La Fiscalía rechaza los indultos por ser políticos
Señala que se quiere usar la medida “como moneda de cambio” para obtener votos.
Los cuatro fiscales encargados de la causa del procés lanzaron ayer una advertencia al Gobierno para poner negro sobre blanco qué supondría indultar a los líderes independentistas catalanes condenados por un delito de sedición. Indicaron al Ejecutivo de Pedro Sánchez que la medida de gracia no está prevista para “satisfacer intereses políticos coyunturales, y que de manera arbitraria pueda concederse con carácter general ante la mera discrepancia con el tenor de la sentencia o la pura conveniencia de una situación política global”.
Así lo manifiestan en el informe entregado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo respecto de las peticiones de indultos por parte de algunas asociaciones o particulares a favor de los 12 condenados por haber promovido unas leyes de desconexión y haber organizado el referéndum del 1 de octubre del 2017 a pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional.
La postura en contra por parte de la Fiscalía era previsible a la luz de su postura en contra de la concesión de los tercer grados penitenciarios para que obtuvieran la semilibertad o incluso de la aplicación a los nueve condenados que se encuentran en prisión de permisos penitenciarios a través del artículo 100.2 del reglamento penitenciario.
El ministerio público defiende a ultranza la gravedad de los hechos por los que fueron condenados e incluso volvió a recordar en su escrito que, a pesar de que el Tribunal Supremo
“solo” les condenó por un delito de sedición, y no por rebelión como pedía, a su juicio, los acusados atacaron el orden constitucional declarando la independencia de Catalunya en contra de las leyes y la Constitución. Por eso, considera que la pena es “proporcionada” y por tanto no cabe una medida de gracia.
Este informe se incluye ahora en el expediente abierto por la Sala de Enjuiciamiento, presidida por Manuel Marchena. Fuentes del Alto Tribunal explican a La Vanguardia que ya será en enero cuando el tribunal envíe su dictamen al Ministerio de Justicia. Aunque el TS se oponga a los indultos, como es lo previsible, el Gobierno, a través del Consejo de Ministros, puede adoptar la medida como considere oportuno, aunque los informes desfavorables
de la Fiscalía y del Supremo no facilitan su concesión.
Fuentes judiciales sostienen que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, no ha tomado parte en este informe, que ha sido elaborado y consensuado por los cuatro fiscales que se encargaron del caso desde el inicio, es decir, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno. Tampoco avalan la concesión de un indulto parcial, bien mediante la reducción de la pena de prisión, bien mediante la sustitución de esta por la pena de inhabilitación, “teniendo en cuenta la enorme gravedad de los hechos y la más que acreditada proporcionalidad de las penas impuestas”. “Esa institución tiene un carácter excepcional, y solo cuando concurran circunstancias muy especiales de justicia, equidad o utilidad pública –que aquí no se aprecian y que nunca se deben identificar con motivaciones de índole política o derivadas de acuerdos políticos– puede servir para adecuar las penas previstas con carácter general por el legislador al caso concreto”, subrayan.
A su juicio, ninguno de los condenados, incluido el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, han mostrado su arrepentimiento por los hechos, condición mínima, según la Fiscalía, para otorgarle la medida de gracia. Más bien lo ven al contrario. “Su conducta con una falta de lealtad democrática sin precedentes, se ha caracterizado por su rechazo a la legalidad constitucional y por la reiterada y contumaz deslegitimación de la actuación jurisdiccional, alegando su condición de presos políticos, denunciando que son objeto de persecución por sus ideas políticas y cuestionando la imparcialidad del poder judicial”, destacan.
DOS RAZONES
Los fiscales creen que la pena es “proporcionada” y no hay arrepentimiento
ARGUMENTOS
“Los condenados actuaron con una falta de lealtad democrática sin precedentes”
El informe de la Fiscalía no ha supuesto ninguna sorpresa para el independentismo. Meritxell Budó, portavoz del Govern, supo de la opinión en plena rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu y, pese a ello, no vaciló para dar su parecer. Así, la también consellera de Presidència afirmó que “no confía” en ninguna de las resoluciones o informe que puedan venir “de los tribunales españoles” y que en absoluto albergaban esperanza alguna de que el ministerio público se mostrara favorable a los indultos.
La posición unánime en el independentismo es que la única solución válida y para resolver el conflicto político en Catalunya es la amnistía, que a su vez debería ir acompañada del ejercicio de la autodeterminación, y asevera el Govern que lo argumentado por la Fiscalía no hace más que reforzar la idea de la exoneración por la vía política.
Pero Budó se mostró un tanto descorazonada, ya que no ve que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos “tenga algún interés o intención ni siquiera de abordar esta ley de amnistía”.
Uno de los encarcelados, el exconseller Josep Rull, reaccionó a través de Twitter: “No aceptaré ‘nunca la responsabilidad del delito’ simplemente porque defender pacíficamente unas ideas legítimas no es ningún delito”, refutó con respecto al argumento de que no habían mostrado señales de arrepentimiento.
Tampoco Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, confía en la vía judicial. Subrayó que los fiscales actúan motivados por “la venganza” y señaló que “están contaminados ideológicamente”.