Impunidad frente a la Covid-19
Más de dos millones de multas se han impuesto en España a otros tantos ciudadanos por incumplir las normas de protección frente al riesgo de infección de Covid-19. Esta cifra es un indicio de que, con toda probabilidad, habrán sido muchísimos más los ciudadanos que no han respetado las directrices de las autoridades sanitarias. No llevar mascarilla, saltarse las restricciones perimetrales, permanecer en la vía pública más allá de las horas en que era obligatorio estar en casa, así como participar en reuniones y fiestas sociales son, entre otros, los comportamientos más habituales que han sido sancionados por las fuerzas del orden.
No tendría que haber sido necesario recurrir a las sanciones. La responsabilidad individual y colectiva debería haber bastado para que los ciudadanos respetasen las normas de salud pública establecidas. Pero, una vez que se decide aplicar sanciones a los irresponsables que hayan puesto en peligro su salud y la de los demás, hay que hacer que estas sean efectivas y puedan cumplir, de esta manera, el efecto corrector de las actuaciones incívicas que se pretende. Pero no parece que este sea el caso.
La cuantía de las sanciones llega hasta 3.000 euros si son leves, 30.000 si son graves y 300.000 si son muy graves. La inmensa mayoría de los expedientes de sanción abiertos son de carácter leve y oscilan entre los 100 euros –por no llevar mascarilla cuando es obligado ponérsela– y los seiscientos euros. El régimen sancionador aplicado desde el inicio de la pandemia, sin embargo, no parece tener un respaldo suficientemente sólido en las leyes vigentes para que las multas por el incumplimiento de las normas de protección de la Covid-19 puedan llegar a ser finalmente efectivas. Opiniones recogidas por La Vanguardia señalan que existe un cierto caos en la materia debido, entre otras cosas, a la superposición de normas existente. La ausencia de una ley concreta que ampare dichas sanciones hace que, en caso de presentarse recurso, en la mayoría de los casos, a los tribunales les sea difícil comprobar que ha habido desobediencia y que se ha atentado contra la salud pública. Ya hay varias sentencias en este sentido.
El hecho de que las sanciones por incumplir las normas de protección frente a la Covid-19 puedan quedar sin efecto supone, en la práctica, un riesgo para la salud pública. La impunidad legal contribuirá, en este sentido, a relajar la responsabilidad individual para contener la expansión de la pandemia. Alguna solución jurídica habría que arbitrar con urgencia para que las sanciones que se impongan por las fuerzas del orden sean realmente efectivas. Hay que tener presente que, pese a la llegada de las primeras vacunas, las medidas de protección van a ser necesarias, como mínimo, durante todo un año hasta que la mayoría de la población acabe por estar inmunizada. De ahí la necesidad de mantener la guardia alta para controlar la expansión de la Covid-19.
El desconcierto legal dificulta que las sanciones por incumplir las normas de
protección sean efectivas