Escrivá quiere subir la pensión un 4% por cada año de retraso de la jubilación
También se podrá recibir un solo pago al dejar de trabajar después de la edad legal
Los agentes sociales ya cuentan con las primeras propuestas sobre los cambios que quiere introducir el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en el sistema público de pensiones. Entre los puntos de partida para tratar de llegar a un acuerdo con la patronal y los sindicatos, figuran tres fórmulas para premiar la prolongación de la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación. Así, el equipo de Escrivá ha planteado premiar a los que retrasen su retiro con un 4% de bonificación en la pensión por cada año de más, recibir una cantidad determinada en el momento de la jubilación –vinculada a los años de cotización– o una combinación de ambas fórmulas (dos tercios de la cantidad a tanto alzado más un incremento de la prestación del 1,5%).
El trabajador tendrá que elegir entre una de las tres opciones y la decisión no puede ser modificada a posteriori. La denominada jubilación demorada ya supone un incremento de la cuantía de entre el 2% y el 4%, en función de los periodos cotizados, explican fuentes de la negociación.
Seguridad Social también ha puesto sobre la mesa instrumentos para penalizar la jubilación anticipada, tal y como había adelantado el propio ministro. El texto, al que ha tenido acceso La Vanguardia, fija nuevos coeficientes reductores en función de los meses de adelanto a la edad de jubilación. Para reducir la posición de ventaja de los trabajadores con una cotización más alta, establecen una penalización específica para aquellos que tienen derecho a una pensión máxima.
La propuesta del Gobierno también recoge la prohibición de las cláusulas de jubilación forzosa en los convenios colectivos, acordadas en su momento entre la CEOE, CC.OO. y UGT en el marco del Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva y de las que la patronal hizo caballo de batalla en su día. “En aras de favorecer la prolongación de la vida laboral”, defiende el Ministerio, apuestan por impedir cláusulas de extinción y mantener durante sólo un año aquellas que ya han sido acordadas entre los trabajadores y las empresas. En cuanto a la jubilación activa (que permite compatibilizar parte de la pensión con un trabajo remunerado), la condicionan a “haber retrasado al menos un año el acceso a la jubilación”.
El departamento de Escrivá conpor creta además la nueva fórmula de actualización de las pensiones que ha de sustituir al polémico indicador aprobado por el gobierno de Mariano Rajoy. Según el texto planteado, “la revalorización anual toma como referencia el IPC y se introduce un mecanismo corrector para las desviaciones con la limitación de que las pensiones en ningún caso bajan, incluso cuando el IPC sea negativo”. El texto incluye también una cuestión clave para los sindicatos: la prórroga indefinida de cláusula de salvaguarda, que concluye este 31 de diciembre. Se trata de seguir permitiendo que los trabajadores en paro desde el 2013, en la Gran Recesión, puedan acogerse a las condiciones de jubilación anteriores a la reforma aprobada el Gobierno de Zapatero si es más beneficiosa .
Entre las propuestas facilitadas
La propuesta del Gobierno fija nuevas penalizaciones para las jubilaciones anticipadas
el Ministerio a los agentes sociales en la mesa del diálogo social no figura, de momento, la ampliación del periodo de cálculo de la pensión para los nuevos jubilados, que el Gobierno quiere elevar de 25 a 35 años. Esta medida cuenta con el rechazo frontal de los sindicatos y de Podemos. Esta semana, la vicepresidenta económica confirmó que Escrivá lo impulsaba, aunque matizó que sería posible descartar los años de cotización más desfavorables para el trabajador.
La patronal se opone a que se eliminen las cláusulas de retiro obligatorio de los convenios colectivos