El sector social pide más reformas estructurales y menos asistencialismo
Por enésima vez, las organizaciones del tercer sector agrupadas en ECAS (Entitats Catalanes d’acció Social) denunciaron ayer que “las medidas de urgencia, asistenciales y reactivas” que se han puesto en marcha para intentar atajar la crisis derivada de la Covid-19 no son eficaces ni “atacan las causas estructurales” de la pobreza, que en el 2019, según los últimos datos disponibles, alcanzaba al 19,5% de la población de Catalunya. Este porcentaje aumenta hasta el 50%, en el caso de las personas migrantes, y baja hasta el 13% para los nacidos en España.
ECAS subraya en el informe que presentó ayer, Una societat en crisi, que “las medidas paliativas y sin una visión integral del sistema de prestaciones han demostrado que son ineficaces por la excesiva complejidad de la gestión administrativa; no solo excluyen a los más vulnerables, sino que no promueven la autonomía ni el empoderamiento”. Algunas de sus propuestas son avanzar hacia una renta básica universal.
La pandemia no ha hecho más que agudizar las carencias que sufren los ciudadanos llegados de otros países, para mucho de los cuales es una auténtico vía crucis conseguir los papeles de acuerdo con los requisitos fijados en la ley de Extranjería. Por eso, ECAS también reclama la importancia de reformar sin demoras dicha normativa con el objetivo de posibilitar la integración de este colectivo.
A pesar de que la tasa del riesgo de pobreza bajó ligeramente en el 2019 respecto al 2018, del 21,3% al 19,5%, todo hace suponer que los estragos que está causando el virus revertirán esta tendencia. Además, ECAS, que en su investigación recopila estudios realizados por diferentes oenegés y fundaciones durante el 2020, hace referencia a la alerta lanzada por Oxfam Intermón en el sentido de que la citada tasa de riesgo de pobreza, que en el conjunto de España se sitúa en el 20,7%, podría aumentar este año hasta el 23%. Esto significaría que 1,1 millones más de hombres y mujeres se queden sin recursos para vivir en condiciones (con una renta disponible equivalente inferior al 60% de los ingresos medianos correspondientes a cada tipo de hogar). Ferran Busquets, director de Arrels y vocal de ECAS, apuntó que todo hace suponer que estas previsiones podrían ser extrapolables a Catalunya.
Asimismo, cabe apuntar que el umbral para considerar situaciones de pobreza en función de los ingresos bajó un 2,8% (de 10.981 euros/ año a 10.674) del 2018 al 2019. Esto se traduce en pobres más pobres. Y las desigualdades se mantienen al alza; el cociente S80/S20 indica que el 20% de la población con un nivel económico más alto gana 5,4 veces lo que el 20% con ingresos más bajos.
Trágicos sucesos como el incendio del pasado día 9 en una nave ocupada de Badalona, que se cobró al menos cuatro vidas, vuelven a poner de manifiesto la precariedad en la que subsisten decenas de miles de personas que habitan en asentamientos insalubres, almacenes , hacinados en pisos, realquilados o en
Entitats Catalanes d’acció Social dice que las medidas paliativas se han revelado ineficaces y que no promueven el empoderamiento
La tasa de riesgo de pobreza alcanza al 50% de los migrantes; ECAS urge reformar la ley de Extranjería
otros tipos de infraviviendas. Mercè Darnell, de Càritas, recordó que el precio del alquiler en poblaciones de más de 70.000 habitantes se ha incrementado de media un 35,6% en los seis últimos años, aumento que en el caso de Barcelona es superior, del 43,6%. El riesgo de pobreza entre los que viven de alquiler triplica a los que disponen de una casa de propiedad.
Busquets y Darnell insistieron en otro de los grandes escollos al que se enfrentan los más vulnerables, y de manera más preocupante los migrantes, el colapso administrativo. Desde las demoras de los servicios sociales municipales hasta las trabas de no pocos ayuntamientos a la hora de facilitar el empadronamiento a ciudadanos sin domicilio fijo o el colapso para trámites de Extranjería, en las comisarías.