¿Hay solución?
España está en un momento difícil: pandemia, Gobierno sin mayoría estable, crisis económica, problema de Catalunya, invasión de la política por ciertos funcionarios públicos. La combinación de problemas dificulta resolverlos porque su interrelación entorpece un buen diagnóstico. En ingeniería hay un principio que –aunque inexacto por simplificador– puede ser útil también en la política: descomponer los problemas y abordar la solución de cada una de sus partes en un orden que ayude y no dificulte resolver los que siguen pendientes.
El problema mayor es la Covid-19. Mientras la población pueda contagiarse, la vida social estará condicionada. Donde se ha actuado con diligencia y precauciones –el sistema escolar– no se ha producido desorden ni temor y el impacto en la actividad ha sido asumible. Donde se ha adelantado para después retroceder con medidas contradictorias, la contención de la enfermedad ha sido menor y el daño económico, mayor. Hay que insistir, pues, en el seguimiento de los rastreos de contagios, el confinamiento riguroso y la relajación gradual solo cuando los indicadores se reduzcan por debajo de los niveles definidos por la OMS.
La estabilidad gubernamental necesita un apoyo parlamentario mayoritario hasta el final de la legislatura, mediante un pacto explícito entre los partidos que quieran darlo. En primer lugar, el presupuesto 2021 se ha conseguido. Habría sido óptimo un acuerdo entre derecha e izquierda. No es posible: el objetivo del PP es hacer caer al Gobierno del PSOE y ocupar su lugar. Todo aquello que mejore la estabilidad gubernamental es contrario a los intereses del PP y por lo tanto no lo admite. A corto plazo, el Gobierno no ha tenido más alternativa que el apoyo de la mayoría que ratificó la moción de censura, pero ahora necesita un pacto a tres años y no lo tiene todavía. Los acuerdos en la ley de la Eutanasia y las conversaciones sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pueden facilitarlo.
La crisis económica. La contribución de la CE a España del 2021 al 2027 será de 140.000 millones de euros. En los próximos treinta años no se repetirá una oportunidad como esta para reparar y mejorar nuestra economía. Serán fondos vigilados por la CE para comprobar que realmente producen los beneficios económicos y sociales que sus receptores, y por lo tanto sus gestores públicos o privados, se comprometan a generar. Los fondos son el resultado de un endeudamiento de la UE: esta circunstancia asegura que su entrega dependerá de su buen uso. Una parte importante de estos fondos pagará los costes directos de la crisis: el gasto sanitario, paro, renta mínima garantizada, liquidez de empresas, etcétera. Si el 50% de estos fondos –setenta mil millones de euros– sirviera para mejorar nuestra red de ciencia y tecnología y nuestro tejido productivo, el salto de productividad de nuestra economía sería significativo con fuerte impacto sobre nuestra renta.
La crisis catalana no mejora: al contrario, se cronifica. El hecho de que parte del último Govern esté en la prisión y la existencia de más de dos mil ciudadanos pendientes de juicio suponen una enorme dificultad para superar el enfrentamiento entre una parte significativa de la población catalana y el Estado. La solución del problema catalán no será fácil, pero el encono entre las partes se tiene que reducir. El camino es el indulto: no borra las condenas judiciales, pero elimina el daño mayor a las personas, la prisión. Este indulto se tendría que extender a todos los que están pendientes de causas en proceso de instrucción.
Algunos cuerpos de funcionarios del Estado albergan sujetos que –por diferentes razones y en ocasiones por la inacción de la política– han invadido competencias políticas y no administrativas o han perdido la necesaria imparcialidad para ejercer su función. El testimonio de algunos guardias civiles, el coronel Pérez de los Cobos y el teniente coronel Baena, en los juicios contra las acciones de independentistas lo ha puesto de manifiesto. El Gobierno tendría que alejar a estos funcionarios del foco del problema para evitar que su actuación dificulte la resolución. Por su parte, el Consejo General de Poder Judicial tiene vocales con el mandato caducado. Por haber sido nombrados por un Parlamento con mayoría diferente al actual, distorsionan la voluntad popular que se atribuyen. Esta circunstancia favorece el conflicto político. Si los vocales con mandato extinguido cesaran en su pertenencia al CGPJ, se obligaría a los partidos a pactar la renovación.
Esta secuencia de acciones, si se emprendiera, produciría efectos en el plazo de un año y los ciudadanos recuperarían la confianza y la esperanza que necesitan... pero hace falta determinación política.
Hay que abordar los problemas por partes en un orden que ayude a resolver los que siguen pendientes
Joaquim Coello Brufau