Tareas pendientes para un Gobierno dividido: del SMI a la reforma laboral
Se retrasa al 2021 la negociación de medidas laborales de gran calado
Después de un año sin precedentes, marcado por la irrupción de la pandemia, el Gobierno y los agentes sociales se enfrentan con el arranque del 2021 a una batería de decisiones y reformas que no para de crecer. No se ha cumplido el plan del Ministerio de Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz, que esperaba tener cerrado antes de fin de año la regulación para los trabajadores de plataformas digitales y la posible subida del salario mínimo interprofesional (SMI). En ambos casos, la decisión no solo se ha visto condicionada por las divergencias (habituales) entre la patronal y los sindicatos. También ha tenido un papel distorsionador las diferencias, expresadas públicamente en el caso del salario mínimo, entre los dos socios del Gobierno de coalición. El calendario impone además la renegociación de las condiciones de los expedientes de regulación de empleo (ERTE) vinculados al Covid-19, cuya vigencia concluye el 31 de enero, mientras la reforma laboral vuelve a llamar a la puerta, con más premura si cabe por la exigencia de cambios estructurales vinculados a los fondos europeos para la recuperación. Tantos frentes abiertos pondrán a prueba los lazos del Gobierno con la patronal y los sindicatos y las propias costuras del Ejecutivo.
SMI, entre la congelación y una pequeña subida. Antes incluso de que la portavoz del Gobierno, la socialista María Jesús Montero, defendiera este martes la conveniencia de aparcar el debate sobre el salario mínimo hasta el segundo semestre del 2021, los agentes sociales ya veían muy complicado cerrarlo en breve. Poco a poco, ha ido perdiendo peso la posición de Yolanda Díaz, que abogaba por subir el SMI un 0,9% –como ha pasado con pensionistas y funcionariosy ganaba fuerza la congelación de un salario situado ahora en 950 euros. Son partidarios de no tocarlo por la situación económica tanto la patronal como el ala socialista del Gobierno, frente a los sindicatos que insisten en avanzar hacia el SMI de 1.000 euros y reclaman que, al menos se apruebe una subida del 1,8%. Atravesados por la crisis, la organización que dirige Antonio Garamendi reitera su oposición a aumentar el salario mínimo y aprovecha a la evidente división del Ejecutivo para desengancharse de la decisión y recordar que forma parte de la potestad del Gobierno decidir qué pasa cada año con ello . Muy lejos queda el clima que propició el pasado 2019 un acuerdo entre un Gobierno recién formado y los agentes sociales para llevar adelante un incremento del 22%, el mayor en los 40 años de democracia.
‘Riders’, la ley que no llega. Fuentes sindicales no ocultan su enfado por la lentitud con la que se ha desarrollado la negociación sobre la regulación conocida como ley de los riders. En el nombre ya figura el primer motivo de descontento de CC.OO. y UGT: como defendía desde un primer momento en la vicepresidencia económica liderada por Nadia Calviño, la propuesta de Díaz se ha acabado restringiendo a los repartidores de empresas como Deliveroo o Glovo, y no a otros trabajadores de plataformas digitales. Para los representantes sindicales la norma ha perdido ambición. Tampoco ha ayudado el silencio de una CEOE que procura soslayar las posiciones opuestas vividas en su propia organización. La patronal ha optado por expresar sus dudas sobre la conveniencia de cambiar la norma, alegando que los tribunales ya se han pronunciado –hace solo unos meses el Tribunal Supremo determinó que los repartidores de plataformas son asalariados y han de cotizar a la Seguridad Social como trabajadores por cuenta ajena y no como autónomos–. A partir de ahí, ni una sola propuesta sobre qué debe recoger la nueva ley con apenas un par de modificaciones del articulado y disposiciones adicionales del Estatuto de los Trabajadores. El malestar de los sindicatos tiene que ver también con que la falta de avances en esta norma impide pasar a la negociación de los cambios en la reforma laboral del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Extender los ERTE por necesidad. Aunque no hay discusión sobre la necesidad de seguir extendiendo los expedientes de suspensión de empleo mientras duren las restricciones, se vuelve a abrir el debate con los agentes sociales sobre su duración, las condiciones de cobertura a trabajadores y empresas y los sectores especialmen
