos concertados, sostiene la plataforma, se elimina la posibilidad de elegir.
Además, la ley suprime el pago de cuotas a fundaciones en escuelas concertadas, que fue un acuerdo tácito entre las patronales, familias y sindicatos por el que los padres abonaban la parte del coste de la matrícula que la administración no sufraga. “Esas cuotas tan voluntarias como necesarias” como las definió Ernest Maragall cuando era conseller de Educació.
No obstante, la asunción de estos pagos particulares ha derivado en la segregación escolar actual y en la concentración de alumnos desfavorecidos básicamente en determinados centros y el beneficio del pago sufragado en colegios de élite.
La ley Celaá trata de compensar esta diferencia, potenciando las plazas públicas de calidad y definiendo un nuevo proceso de admisión de alumnos por el que los que llegan a mitad de curso (generalmente, de familias inmigrantes) deban ser asumidos por la concertada también. Pero no se compromete a la gratuidad de la plaza concertada.
En Catalunya, el Pacto contra la Segregación Escolar, impulsado por el Síndic de Greuges, reconoce la infrafinanciación de la escuela concertada e insta al Govern a revertirla para que las familias, todas, puedan optar por el modelo educativo que prefieran en igualdad de condiciones. También exige el reparto equitativo del alumnado desfavorecido.
EN CATALUNYA
Hubo repercusión en varias ciudades; en Barcelona, circularon unos 400 vehículos
DEMANDA
La concertada asume el reparto equitativo del alumnado pero pide gratuidad de plaza