El reto de los indultos
El Gobierno se prepara para afrontar los indultos a los presos del procés después del 14-F. El escrito de los fiscales del Supremo en contra evidencia los sarpullidos que este asunto provoca en algunos poderes.
Después de tres años, los dirigentes del procés vislumbran su salida de la cárcel en 2021 mediante la concesión de indultos. ha mantenido siempre esa puerta abierta, pero hasta ahora no se ha decidido a traspasarla. La intención es hacerlo después de las elecciones catalanas, previstas para el 14 de febrero, si el virus no lo impide. Es uno de los movimientos políticos más arriesgados de una legislatura marcada por las consecuencias de la declaración unilateral de independencia de 2017. Aunque la pandemia haya relegado el conflicto catalán en estos meses, sigue siendo el epicentro de la crisis institucional: afecta a la estructura del Estado, a las mayorías parlamentarias, al reparto territorial de los recursos, tiene efectos en la monarquía, solivianta a un sector del poder judicial, excita bajos instintos en las fuerzas armadas, abona una crispación que alimenta opciones populistas como Vox… Esconder la cabeza bajo el ala es una irresponsabilidad política; afrontarlo de frente, un reto mayúsculo.
Un atisbo de los sarpullidos que provocarán los indultos en ciertos ámbitos de poder es el escrito de la Fiscalía del Supremo en contra de la medida de gracia. No sorprende que la rechace, sino algunos de los argumentos que esgrime. El tribunal que sentenció a los independentistas también será contrario a la concesión de los indultos. De hecho, son excepcionales los casos en que los jueces se pronuncian a favor de indultar a sus condenados. Pero los motivos que han aportado los cuatro fiscales de la sala penal del tribunal (Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena) se adentran en disquisiciones políticas que trascienden sin pudor sus atribuciones. Evidencian que se tienen por un poder fáctico, al tiempo que dejan entrever la escasa autoridad que ejerce la actual fiscal del Estado, El escrito de los fiscales llega al extremo de enmendar al Tribunal Supremo insistiendo en que hubo rebelión y no sedición. Dicen los fiscales: “Aunque el tribunal haya considerado que los hechos cometidos no tuvieron suficiente eficacia lesiva para el orden constitucional, es cierto que el propio relato de hechos probado acredita un cierto desbordamiento de los contornos legales propios de la sedición y la incursión de los mismos en algunos elementos típicos de la rebelión…”. En varios momentos insisten en que “lo que sucedió en Catalunya no fue una sedición al uso…” Aún van más allá. Al sostener que la sentencia relata unos hechos que se corresponden con una rebelión, acusan veladamente a los jueces de prevaricar, ya que habrían dictado sedición a sabiendas de que incurrieron en un delito más grave.
Los fiscales no solo se creen con derecho a corregir al Alto Tribunal, sino que se dedican a reñir al poder ejecutivo y reprocharle sus pactos parlamentarios, redactando unas críticas que solo tendrían cabida en una conversación de café. Censuran sin citarlo al ministro de Justicia por pretender reformar el delito de sedición y, finalmente, se erigen en dique para “evitar” que el indulto “pueda operar como moneda política de cambio de las negociaciones para la obtención de apoyos parlamentarios”. Aprovechando que su concesión requiere como condición no perjudicar a terceros, los fiscales se atribuyen la capacidad para decidir lo que mejor conviene para “restablecer el equilibrio psicosocial” de los catalanes. Y, de refilón, insinúan a modo de aviso que el Rey no debería firmar la medida de gracia recordando que no puede, según la Constitución, “autorizar indultos generales”. Todo en 31 páginas.
El Supremo informará en contra de los indultos por la ausencia de arrepentimiento y la voluntad reiterada por los condenados de reincidir si no hay un referéndum. La resolución del tribunal se prevé para después del 14-F. La Abogacía del Estado basará su escrito en la malversación y se moverá en la ambigüedad. Cumplimentados estos informes, que no son vinculantes, la decisión llegará al Consejo de Ministros.
Aunque el Gobierno va calentando el terreno –“tenemos la obligación moral de aliviar tensiones”, dice hoy el ministro José Luis Ábalos en La Vanguardia–, el calendario postelectoral también puede influir en Sánchez a la hora de dar o no el paso. Porque los comicios catalanes pueden dejar tras de sí escenarios complicados. Puede ser que los pactos para gobernar requieran de meses de negociación, incluso que se tengan que repetir las elecciones. O puede que el resultado lleve a la composición de un Govern que, como hizo Quim
Torra en su día, prime el relato –no los hechos– de la desobediencia y la unilateralidad, lo que crearía para el PSOE un clima poco propicio a la medida de gracia. En todo caso, los indultos ya están en la agenda.