La CNMC inicia un expediente contra la ANC por boicot
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia inició ayer un expediente sancionador contra la Assemblea Nacional Catalana (ANC) por su campaña de boicot a los productos y servicios de empresas no independentistas en Catalunya. La campaña fue suspendida por los tribunales de justicia. En la campaña la ANC ofrecía un buscador en el que solo aparecían empresas “comprometidas” con la independencia.
Las sanciones podrían llegar a ser de hasta el 5% del volumen de negocio de las empresas vinculadas a la ANC, explicaron fuentes de la CNMC. Las mismas fuentes añadieron que en casos como asociaciones o colegios profesionales donde es difícil calcular el importe en caso de que el expediente se cierre con una sanción es la CNMC la que calcula la cuantía.
La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, dijo ayer que la campaña precisamente lo que buscaba era “promocionar más competencia” ya que las empresas que había en el listado eran cooperativas. “Era una campaña en positivo”, añadió. Paluzie negó que fuera un boicot.
El organismo público pide investigar “posibles prácticas desleales relacionadas con la activación de la campaña ‘Consum Estratègic’”, según informó el organismo. La institución añadió que a través de esa campaña “se anima a los consumidores a que no compren determinados productos por razones ajenas a la competencia entre empresas”.
En un comunicado, la CNMC justificó el inicio del expediente en que “las razones de esta campaña se fundamentarían en motivos ajenos a la competencia basada en los propios méritos, y podrían distorsionar de manera significativa el comportamiento económico de los consumidores y la estructura competitiva del mercado”.
La investigación arranca después de la denuncia presentada por Foment del Treball y de que el Tribunal Constitucional determinase que la CNMC es el organismo competente para resolverla.
A principios de este año se produjo un conflicto de atribución de competencias entre la CNMC y la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) –dependiente de la Generalitat– sobre quién debería dictaminar si la campaña atenta contra la competencia. La disputa
En el 2017, la ANC y Òmnium lanzaron otra campaña de retirada de dinero de bancos que se llevaron la sede
fue resuelta por la Junta Consultiva en materia de conflictos a través de un informe de 21 de febrero del 2020.
Ahora, la instrucción y resolución debe llevarse a cabo en un periodo máximo de 18 meses.
El año pasado, la ANC aseguró públicamente que una campaña anterior había favorecido 148.000 cambios de contratos en ámbitos como la electricidad o el gas. Paluzie matizó ayer que fueron nuevos contratos. En el 2017 la propia Assemblea y Òmnium Cultural lanzaron otra campaña para que los clientes retiraran dinero de los bancos catalanes que se llevaron la sede fuera de Catalunya. Paluzie señaló que en este caso ella no estaba en la dirección y que fue promovido por Òmnium.