te protegidos. Por los precedentes, la negociación de la nueva prórroga se antoja compleja y apunta a una solución en el tiempo de descuento, en los últimos días de enero. Desde hace tiempo, la CEOE reclama que los ERTE tengan una duración lo más prolongada posible para contrarrestar la incertidumbre, por lo que apostaba por llevarlos como mínimo hasta junio. Una meta razonable ahora que comienzan a perfilarse los planes de vacunación de la población. CC.OO. y UGT exigirán mantener la protección para los trabajadores afectados. Por culpa de la segunda ola del virus, los afectados por ERTE volvieron a rozar los 800.000 a mediados diciembre, aunque , según los datos facilitados por el ministro José Luis Escrivá, en los últimos días se está produciendo una reducción del colectivo (18.000 asalariados menos). El Gobierno insiste además en que este esquema de protección del empleo ha de revisarse para que se siga aplicando más allá de la crisis, al tiempo que resulta imprescindible completarlo con medidas sistematizadas de formación para los trabajadores afectados. Esta semana, la ministra de Trabajo adelantó que ha convocado a los agentes sociales justo después de Reyes para abordar la renovación de los ERTE. Empieza la cuenta atrás, que tiene como límite el 31 de enero.
¿Reforma laboral, contrarreforma, minirreforma? Desde que el gabinete de Rajoy aprobó la reforma laboral en el 2012, los sindicatos convirtieron su derogación en principal estandarte de lucha. De ahí, la impaciencia mostrada por las organizaciones ligadas por empezar a desmontar dicha reforma, después de reiterados retrasos. Las guías para emprender este proceso, que se vio truncado por última vez en marzo con la pandemia, son de momento el acuerdo de gobierno firmado en su día por el PSOE y Podemos. A él se aferran los miembros de la formación morada, ante la posición mucho más ortodoxa de la vicepresidenta Calviño. En este nuevo capítulo de visiones confrontadas no hay que olvidar que la también ministra de Asuntos Económicos siempre ha defendido “mirar hacia delante” y poner el principal esfuerzo en aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, en línea con los cambios productivos y de las relaciones laborales de los últimos años.
Fuentes gubernamentales cercanas a Podemos defienden que seguirán el acuerdo de coalición y en breve empezarán a negociar aspectos de la reforma consensuados hace tiempo y calificados por el PSOE como “los más lesivos” de los impuestos en el 2012. En este paquete figuran aumentar la vigencia de los convenios colectivos denunciados mientras se están negociando, eliminar la primacía de los convenios de empresa, limitar el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, sobre todo en el caso del descuelgue salarial, y limitar la subcontratación “a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa”.
Sin embargo, la crisis ha añadido una nueva clave al tantas veces anunciado desmontaje de la reforma del PP: las exigencias sobre modificaciones estructurales de Bruselas en paralelo a la liberación de 140.000 millones de euros en transferencias y créditos para los próximos seis años. En la Comisión Europea están mucho más preocupados por la alta tasa de temporalidad y de paro en el mercado laboral español que por los cambios realizados en la Gran Depresión. En una reciente visita a Bruselas, la ministra de Trabajo presentó su propuesta de modernización que incluía, entre otras medidas, la revisión y reducción de los tipos de contratos, la penalización de los contratos temporales de corta duración y circunscribir las bonificaciones a las contrataciones indefinidas. Ahora hay que ver si el diseño del ariete de Podemos, Yolanda Díaz, está realmente acompasado con las ideas de Nadia Calviño y de Bruselas. O las palancas son otras.
MANTENER EL DIÁLOGO SOCIAL
Los cambios por consensuar ponen a prueba la relación con los agentes sociales
UN GABINETE CON DOS SOCIOS
Las divergencias entre Díaz y Calviño lastran la capacidad de negociación del Gobierno
CON LOS FONDOS EUROPEOS
Bruselas exige reformas para reducir la temporalidad y la tasa del paro