Coalición con tensiones

Las discrepancias entre los partidos que forman la coalición de gobierno han subido de tono en las últimas semanas. Las actuaciones de Pablo Iglesias, en ocasiones, desconciertan porque parece ejercer más de rival del PSOE en la oposición que de vicepresidente segundo del Gobierno. Pero no se puede estar en los dos lugares a la vez. La pérdida de posiciones en intención de voto de su partido, Unidas Podemos, que reflejan las recientes encuestas, probablemente le obliguen a distanciarse más de Pedro Sánchez y marcar un perfil propio más acusado. Pero nunca puede olvidar que forma parte del Ejecutivo y que su función es gobernar. No es leal, por ejemplo, desmarcarse de la gestión del Gobierno e incitar a la movilización de sindicatos y colectivos sociales para que presionen al PSOE para desarrollar una agenda progresista, como ha hecho hace escasos días. La agenda del Gobierno es de los dos y son ambos quienes deben llevarla a cabo, sobre la base de que la formación de Iglesias tiene 35 diputados y la de Sánchez, 120. Su función debe ser convencer al PSOE y no oponerse a él.

Es normal que entre los dos socios de coalición existan diferencias y que las discusiones sean intensas en el seno del Consejo de Ministros. Pero deberían quedarse allí para intentar salvar una mínima imagen de unidad. Llevamos semanas en que,un día sí y otro también, los ministros del PSOE han de salir con declaraciones públicas para matizar o corregir las filtraciones sobre desacuerdos que surgen desde Podemos. Para Iglesias, sin embargo, eso ya le conviene porque aumenta su protagonismo. Ha llegado a decir, en este sentido, que el conflicto es un motor de la democracia. En estos momentos, sin embargo, el país no está para bromas y exige del Gobierno la máxima concentración para combatir con éxito la pandemia y acelerar todo lo que sea posible la recuperación.

La sangre, pese a todo, no llega al río y las tensiones entre los dos socios no parecen amenazar, ni de lejos, la estabilidad del Gobierno,

ya que para ambos es fundamental mantenerla. Aunque a partir del día 29, además, una vez se aprueben definitivamente los presupuestos generales del Estado, el presidente Sánchez dispondrá de mayor margen de maniobra y ya no necesitará estar tan pendiente de Podemos. Por eso ha trascendido que está decidido a poner límites a sus exigencias y salidas de tono.

Algunas de las exigencias de Podemos, por más que estén en el programa de gobierno de coalición, firmado antes de la pandemia, ahora podrían ser contraproducentes. Una de ellas es el nuevo aumento de salario mínimo, que, según la mayoría de centros de estudios económicos, en estos momentos sería perjudicial para la creación de empleo, ya que encarecería los costes laborales. Lo mismo sucedería con la reforma laboral que pretende Iglesias, ya que suscitaría incertidumbre y desconfianza entre los empresarios y perjudicaría la contratación justo cuando más se necesita, ya que la tasa de gente sin trabajo supera ahora el 20%. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, hasta ahora ha basado su gestión en el diálogo social y el consenso entre los agentes sociales, con notable éxito, y esa línea debería mantenerse. Más difícil será llegar a un pacto sobre la reforma de las pensiones, que será otro de los campos de batalla entre ambas formaciones. Ayer, sin embargo, el acuerdo logrado en el seno del Gobierno sobre el decreto antidesahucios facilita una tregua en la coalición tras semanas de tensión abierta.

La posición de Iglesias respecto a la monarquía también marca otra diferencia con el PSOE, a quien recrimina que defienda la institución. Pero los socialistas son inflexibles en el respeto a la jefatura del Estado y al pacto constitucional, como no puede ser de otra manera.

En suma, Pablo Iglesias debería creerse de verdad que está en el Gobierno y actuar con la responsabilidad que le corresponde como vicepresidente, y con la lealtad a sus socios que ello exige. La gestión del país necesita menos ruido y más unidad.

El líder de Podemos intenta marcar perfil propio, a costa de incrementar la división gubernamental