El Síndic detecta falta de intervención social en la nave ocupada del Gorg
El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafel Ribó, ha emitido un informe sobre la situación de las personas que ocupaban la nave del Gorg, en Badalona, donde se produjo el incendio que se cobró cuatro víctimas mortales. El defensor informa que ha detectado falta de intervención social y de coordinación efectiva en el asentamiento de los inmigrantes.
En el caso concreto de Badalona, el Síndic dice haber constatado, a raíz de las quejas recibidas con anterioridad al incidente, que no siempre se garantiza el acceso a una vivienda social, por falta de disponibilidad de pisos suficientes. Para las personas que no tienen regularizada legalmente su situación en el territorio, es imposible iniciar estos trámites, por lo que el acceso a una vivienda protegida en Badalona no queda garantizado.
De igual forma, Ribó hace referencia al empadronamiento, recordando que es una obligación y un deber dar de alta a las personas en el padrón. Basándose en las informaciones publicadas, el Síndic esgrime que solo 19 personas de la nave siniestrada estaban empadronadas y recuerda que negar la inscripción a una persona que reside en la ciudad vulnera sus derechos elementales.
En lo que se refiere al conflicto de convivencia que han relatado algunos vecinos en medios de comunicación, el Síndic, tras analizar la respuesta de la dirección general de la Policía, detalla que “no se trataba de un lugar especialmente conflictivo”. Arguye que gran parte de las quejas se producían por “la sensación de inseguridad ciudadana”, causada puntualmente por actitudes incívicas y peleas entorno a la nave ocupada. Por ello, el Síndic concluye que la respuesta debe ser un abordaje con dedicación, esfuerzos y recursos por parte de todas las administraciones. Además de incrementar la presencia policial para aumentar la sensación de seguridad, se requiere una mediación en el conflicto y realizar actuaciones urbanísticas de mejora de los espacios. En paralelo, opina Ribó, que cualquier propuesta de desalojo debe ir acompañada de una previsión de la administración con respecto a las medidas de protección de las personas en situación de vulnerabilidad que viven en un inmueble ocupado.
El Síndic añade que el caso de Badalona no es único en Catalunya y que puede constatar que miles de personas en el territorio malviven en asentamientos informales. Solo en la ciudad de Barcelona las informaciones apuntan un universo aproximado de 77 asentamientos en los que habría unas 400 personas.