Proeza presupuestaria del Gobierno
El presidente Sánchez ha logrado lo que es casi una proeza histórica: que los presupuestos generales del Estado para el 2021 hayan sido aprobados a tiempo y que puedan entrar en vigor justo el 1 de enero, tal como corresponde, sin necesidad de prorrogar un solo día los anteriores. Hace más de cinco años que eso no sucedía. Para España, supone un gran avance hacia la normalidad institucional, tan dañada en los últimos tiempos, y debería ser el augurio de una etapa de estabilidad.
Resulta destacable, asimismo, el amplio respaldo parlamentario que ha tenido el proyecto presentado por el Gobierno, superior al bloque que apoyó la investidura del presidente Sánchez. Esto hizo posible que ayer el Senado diera el visto bueno a los presupuestos, con el apoyo de doce formaciones políticas, sin que se aprobase ni una sola enmienda, y que por lo tanto no deban volver al Congreso para su ratificación, tal como es preceptivo. Es tan solo la tercera vez en la historia que se aprueban definitivamente unos presupuestos en el
Senado. Las dos veces anteriores fueron en 1983, con Felipe González como presidente, y en el 2017, bajo el mandato de Mariano Rajoy, si bien los gobiernos de ambos tenían mayoría absoluta en las dos cámaras, a diferencia de la situación actual, en la que el Ejecutivo de Sánchez está en minoría.
El hecho de que el Gobierno haya conseguido este éxito político sienta las bases para una adecuada gobernanza económica del país y consolida al presidente Sánchez prácticamente para toda la legislatura. Nadie habría apostado hace tan solo unos meses por que el Gobierno de coalición entre socialistas y Unidas Podemos hubiera sido capaz de tal logro.
Hay que poner en valor también, y es justo hacerlo, la intensa labor llevada a cabo por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y su equipo para tener a punto unas cuentas públicas que empezaron a preparar hace unos pocos meses, así como la intensa negociación llevada a cabo con los diferentes grupos políticos para la introducción de sus enmiendas al proyecto inicial. Es conveniente reconocer también que, en cualquier caso, es más fácil llegar a acuerdos y conseguir apoyos cuando hay mucho dinero por administrar, como es el caso de este año, que cuando se trata de hacer ajustes para cuadrar los números y cumplir con el déficit público.
Los presupuestos para el 2021, efectivamente, prevén un aumento del gasto público superior al 33%, que es el mayor que se recuerda en la historia reciente, con el objetivo de luchar contra la profunda recesión derivada de la pandemia de la Covid-19, incrementar la ayuda a los sectores más castigados por la crisis e impulsar la transformación ecológica, digital y tecnológica de la economía, que, a su vez, debe ejercer como motor del crecimiento económico. Está previsto gastar 384.000 millones de euros, incluidos los 27.000 millones de los fondos comunitarios que deben llegar de Bruselas, a costa en gran parte de incrementar el endeudamiento público, que este mismo año superará ya el 120% del producto interior bruto, una cifra nunca alcanzada en España. El planteamiento de este enorme gasto responde a los criterios mayoritarios de formaciones políticas de izquierda. Pero paradójicamente, como ya destacamos en su día, coincide con las recomendaciones generales del FMI, de la OCDE y de la Comisión Europea para hacer frente a la dura situación económica y social provocada por la pandemia y, asimismo, para impulsar la reactivación. Tanto es así que incluso podrían haber contado con el apoyo de los partidos de derecha, que no han sabido dejar de lado sus prejuicios ideológicos para apoyar unas cuentas públicas que benefician a todo el país.
El Gobierno de coalición, a partir de ahora , tiene el enorme reto de gestionar esos presupuestos del Estado tan expansivos con rigor y eficiencia, ya que hay mucho dinero para gastar en poco tiempo y eso siempre conlleva un alto riesgo de errores estratégicos en su asignación, de corrupción y de despilfarro.
El Senado da luz verde a las cuentas públicas del 2021, que podrán entrar en vigor justo el 1 de enero